La Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele, hizo una purga masiva de jueces el 31 de agosto de 2021. Expulsó a mayores de 60 años y aseguró que se trataba de una depuración de jueces corruptos. Para llenar esas vacantes, la Corte Suprema, también a disposición del presidente, nombró a 168 jueces mediante un procedimiento que violó la Constitución. No tomó en cuenta al Consejo Nacional de la Judicatura, la institución responsable de los nombramientos de jueces en El Salvador. Un análisis de los nombramientos refleja que muchos no cumplían los requisitos de ley. Otros casos evidencian que a los jueces cercanos a funcionarios del bukelismo se les premió mediante ascensos, mientras que a otros no alineados se les obligó a renunciar o se les trasladó. En algunas Cámaras, los recién nombrados adoptaron decisiones favorables al Gobierno. En materia ambiental, los nuevos magistrados revirtieron decisiones que podrían causar impactos en el medio ambiente.
Por: Gabriel Labrador, Claudia Palacios, Javier Ramón, Suchit Chávez, David Pérez,
Karen Moreno y Maryelos Cea
Edición: Jessica Ávalos
Héctor Villatoro Benítez cumplirá 81 años este mes de julio. Ha sido magistrado de la Cámara Primera de lo Penal de San Miguel la cuarta parte de su vida, y asegura que nunca ha necesitado de nada más que de sus propios méritos para permanecer en el cargo por tanto tiempo. “Tengo 30, 40 años de estar en el Órgano Judicial”, dijo a un periodista, una mañana de septiembre de 2022, a través de una llamada telefónica que atendió en su despacho. Él no tendría que haber contestado aquella llamada. Por su edad, era uno de los 216 jueces o magistrados que desde agosto de 2021 debían haber abandonado el cargo, porque la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que jubiló por la fuerza a jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de carrera.
Los diputados oficialistas vendieron aquel decreto como una depuración judicial. El presidente de El Salvador Nayib Bukele y su bancada legislativa justificaron la maniobra argumentando que se trataba de una “depuración” para remover a “jueces corruptos”, pero sin explicar la relación entre la edad y la honradez de los funcionarios judiciales. Villatoro tenía 79 años en aquel momento, pero se quedó en su puesto y, desde entonces, sigue emitiendo resoluciones. Su hijo Gustavo Villatoro ya era funcionario de Gobierno y, seis meses más tarde, se convirtió en parte central de la nueva estrategia de seguridad de Bukele.
Un periodista de la Redacción Ciclos CAP preguntó al magistrado si no consideraba que había un conflicto de interés al permanecer en el cargo. Las cámaras de lo penal, como la que integra Villatoro Benítez, resuelven en última instancia casos que inician con las capturas que ejecuta la Policía, que depende del Ministerio de Seguridad que dirige Gustavo Villatoro.
- Magistrado, su hijo es el ministro de Seguridad y Justicia y cualquiera podría considerar que usted permanece en el cargo debido a un beneficio o que hay un conflicto de algún tipo. Se supone que todos los jueces mayores de 60 años debían dejar el cargo.
- Le voy a decir, con toda sinceridad, en primer lugar, a mí no me gusta ese cargo que tiene mi hijo. Y, en segundo lugar, desde que fui juez de Paz, nunca he dependido de nadie, ni de la política ni nada, porque yo soy apolítico, yo soy un doctor en jurisprudencia y ciencias sociales y con mi capacidad siento que me defiendo —respondió.
Villatoro logró quedarse en el puesto porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se lo autorizó bajo una modalidad llamada “régimen de disponibilidad”. Lo que ocurrió con él es solo uno de los ejemplos que muestran que la depuración judicial con base en la edad en realidad fue un artilugio: seis de cada diez jueces nombrados para reemplazar a los expulsados tenían entre 51 y 60 años. La Corte sustituyó a personas mayores de 60 años por otras de edad similar. La barrera de la edad fue un pretexto que permitió al oficialismo purgar a jueces que consideraba incómodos y premiar a otros de su preferencia, ya fuera manteniéndolos en el puesto o ascendiéndolos de categoría.
Para llenar las primeras vacantes, la Corte Suprema nombró a 168 jueces en dos tandas: una el 26 de septiembre y otra el 14 de octubre de 2021. El análisis de esas 168 hojas de vida no solo revela que la idea de depuración por razones de edad fue falsa, sino también que nombraron a jueces y magistrados que no cumplían con requisitos de ley, como la competencia y moralidad notorias. En 28 de los casos se documentó la existencia de investigaciones que la misma CSJ había abierto en contra de los elegidos, los que representaban la supuesta renovación.
El procedimiento seguido para los nombramientos, además, fue irregular. La Corte violó el artículo 187 de la Constitución de la República, al ignorar al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la institución que por ley debe proponer a los candidatos a jueces y magistrados de todo el país. La Asamblea, por su lado, también violó la Constitución al emitir un decreto de depuración judicial que tuvo que ser solicitado por el Órgano Judicial y no por los diputados.
Tres abogadas expertas en independencia judicial señalan las irregularidades en los nombramientos y recalcan que es importante que la ciudadanía sepa quiénes están decidiendo sobre la inocencia o culpabilidad de una persona.
La Corte Suprema decidió mantener en secreto la información sobre los nombres de los jueces nombrados: en junio de 2022, impuso una reserva de siete años a la información de la trayectoria y méritos de los jueces nombrados. La CSJ se ha negado a transparentar el proceso de los nombramientos y también se niega a dar los nombres de las personas que administran justicia. Solo alguna de esa información está disponible en sitios oficiales. La Redacción de Ciclos CAP, sin embargo, logró reconstruir el perfil de los nombrados gracias a información obtenida con funcionarios del Órgano Judicial.
Algunos de los primeros 168 designados fueron nuevamente sustituidos y cambiaron de juzgado con el curso del tiempo. Tres jueces y dos abogados litigantes confirmaron que existe una “alta rotación”. Es decir, que los jueces están siendo trasladados constantemente.
La Corte también ha decidido mantener en secreto la información sobre los nombres y las hojas de vida de los jueces de Crimen Organizado que comenzaron a operar a partir de marzo de 2022, con la entrada en vigor del Régimen de Excepción, que a más de un año de su implementación ha propiciado la captura, en muchos casos arbitraria, de más de 70,000 personas, según cifras oficiales.
Úrsula Indacochea, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señala que la secretividad alrededor de los nuevos nombramientos es una réplica de lo que ocurrió en los noventa en Perú: “Tuvimos jueces sin rostro en el gobierno de Alberto Fujimori: acusaban a las personas de terrorismo y esos juicios llegaron a la Corte Interamericana. Esta figura es contraria a los compromisos internacionales porque no puedes recusarlos (pedir separarlos). ¿Qué pasa si el juez es alguien que ya te conoce, tu pariente o alguien que te odia o que ya ha conocido un caso anterior?”, explica Indacochea.
La falta de transparencia en el nombramiento de los jueces es preocupante, dice la abogada, porque es un requisito del debido proceso, es decir, para que se respeten los derechos de quien acude al sistema judicial. “Como ciudadano, tengo derecho a saber quién es mi juez natural. Esta medida de opacidad de manera generalizada no se justifica de ninguna manera”, afirma.
El pretexto de la edad
Cuando los diputados aprobaron la depuración, insistieron en que la idea de fondo era combatir la corrupción del sistema judicial. Pero ninguno de ellos explicó por qué el único requisito para salir depurado era la edad y no, por ejemplo, haber sido investigado o sancionado en un procedimiento disciplinario, administrativo o judicial. Durante la tarde y noche del 31 de agosto de 2021, la etiqueta #NoMásJuecesCorruptos se diseminó en las redes sociales. Sin embargo, en los documentos del decreto, lo único plasmado era la necesidad de dotar de mejores herramientas y salarios a los jueces del país.
Para Indacochea, el argumento de que los jueces mayores son corruptos fue una “generalización absurda”, porque si alguien es corrupto debe investigarse y comprobarse. Para ella, el hecho de que los jueces hayan sido reemplazados por personas con la misma edad o que están por cumplirla “demuestra que la limitación no es razonable; el verdadero motivo, aunque no lo digan, es remover a la principal resistencia por medio de la cooptación”.
El análisis de las 168 hojas de vida revela que más de la mitad de los abogados nombrados por la Corte Suprema estaban, en el momento de su juramentación, a punto de cumplir el límite de 60 años o incluso ya sobrepasaba esa edad.
De la lista de los nombrados, se obtuvo la edad exacta de 141. La edad promedio era de 53.6 años, aunque el rango de edades oscilaba entre los 40 y 80 años. 22 de los nombrados, es decir, uno de cada siete, tenían 60 años o más y, por tanto, debían estar fuera, según el decreto aprobado por los diputados.
Otra característica es que varios de los nombrados tenían algún tipo de mancha en su expediente profesional por investigaciones abiertas en su contra. Tanto para llegar a ser juez como magistrado de Cámara, la Constitución exige en sus artículos 178 y 179 que la persona tenga “moralidad y competencias notorias”.
La Corte nombró a 28 jueces que enfrentaron una investigación interna, seis de ellos fueron sancionados o suspendidos a lo largo de su carrera.
Un total de 45 jueces tenían antecedentes, como investigaciones fiscales en su contra, cuestionamientos de instituciones como la misma Fiscalía por sus resoluciones en casos mediáticos.
Un ejemplo: los magistrados de la CSJ ascendieron de categoría a Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, una jueza que había sido removida por la misma Corte por sospechas de corrupción en la tramitación de sus procesos. En septiembre de 2016, la Corte la envió al Juzgado de Paz de llopango, porque mientras fue la jueza del Séptimo de Paz de San Salvador resolvió que el empresario Enrique Rais, quien por años manejó el negocio de la basura en El Salvador, enfrentara en libertad bajo fianza el proceso en el que se le acusaba de participar en una trama de venta de justicia en la que también están procesados el exfiscal general Luis Martínez. La jueza los favoreció con libertad a pesar de que resolvió que todos los imputados corrompieron la justicia.
Seis años después, la Corte decidió ascender a Jiménez, de 58 años, al Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador. Redacción CAP le envió una solicitud de entrevista el pasado 29 de mayo, pero la jueza nunca respondió.
Además, tres de los jueces enfrentaron investigaciones en la Corte de Cuentas de la República, aunque solo en una se concluyó que habían cometido faltas administrativas. También ocho jueces estuvieron procesados en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), aunque solo en seis casos se identificó el resultado de dicho proceso: solo uno de ellos fue sancionado, cinco fueron sobreseídos, absueltos o el caso fue desestimado. El que fue amonestado hizo mal uso de recursos públicos: utilizó un vehículo y gasolina de la Corte Suprema para asuntos personales. Entre los demás, las acusaciones iban desde mal uso de recursos en sus juzgados hasta ingerir drogas antes de iniciar sus audiencias.
Nombramientos que violaron la Constitución
El proceso legal para elegir a un juez es así: el Consejo de la Judicatura lanza la convocatoria para un puesto, luego llegan las postulaciones de candidatos y el CNJ se encarga de preparar ternas, que luego envía a la Corte Suprema. Ahí, un equipo se encarga de convocar a entrevistas y de depurar más la lista. Ese equipo es la Comisión de Jueces, que presenta la lista de los más idóneos a la Corte Plena, integrada por los 15 magistrados de la Corte, para someterlos a un último paso: una votación nominal. Resulta designado quien obtenga más votos.
Según reveló en Corte Plena el magistrado de la CSJ Alexander Marroquín, quien integra la Comisión de Jueces, la Corte ignoró al Consejo de la Judicatura para los nombramientos.
Los 168 nombres salieron de dos encerronas de la Corte Suprema, la primera, el domingo 26 de septiembre, y la segunda, el jueves 14 de octubre. En ambas ocasiones, fue el magistrado Marroquín quien leyó la lista de nombres y, según quedó registrado en las actas de sesiones, él y un equipo de trabajo hicieron la selección preliminar antes de presentarla al pleno para su aprobación.
Ni en el acta ni públicamente los magistrados explicaron los criterios que se usaron para evaluar los currículums de los funcionarios que eligieron. Los únicos detalles los proporcionó Marroquín en la sesión del 26 de septiembre: “Luego de un sin número de reuniones, de debates, de análisis de perfiles, de análisis de currículums, de experiencia, de tiempo en la carrera judicial y de otras circunstancias que convierten al candidato en la persona adecuada para ser nombrado, hemos llegado como comisión de jueces a un consenso”, dijo.
Se solicitó una entrevista con el magistrado, pero este ignoró las llamadas y los mensajes enviados a su teléfono celular para conocer detalles de la selección.
En la segunda encerrona, la del jueves 14, Marroquín volvió a repetir la idea de que la Comisión de Jueces había trabajado de manera intensiva, pero agregó un elemento: dijo que los nombres que proponían “ya habían pasado el filtro del CNJ”, pero no explicó a qué filtro se refería. El CNJ nunca envió ternas a la Corte, como lo manda el artículo 187 de la Constitución de la República y la Ley del CNJ. Así lo reveló esa institución en una respuesta de solicitud de información realizada por periodistas.
Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.
