Créditos: Emmanuel Andrés
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La Defensa Pública Penal asignó a última hora un nuevo defensor para Jose Rubén Zamora, a pesar de que al periodista le notificaron el 15 de mayo que sería Fidencia Orozco quien lo defendería. Además, Zamora denunció que se realizó una requisa en su bartolina mientras él estaba en audiencia.

Por Prensa Comunitaria

El séptimo día de audiencia en el juicio contra el periodista Jose Rubén Zamora y la exfiscal auxiliar Samari Gómez, culminó con una denuncia del periodista por una requisa que se había realizado en su bartolina en la cárcel Mariscal Zavala mientras él asistía a la audiencia.

La denuncia de Zamora fue ignorada por la jueza Oly González quien durante la audiencia señaló que eso era competencia del Sistema Penitenciario.

Tras suspenderse la audiencia, Zamora manifestó su preocupación a la prensa de que estas requisas se realicen mientras él no está y que puedan revisar su información o incluso implantar algo en su contra.

Este episodio fue el final de una accidentada audiencia que empezó con la sorpresa de que el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) había designado a última hora a un nuevo abogado.

Joel Iván Reyes informó al Tribunal Octavo que había sido designado por el Instituto de la Defensa Pública Penal en lugar de la abogada Fidencia Orozco.

Al conocer el cambio de su defensor, el periodista expresó al Tribunal que fue informado el 15 de mayo de que sería Orozco la designada por el IDPP para defenderlo y dijo que ya le había entregado material y que ella ya lo había estudiado. Agregó que él se sentía tranquilo sabiendo que ella ejercería su defensa por lo que pidió a los jueces reconsiderar el nombramiento de Reyes a quien acababa de conocer minutos antes de iniciada la audiencia.

En el séptimo día del juicio del periodista Jose Rubén Zamora y la exfiscal Samari Gómez declaró el testigo que los denunció. Foto: Emmanuel Andrés

Denuncian presiones al director de la Defensa Pública

El pasado jueves, el fundador de elPeriódico informó a la jueza Oly González que había decidido prescindir de su abogada defensora Patricia Guillermo. En esa audiencia, él solicitó que se le asignara la profesional del derecho Fidencia Orozco, de la Defensa Pública Penal quien dijo ya conocía su caso.

Sin embargo, la jueza González señaló que es el IDPP el que designa a los abogados y que ellos como jueces no pueden intervenir para pedir que se nombre a un defensor específico, por lo que no accedió a la petición del periodista. A pesar de ello, el 15 de mayo, el Tribunal le informó a Zamora que la abogada Orozco había sido asignada.

El pasado 16 de mayo, querellantes de la Fundación contra el Terrorismo informaron en sus redes sociales que denunciarían al director del IDDP, Idonaldo Fuentes y a Orozco, por supuesto tráfico de influencias en esta designación, nombramiento del cual el Tribunal ya había tomado nota. Para este jueves, el cambio fue informado a los jueces.

Los hijos del periodista, Ramón y José Zamora se pronunciaron por esta situación en su cuenta de Twitter. “Después de presiones, el IDDP removió del caso a la abogada asignada. Jose Rubén Zamora conoce por primera vez a su nuevo abogado minutos antes de que se inicie la misma. A pesar de su protesta, el Tribunal decide continuar la audiencia”, señaló Ramón Zamora.

En tanto Jose Carlos Zamora indicó que el IDDP nunca había dejado en tal estado de vulnerabilidad a una persona. “El director de esa entidad es el responsable directo por haberse doblegado ante las presiones del poder”, expresó.

El fundador de elPeriódico junto a la auxiliar Gómez enfrenta debate oral y público tras una denuncia del exgerente general del Banco de Trabajadores (Bantrab), Ronald García Navarijo, quien lo denunció por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, y a Gómez por revelación de información confidencial.

Desde que ambos fueron detenidos el 29 de julio, Zamora ha sido defendido por siete abogados. Dos de ellos, Romeo Montoya y Mario Castañeda, fueron acusados de conspiración para la obstrucción de la justicia y ya fueron condenados mediante el procedimiento de aceptación de cargos.

Los defensores Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito fueron detenidos el 20 de abril y ya fueron ligados a proceso. Días antes, Zamora les había pedido que renunciaran para evitar su criminalización. También han defendido al periodista los abogados Christian Ulate, quien según declaraciones de uno de los hijos de Zamora y del juez Miguel Gálvez, había recibido amenazas y seguimientos. Ricardo Sergio Szejner, quien renunció a su defensa la semana pasada señalando problemas de salud y Patricia Guillermo, quien era su abogada hasta el sexto día del juicio.

Ronald García Navarijo denunció a Jose Rubén Zamora y a la exfiscal Samari Gómez. García ofreció su declaración. Foto: Emmanuel Andrés

Declara García Navarijo

En el séptimo día del juicio declaró García Navarijo, exdirectivo de Bantrab quien denunció al periodista y a la exfiscal auxiliar en julio de 2022. Para ello, grabó reuniones y llamadas telefónicas sin conocimiento de los ahora acusados. El testigo y denunciante está acusado en dos casos de corrupción, “Valles de Elgin” desde 2016 y “Arca” en 2019, por los cuales buscaba ser colaborador eficaz de la FECI.

En su testimonio, declaró que Zamora le solicitó bancarizar Q1 millón en varias etapas, de la cual la transacción por Q300 mil fue la única por la que denunció al periodista por lavado de dinero.

García Navarijo indicó que conoció al periodista en 2008 por una publicación que realizó el medio en donde se mencionaba a Bantrab. Esta publicación se realizó en febrero de 2007 pero él aseguró que habló con Zamora hasta 2008 sobre la misma.

El testigo también declaró haberse reunido dos veces en la casa de Zamora cuando Juan Francisco Sandoval aún era jefe de la FECI para discutir su colaboración eficaz. Sandoval, quien ahora está en el exilio, también está acusado en este caso por tres delitos, entre ellos tráfico de influencias.

Como parte de su declaración, García Navarijo dijo que fue extorsionado por una persona de nombre Yosimar Mejía, en relación a Q33 millones que le habían sido embargados, que correspondían a cheques y salarios y eran de procedencia lícita. Mejía supuestamente le mencionó a funcionarios del MP que estuvieron involucrados en su captura, entre ellos Samari Gómez.

De acuerdo con el testigo, en la denuncia que realizó en el MP no dijo nombres porque la entregó a una de las personas mencionadas (la exfiscal) “por eso no pude entregar los medios de prueba correspondientes”. Y agregó que en ningún momento él se refirió a Rafael Curruchiche, actual jefe de la FECI, tal como Samari lo dijo en su declaración.

Según declaró la exfiscal en el primer día del juicio, García Navarijo le dijo a ella que sospechaba que era Curruchiche quien lo estaba extorsionando.

Cuando fue el turno de la defensa para interrogarlo, la exfiscal le preguntó a García Navarijo si podía indicar al Tribunal si en alguna ocasión él se reunió con ella sin presencia de su abogado o de un jefe de ella, a lo que respondió que no.

Samari Gómez también le preguntó si en algún momento pudo corroborar que ella tuviera algún tipo de comunicación con Zamora, a lo cual él respondió “solo las grabaciones que están presentadas ante la Fiscalía, fuera de eso no”. La exfiscal está siendo acusada de revelación de información confidencial.

El MP también presentó como testigo a David Moisés Ostrowiak, pero la defensa objetó la declaración por considerar que no estaba aportando nada relacionado al caso por el que se realiza el juicio. El juicio fue suspendido y continuará este viernes 19 de mayo.

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Navarijo desconfiaba de Curruchiche, declaró la exfiscal Samari Gómez en primer día de juicio

 

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