En un informe la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), señala estrategias que utiliza el MP y jueces aliados en contra de quienes considera un peligro. Además, advirtió que la cooptación del sistema judicial lo convierte en “rehén de intereses espurios”. Entre los patrones identificados en casos contra exfiscales, jueces y periodistas están el acoso en redes sociales, participación de instituciones de inteligencia en capturas, reserva de casos, jueces ad hoc, criminalización de abogados defensores y negación de la medida sustitutiva.
Por Isela Espinoza
Policías armados de la Dirección Especializada de Investigación Criminal (DEIC), que custodiaban a la fiscal Cinthia Monterroso, irrumpieron de manera arrebatada el pasado 13 de julio en el Departamento de Organizaciones Políticas, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para realizar un allanamiento y secuestrar documentación sobre las afiliaciones que dieron vida al Movimiento Semilla.
Ante la sorpresa de los trabajadores y pedidos de no ingresar armados a las oficinas, ya que ellos no lo estaban, los agentes de la DEIC omitieron la solicitud y luego de nueve horas se retirarían con la documentación.
Días después, la escena de policías con armas, ahora de grueso calibre se repetía, en la sede de Recursos Humanos del TSE en donde una diligencia confirmada por Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pretendía detener a la directora interina del Registro de Ciudadanos, Eleonora Castillo, señalada del delito de obstrucción de justicia.
Según Curruchiche la orden de aprehensión fue autorizada por el juez séptimo Fredy Orellana, quien había ordenado suspender la participación del partido Semilla, pero no se cumplió por un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC). Aunque no fue detenido, porque el TSE informó que Castillo goza de inmunidad, la acción aumentó aún más la tensión en pleno proceso electoral.
El viernes pasado, el MP volvió a irrumpir con el mismo operativo, pero esta vez en la sede del partido Semilla. La diputada electa, Andrea Reyes, denunció este acto como intimidación ya que la información que se llevaron los agentes ya había sido obtenida en el allanamiento que realizaron en el TSE.
Las acciones del MP y del juez Orellana que han intensificado la judicialización del proceso electoral han llevado a la población a salir a las calles y a la comunidad internacional a señalar la falta de independencia del MP al que acusan de archivar denuncias de corrupción contra el presidente Alejandro Giammattei y orquestar una campaña de persecución contra jueces, fiscales y abogados que trabajaban en causas contra el gobierno o el mandatario.
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El informe
Previo a las elecciones generales, la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) advirtió en el informe “Democracia quebrantada en Guatemala: Elecciones viciadas y justicia secuestrada”, que la cooptación del sistema judicial lo convierte en “rehén de intereses espurios”.
La FIDH es una coalición integrada por más de 188 organizaciones de derechos humanos en más de 116 países y que fue fundada en 1922.
En el documento, también se enumera patrones que siguen las autoridades en casos de criminalización como: acoso en redes sociales, participación de instituciones de inteligencia en capturas, reserva de casos, jueces ad hoc, criminalización de abogados defensores y negación de la medida sustitutiva.
“La política criminal de persecución y criminalización se expandió hacia periodistas, defensores de derechos humanos y políticos opuestos al régimen”, refiere el informe. Además, explica que a partir del segundo periodo de la fiscal general Porras se intensificó la persecución contra fiscales y jueces que conocieron procesos de corrupción.
“Redes de netcenters (trolles) son utilizadas para divulgar información sensible obtenida a través de quienes deben custodiar los procesos de investigación”, dice el documento.
Por otro lado, también menciona que para “garantizar los resultados de la criminalización” los procesos son llevados a cabo en juzgados ad hoc que han aceptado las peticiones del Ministerio Público y de los querellantes, y han limitado el derecho de defensa como en el caso del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, la exfiscal de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, la activista indígena, Nanci Sinto, entre otros.
“Los procesos en contra de los operadores de justicia y periodistas han sido conocidos en su mayoría por cuatro jueces: Sergio Mena, Fredy Orellana, Jimi Bremer y Carmen Acú”, denuncia el informe.
Otro patrón que evidencia la vulneración de la persona criminalizada es atacar a sus abogados defensores a través de redes sociales y luego son capturados. En el caso reciente de Semilla, los abogados de la organización denunciaron que la fiscal a cargo de la diligencia les negó participar en la misma. Este martes, la FECI denegó nuevamente el expediente del caso Semilla a Reyes y a Joseline Jácome, abogada del diputado Samuel Pérez.
#Urgente 🚨#FECI deniega nuevamente el expediente del caso Semilla a la fiscal nacional suplente Andrea Reyes y a Joseline Jácome, abogada de Samuel Pérez.
Jácome indicó que habían pedido este expediente desde hace 3 meses, por medio de un memorial.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 25, 2023
“Uno de los efectos de la cooptación de las instituciones es que no existen contrapesos que establezcan límites o controles a la corrupción e impunidad. Las entidades llamadas a estas funciones, como la Procuraduría de los Derechos Humanos guardan hermetismo ante los desmanes del régimen. Por el contrario, han operado en favor del esquema que mantiene el control de las instituciones, persiguiendo y colocando denuncias en contra de quienes identifican como enemigos”, agrega el documento.
Agrega que la criminalización de personas que han ejercido su derecho de manifestación también es otra estrategia para silenciar a las voces críticas en Guatemala.
Consuelo Porras y Rafael Curruchiche han sido señalados por el Departamento de Estado de EE.UU. como dos de los máximos responsables de la corrupción institucional en Guatemala. Recientemente, la Lista Engel también incluyó al juez Orellana y a la fiscal Monterroso.
En este contexto, la comunidad internacional también ha advertido que las intimidaciones de detener a funcionarios electorales o de un partido político amenazan con socavar el proceso democrático en el país.
Entre sus recomendaciones, la Federación Internacional para los Derechos Humanos aboga por que la Organización de los Estados Americanos (OEA) no dude en utilizar la Carta democrática si continúan las afectaciones a los derechos políticos de los guatemaltecos durante las elecciones.
Mañana miércoles 26, está previsto que el Consejo Permanente de la OEA conozca en una sesión extraordinaria la situación de Guatemala. Según se dio a conocer en la reunión participará la presidenta del TSE, Irma Palencia; la secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum y el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.
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