La elección además “rompe la práctica habitual” de la Comisión que decidía que al primer vicepresidente de la anterior gestión le tocaba asumir la presidencia. En ese contexto, el comisionado guatemalteco Stuardo Ralón se queda sin asumir la presidencia.
Por Isela Espinoza
Conocida como sólida defensora y referente sobre los derechos de las mujeres, la comisionada Margarette May Macaulay, originaria de Jamaica, fue electa esta semana como presidenta de la nueva junta directiva para 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La elección fue calificada por la organización como “la segunda histórica” mesa directiva integrada plenamente por mujeres y la primera por tres mujeres del Caribe y Centroamérica ya que la comisionada liderará su gestión junto a Esmeralda Arosemena de Troitiño, de Panamá, que tendrá el cargo de primera vicepresidenta, y Roberta Clarke, de Barbados, como segunda vicepresidenta. En 2021 fue la primera vez que se eligió una junta directiva liderada por mujeres.
Margarette May Macaulay integra la CIDH desde 2016. Fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2007 a 2012. Actualmente forma parte del Muro de Legado para la Justicia de Género de las defensoras de los derechos de las mujeres lanzado en diciembre de 2017 y que “ha logrado cambios importantes”, según un comunicado de prensa de la CIDH.
En la junta directiva de 2022, la comisionada Margarette May Macaulay tuvo el cargo de segunda vicepresidenta. Por lo que para la junta directiva de 2023 se esperaba que el comisionado guatemalteco, Stuardo Ralón, asumiera la presidencia ya que en la anterior gestión había quedado como primer vicepresidente.
¿Qué pasó con Ralón?
Ralón fue electo durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales Cabrera en 2019, para el periodo de 2020-2023 en representación del Estado de Guatemala ante la CIDH, periodo que finalizara este año.
Daniel Cerqueira, director de programas de la Fundación para el Debido Proceso, explicó a Prensa Comunitaria que la “práctica habitual” en la comisión, al elegir las juntas directivas hasta ahora, era que el primer o primera vicepresidenta de la gestión que terminaba se convertía en el presidente o presidenta de la nueva junta.
“Si la comisión hubiese seguido la práctica constante, Ralón hubiera sido el presidente electo. Pero por alguna razón se decidió nombrar a una junta directiva donde ni siquiera aparece ni como primer ni segundo vicepresidente. No sabría interpretar eso como una falta de apoyo, pero en definitiva eso rompe la práctica de la comisión”, afirmó.
El 23 de febrero, en una entrevista con Emisoras Unidas, el comisionado guatemalteco se pronunció sobre el rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la inscripción del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), liderado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas. “Decir que no participan todos es fraude, creo que no es el caso (…) En una democracia, es ideal el máximo pluralismo, pero, quien por un aspecto claro, legal o constitucional tenga impedimento, no debe participar”, afirmó.
Un día después la CIDH se pronunció en Twitter con un mensaje que cita el artículo 17 del reglamento interno que establece que los comisionados “no pueden participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto de su país”. La publicación agregó que la independencia de la CIDH fortalece la protección de los derechos humanos en la región.
¿Reelección?
La actual Comisión termina su gestión en diciembre de este año. Por lo que a finales de mayo e inicios de junio comenzará el proceso de postulación y elección de los comisionados que tienen una gestión de cuatro años. Cada año la misma Comisión elige a su junta directiva.
“Supongamos que Ralón fuera vicepresidente ahora mismo y no es reelecto como comisionado, entonces es imposible que sea nombrado presidente”, enfatizó Cerqueira.
La Asamblea general de la OEA es encargada de nombrar a los comisionados. En junio habrá una asamblea general y Guatemala volvió a presentar la candidatura del abogado constitucionalista. Actualmente, hay cuatro plazas abiertas incluida la de Ralón.
“Si la asamblea general lo llegara a elegir tendría otros cuatro años de mandato que sería de 2024 a 2027. Según el estatuto de la Comisión y la Convención Americana, la reelección de un comisionado puede darse solamente una vez o podría darse la situación que la asamblea general elija otras personas”, dijo el directivo de la Fundación para el Debido Proceso.
Esta organización busca que la sociedad civil participe en el proceso de elección y presente sus observaciones sobre los candidatos a comisionados. Además, un panel de expertos independientes emite un informe público sobre el perfil de los candidatos luego de escuchar a los postulados y a la sociedad civil.
Actualmente, la Comisión Interamericana está compuesta por siete miembros, junto a las presidenta y vicepresidentas: el comisionado Joel Hernández, la comisionada Julissa Mantilla y los comisionados Stuardo Ralón Orellana y Carlos Bernal. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia, señala el comunicado de presa.
