Álvaro Cordón y Marlon Barahona, quienes son magistrados suplentes en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), han obtenido múltiples contratos en instituciones públicas después de que el Congreso los designó para dichos puestos. Debido a que su cargo en la autoridad electoral no es permanente, los dos abogados pueden brindar sus servicios en entidades estatales.
Por Prensa Comunitaria
Después de ser seleccionado como magistrado suplente, Álvaro Cordón ha suscrito varios convenios para prestar servicios profesionales en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Los acuerdos de trabajo están valuados en Q429 mil 102. De ese monto, la USAC le ha cancelado Q380 mil 802. El dinero restante se lo pagará la Universidad por medio de un contrato que se encuentra vigente.
Entre las atribuciones de Cordón está la de brindar asesoría, dirección, procuración y seguimiento a juicios laborales, civiles, administrativos, constitucionales, arbitraje local, entre otros.
De hecho, en un informe de actividades, el magistrado suplente indicó que había realizado memoriales en torno a las denuncias sobre la posible usurpación del campus central de la USAC y el Museo Universitario.
Las instalaciones fueron tomadas por los estudiantes tras el fraude en el proceso de elección de Walter Mazariegos como rector, y fue él quien aprobó esta última contratación.
Como magistrado suplente, Cordón avaló junto a Irma Palencia y Mynor Franco que Manuel Baldizón fuera candidato a diputado por el partido Cambio, pese a que el político ya había sido condenado en EE. UU. por lavar dinero del narcotráfico. Una decisión, en la que tuvieron que dar marcha atrás, tras la polémica generada.
Cordón también se postuló para la elección del Procurador de Derechos Humanos, en 2017, pero un informe del Ministerio Público señalaba que era investigado por falsedad material e ideológica.
Otras contrataciones
Marlon Barahona ha prestado sus servicios en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Organismo Judicial (OJ).
En la SAT obtuvo Q428 mil 516 entre 2021 y 2022. En tanto que en OJ tiene un convenio laboral vigente. En el mismo se detalló que él recibirá Q202 mil 800. El documento agregó que Barahona trabajará para el magistrado Manuel Reginaldo Duarte.
En esa línea, Barahona deberá asesorarlo en la revisión y elaboración de informes que solicite el magistrado, emitir opiniones legales en los expedientes y procesos que le sean requeridos, y otras actividades.
El magistrado Duarte tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos, debido a que el Departamento de Estado lo incorporó a Lista de Engel, por considerarlo un actor “corrupto” y “antidemocrático”.
Para el Departamento de Estado el integrante de la Corte Suprema de Justicia ha “debilitado instituciones o procesos democráticos, al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.
Por aparte, Barahona fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Da Vinci. En la institución, según elPeriódico, extendió certificaciones falsas de graduación de doctorado y maestría a Ranulfo Rojas y Marco Cornejo, respectivamente.
Las constancias permitieron que Rojas y Cornejo también fueran electos para integrar el actual TSE. Los documentos fueron emitidos previo a que Barahona asumiera la jefatura de esa unidad académica.
