El proceso de elección para ocupar cuatro vacantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado. El guatemalteco Stuardo Ralón busca reelegirse. Sin embargo, el retiro de candidaturas de cuatro países pone en riesgo la discusión de la idoneidad de quienes aspiran a ese cargo.
Por Isela Espinoza
El 6 de enero de 2020, el abogado Stuardo Ralón llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como uno de los cuatro nuevos comisionados electos en junio de 2019, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Voces de la sociedad civil de Guatemala y un informe de Panel de Expertos Independientes alertaron sobre su poco conocimiento en materia de derechos humanos, debido a que, durante 19 años de trayectoria, se había dedicado a defender intereses del sector privado. Una experiencia que le restaba independencia e imparcialidad para ejercer el cargo.
“Inicio mi mandato expresando mi compromiso con la promoción y defensa de la dignidad de la persona en todas las etapas y circunstancias de su vida. El hombre/la mujer por naturaleza goza de derechos fundamentales que no pueden ser violentados”, escribió en su primer tuit como comisionado.
Un mensaje que para algunos defensores de los derechos humanos mostró la postura que tendría al desempeñarse como comisionado y que ha confirmado en cada voto razonado o pronunciamientos respecto a temas abordados en la CIDH.
Una de esas decisiones fue el voto razonado en el Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en donde afirma valorar el esfuerzo de la Comisión por “promover el reconocimiento del principio de no discriminación en la región”.
Sin embargo, cuestiona que el informe pida a los Estados reconocer a través de sus legislaciones el “derecho a la identidad de género” no solo en las personas adultas sino también en la niñez y la adolescencia.
“El derecho en cuestión no se encuentra reconocido ni en la Declaración Americana, ni en la Convención Americana. El único documento normativo a nivel interamericano que recoge la idea se encuentra en la denominada Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia”, afirma en su voto razonado.
Además, enfatizó que la Convención solo ha sido ratificada por México y Uruguay por lo que si el resto de países de la región no lo han hecho “es porque los mismos no están, necesariamente de acuerdo con la idea”. A su parecer, desde el punto de vista jurídico, los 25 Estados miembro de la OEA no tienen obligación de reconocer el derecho a la identidad de género “porque dicha obligación carece de una fuente normativa que lo sustente”.
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En el razonamiento de su voto también expresa su desacuerdo al reconocimiento de los derechos sociales de las personas trans, así como a la educación sexual y la obligación del Estado de dar acceso a tratamientos de tipo hormonal o similares dentro de los sistemas nacionales de salud.
Además, Ralón ha razonado su voto en temas como el aborto terapéutico o la crisis política que vive Perú, en donde con su lenguaje ha tratado de restar la gravedad de lo que pasa en ese país sudamericano, expresaron fuentes entrevistadas por Prensa Comunitaria y que pidieron el anonimato.
La fuente consultada agregó que este tipo de razonamientos muestran que, desde su cargo como comisionado, continúa en la defensa de los intereses de grupos fundamentalistas y refleja la postura de Estados conservadores que no “tienen un buen récord” en materia de derechos humanos, por lo que la presencia de Ralón debilita el trabajo de la CIDH.
Desde su creación en 1959, la CIDH, un órgano autónomo de la OEA, ha jugado un papel clave en la lucha por los derechos humanos en la región y está integrada por siete comisionados a quienes se les asigna una de las nueve relatorías. Además, se asegura que cada Estado miembro de la OEA cuente con un relator o relatora.
El 7 de marzo de 2022, el abogado guatemalteco fue electo como primer vicepresidente de la Junta Directiva de la CIDH junto a Julissa Mantilla Falcón, que asumió como presidenta y, Margarette May Macaulay, como segunda vicepresidenta. Además, tiene la relatoría para Cuba, Ecuador, Haití, Paraguay, Perú y Surinam, y la de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura.
Este miércoles 24 de mayo durante una sesión permanente de la CIDH, el comisionado guatemalteco llamó a los estados a reforzar la protección de los pueblos indígenas. “Es necesario que la Comisión en conjunto con la sociedad civil y los estados busquen en la práctica promover políticas que favorezcan un desarrollo humano integral en nuestras comunidades indígenas”, dijo.
Pero, la organización Alianza por las Reformas recordó que durante su trayectoria como abogado constitucionalista en Guatemala presentó acciones legales con el objetivo de desalojar por la fuerza manifestaciones realizadas por pueblos indígenas. Agregó que también fue el único comisionado que votó en contra del informe “Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”.
Recientemente Ralón integró la delegación que realizó una visita in loco en Honduras con el objetivo de verificar la situación de los derechos humanos en ese país centroamericano. Según un comunicado de la CIDH, los comisionados sostuvieron más de 80 reuniones con autoridades, organizaciones civiles, defensores de pueblos indígenas y afrodescendientes, periodistas y sector privado.
En las observaciones preliminares señalan la necesidad que el Estado propicie un “diálogo sincero y abierto con todos los sectores, incluyendo las voces disidentes y que garantice la participación activa de los grupos históricamente excluidos” con el fin de recuperar la confianza de la población en sus instituciones.
Desde 1961 ha realizado más de 90 visitas de este tipo a 23 países miembros y, con las observaciones de los comisionados, la CIDH publica informes especiales.
En la última semana de mayo, Ralón también condenó, a través de redes sociales, la represión de las fuerzas de seguridad cubanas en contra de personas que exigían libertad y democracia en el municipio de Caimanera. “Solo con democracia se pueden respetar los Derechos Humanos en Cuba”, escribió en Twitter.
“Trayectoria se limita al trabajo de abogado constitucionalista”
Este año inició de nuevo el proceso para la renovación de cuatro comisionados de la CIDH, que finalizarán su periodo en diciembre de 2023. Durante de la Asamblea General de la OEA, en junio, elegirá a sus reemplazos a través del voto secreto de los Estados que la integran.
De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los siete miembros de la Comisión deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, elegidos de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.
Cada gobierno puede proponer hasta tres candidatos nacionales o de cualquier otro Estado miembro de la OEA. Los integrantes de la Comisión son elegidos por cuatro años y sólo pueden ser reelegidos una vez.
El pasado 28 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, presentó la candidatura de Ralón para su reelección como comisionado para el periodo 2024-2027. En 2019, fue propuesto por el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). Aunque los funcionarios destacaron su trayectoria como abogado constitucionalista, la sociedad civil denunció que ha defendido iniciativas de la Cámara del Agro, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). En 2018, cuestionó la autoridad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) cuando emitieron sentencias favorables a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los señalamientos se confirmarían en un informe elaborado por un Panel Independiente, de 2019, conformado por cinco personas expertas que evaluó durante tres meses, previo a la elección, la trayectoria de Ralón junto a cuatro candidaturas más: Margarette May Macaulay (propuesta por Jamaica), Esmeralda Arosemena de Trotiño (propuesta por Panamá), Everth Bustamante García (propuesto por Colombia) y Julissa Mantilla Falcón (propuesta por Perú).
Cada candidato fue evaluado de acuerdo a los siguientes criterios: alta autoridad moral, reconocida versación en derechos humanos; independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés, aporte a la integración representativa y balanceada del organismo y calidad del proceso de nominación a nivel nacional.
Según el informe, el Panel Independiente concluyó que solo May Macaulay, Arosemena de Trotiño y Mantilla Falcón reunían las “altas calidades que un integrante de la CIDH debe poseer” para el cargo. Mientras, Everth Bustamante García y Ralón Orellana, no reunían los criterios, especialmente en dos condiciones fundamentales: reconocida versación en derechos humanos e independencia e imparcialidad.
En el caso de Ralón, según detalla el informe, fue el único de los cinco candidatos que limitó el tiempo de su entrevista a 30 minutos debido a su agenda por lo que los expertos no pudieron profundizar en algunas preguntas.
Según su currículum, obtuvo con honores el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Francisco Marroquín. Posee un postgrado y una maestría de la Universidad de Salamanca y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha impartido clases en distintas universidades de Guatemala. Además, es socio fundador del despacho Ralón Orellana y Asociados.
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“El candidato Ralón se presenta como defensor activo del orden constitucional guatemalteco y como referente de opinión en materia de defensa a los derechos humanos tales como la defensa a la vida, las libertades civiles, los derechos cívicos y políticos, y el orden institucional”, resalta el informe de los expertos independientes.
Pero, su presentación contrasta con algunos documentos que evidencian defender los intereses de empresas del sector privado ante la justicia, según datos recabados por el Panel Independiente mediante un mecanismo habilitado para recibir información. Para los expertos esto dejaba dudas sobre su independencia e imparcialidad política.
“El Panel considera que la trayectoria de Edgar Stuardo Ralón Orellana en materia de derechos humanos no es directa y solo se limita al trabajo de abogado constitucionalista, principalmente como representante de 70 empresas y cámaras empresariales. Sin embargo, no existe en su trayectoria jurídica, académica o investigativa que demuestre que conoce o ha utilizado adecuadamente las normas, jurisprudencia y doctrina del Derecho internacional de los derechos humanos”, se lee en el informe.
Asesor legal
Según fuentes que conversaron con Prensa Comunitaria, Ralón fue asesor legal de José Manuel Moreno Botrán cuando ocupó el cargo de director General de Aeronáutica Civil (DGAC) durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2007). Es así como el despacho Ralón Orellana y Asociados protocoliza varios contratos de arrendamiento de locales de diversas empresas dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Además, en el periodo de Berger se realizaron remodelaciones a las instalaciones de La Aurora incluidas mejoras a los Duty Free. Una nota de Plaza Pública señala que la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) presionaba en ese momento porque la remodelación llevara cambios en la calidad de las tiendas Duty Free por lo que Berger modificó, en el 2007, el Acuerdo Gubernativo 939-2002 para que la DGAC enviara invitaciones personalizadas a entidades “de reconocido prestigio nacional y/o internacional”.
El 7 de diciembre de 2007, un mes antes de entregar su puesto como director de Aeronáutica Civil, Moreno Botrán envió una invitación directa a Hamudi Waked, vicepresidente de Grupo Wisa de Panamá. La invitación sustituyó el proceso de licitación pública que establece para estos casos la Ley de Contrataciones del Estado y el grupo panameño aceptó pagar cerca de US$4.6 millones por 10 locales dentro de la terminal aérea, señalaron fuentes a Prensa Comunitaria.
Posteriormente el 29 de diciembre de 2007, Aeronáutica Civil y Grupo Wisa suscribieron los contratos de arrendamiento de locales en el Aeropuerto Internacional La Aurora, de acuerdo con la escritura pública 82 de Edgar Stuardo Ralón Orellana y la escritura pública 144 de Erick Arnoldo Ralón Orellana.
“Tras su paso por Aeronáutica Civil, el bufete de los hermanos Ralón Orellana, se hizo cargo del manejo legal de las operaciones de Grupo Wisa en Guatemala”, agregaron.
Grupo Wisa operó en el aeropuerto hasta el 30 de julio de 2015 luego que el Ministerio Público (MP) cerrara los 10 locales que poseían por supuesta defraudación aduanera. Además, fueron detenidos el exsuperintendente Rudy Baldemar Villegas Venegas y otros cuatro funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por beneficiar a La Riviera, una de las empresas insigne de Grupo Wisa que simuló reexportaciones desde 2009. Los cinco detenidos fueron ligados a proceso y liberados una semana después, tras el pago de una fianza de Q50 mil por cada uno, recuerda la nota de Plaza Pública.
Otro antecedente de los vínculos de Ralón con el sector privado, consta ante el Registro Mercantil cuando fue inscrito como ejecutor especial de la empresa Hidro Energía Centro América S.A. cuyo nombramiento fue autorizado el 08 de noviembre de 2012. “Dicha sociedad es representada legalmente por José Alejandro Botrán Gómez, un empresario de la élite guatemalteca del que se dice fue uno de los financistas de Zury Ríos Sosa durante la campaña presidencial de 2015, cuando se postuló con el Partido VIVA”, dice una de las fuentes que hablaron a condición de anonimato.
El Panel Independiente también detalló los documentos legales que recibió de la sociedad civil sobre la participación de Ralón con cámaras empresariales como una nota con fecha de, 3 de junio de 2016, firmada por el presidente de la Cámara del Agro en el marco del Diálogo Nacional para la discusión del proceso de Reformas a la Constitución Política que presenta al actual comisionado como asesor.
Elección opaca
Para Jordán Rodas, Exprocurador de derechos humanos en Guatemala, la elección a un candidato a comisionado es opaco debido a que es una decisión del gobierno de turno. “Stuardo Ralón es un buen técnico, eso no lo discuto, pero ha defendido los intereses de gremios representados en el CACIF lo cual denota la inclinación en cuanto a la interpretación de un tema tan sensible como lo son los derechos humanos”, dijo.
Además, resaltó que existe evidencia que durante su trayectoria no ha defendido los derechos de los pueblos indígenas, sexuales y reproductivos, derechos de la mujer, el derecho a la consulta, entre otros. El próximo miércoles 31 de mayo, el Panel Independiente que evaluó este año las candidaturas presentará el informe final en donde se espera incluyan las observaciones y conclusiones de la gestión del comisionado.
En febrero, Rodas, también candidato a la vicepresidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), envió una carta a la CIDH en donde expresó su preocupación por la opinión que Ralón dio en una entrevista sobre la negativa del Tribunal Supremo Electoral de inscribir al binomio presidencial del MLP.
“Él no deja de ser comisionado las 24 horas. Entonces, violó los estatutos de la Comisión”, comentó Rodas al referirse al Artículo 17,2 del Reglamento de la CIDH que impide a comisionadas y comisionados participar en temas relativos a su país de origen. “Esto muestra que no es idóneo, ni independiente, pues responde a intereses muy marcados en Guatemala”, agregó Rodas.
El desafío de los comisionados
Para Marcia González Aguiluz, directora legal para América Latina en Women´s Link, los derechos humanos y la democracia en la región se enfrentan a desafíos. Recuerda que persisten los problemas comunidades históricamente marginadas como los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, con discapacidad, entre otros.
Pero también hay contextos represivos, en donde la institucionalidad democrática se ha debilitado por lo que los habitantes viven en dictadura y, este contexto convulso, se vuelve vital para que la Comisión se integre con personas “que le otorguen legitimidad a la CIDH” y se pronuncien en el momento oportuno en contra de hechos que violen los derechos humanos.
En el próximo proceso de elección, además de Ralón, Perú también había presentado la reelección de la comisionada Julissa Mantilla Falcón. Sin embargo, su candidatura fue retirada sin explicación. Mantilla se pronunció al respecto, el pasado 30 de abril, e informó que se enteró de la decisión del Estado peruano a través de las redes sociales.
Hasta finales de abril los Estados miembro de la OEA habían nominado a 10 personas: James Cavallaro (Estados Unidos), Pier Pigozzi (Ecuador), Arif Bulkan (Guyana), Andrea Pochak (Argentina), Gloria de Mees (Suriname), Fabio Balestro (Brasil), Lidia Casas (Chile), Joaquín Mejía (Honduras), Ralón (Guatemala) y Mantilla (Perú).
En un comunicado de prensa, el Panel Independiente expresó su preocupación por “el retiro inmotivado” de las candidaturas de Estados Unidos, Brasil, Honduras y Perú. Y comentó que estos hechos no se habían producido en procesos anteriores y podrían limitar y afectar la transparencia y participación de distintos actores interesados en el mismo.
“La reducción del número de candidaturas implica una menor posibilidad de lograr un proceso abierto donde se pueda discutir la idoneidad de las y los aspirantes. No sería en ningún caso deseable que fueran propuestas el mismo número de candidaturas que vacantes en los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto además daría margen a una elección altamente politizada”, agrega el comunicado.
Aguiluz también expresó su preocupación por el retiro de la candidatura y opinó que se abren interrogantes sobre cuáles son las negociaciones que se están dando. En tanto, espera que los próximos comisionados sean sensibles a los problemas de las víctimas de violaciones de derechos humanos y que tengan la capacidad de establecer consensos, así como “diálogos fructíferos con los Estados”. “Que tengan como norte la protección de los derechos humanos, ningún otro interés”, agregó.
Para Guatemala, las recomendaciones o llamados de la CIDH a los gobiernos de turno han sido clave, como en enero de 2019, cuando pidió al Estado retractarse de reformar la Ley de Reconciliación Nacional que buscaba otorgar amnistía a los militares acusados de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado.
O el más reciente pronunciamiento para que el país garantice “los derechos políticos, el pluralismo y la participación en condiciones de igualdad de personas y partidos políticos en el proceso electoral en Guatemala”. Su llamado al Estado de Guatemala se dio casi un mes después de una audiencia solicitada por el binomio presidencial del MLP liderado por la dirigente maya Mam, Thelma Cabrera.
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