El caso del Diario Militar se trata de un ejemplo de la desaparición forzada en Guatemala implementada por el Estado guatemalteco, señalan querellantes. A pesar de la salida del juez Miguel Ángel Gálvez, consideran que la causa es sólida y fundamentada para cualquier judicatura.
Por Regina Pérez
Hace más de un año, el 6 de mayo de 2022, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a nueve militares y policías retirados acusados de pertenecer a una estructura clandestina que desapareció a 183 personas opositoras políticas del Estado, entre 1983 y 1985 que aparecen en el documento conocido como Diario Militar.
Pocos meses después, el juez tuvo que renunciar al cargo y salir al exilio, tras los ataques en su contra y un antejuicio que avanzaba con velocidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin que él tuviera la oportunidad de defenderse.
El próximo 17 de mayo, la jueza Eva Recinos, quien sustituyó a Gálvez en el Juzgado de Mayor Riesgo B, realizará una audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de ocho de los nueve acusados enviados a juicio por Gálvez.
A pesar de los reveses que ha tenido el caso, como un amparo a favor del coronel Jacobo Salán Sánchez, quien también fue beneficiado con medida sustitutiva por uno de los jueces suplentes de Gálvez, Rudy Bautista, los querellantes aún confían en el sistema de justicia.
El que haya salido el juez Gálvez no quiere decir que el caso se vaya a derrumbar, está bien fundamentado, hay documentos, registros militares, testimonios de sobrevivientes y eso a nosotros nos da fortaleza y continuidad del trabajo en la búsqueda de justicia, dijo Manuel Farfán, uno de los querellantes.
La querellante Alejandra Cabrera indicó que el caso tiene más de 6 mil medios de prueba documental, “es sólido para cualquier judicatura objetiva que tome el caso”.
#DiarioMilitar ⚖️ El 17 de mayo se retoman audiencias del caso con el ofrecimiento de prueba en contra de 8 militares enviados a juicio el 6 de mayo de 2022 por Miguel Ángel Galvez, quien presidía el Juzgado B de Mayor Riesgo.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) May 16, 2023
Según Farfán, este proceso no se trata únicamente de las familias de las 183 personas detenidas-desaparecidas que aparecen en el también llamado “Dossier de la Muerte”, sino que es un ejemplo de la política de desaparición forzada en Guatemala.
No son 195 víctimas, no son 183 (número de personas que aparecen en el documento), son 45 mil desaparecidos en Guatemala, para nosotros es una representación de la búsqueda de justicia por las personas detenidas-desaparecidas en el conflicto armado interno, señaló Farfán.
Decenas de estas personas que aparecen en el Diario Militar continúan sin aparecer, tal es el caso del tío de Manuel, el sindicalista Rubén Amílcar Farfán, quien fue detenido el 16 de mayo de 1984. Tras casi cuarenta años, muchos de sus familiares han muerto sin conocer la justicia, pero también han muerto algunos de los perpetradores como el caso del general Marco Antonio González Taracena y Mavilo Aurelio Castañeda, quien perteneció a la Policía Militar Ambulante.
Los acusados que fueron enviados a juicio por Gálvez, en mayo de 2022, son: los generales Víctor Augusto Vásquez Echeverría y González Taracena (ya fallecido y contra quien se extinguió la persecución penal); los especialistas del Estado Mayor Presidencial (EMP) Edgar Corado Samayoa, Rone René Lara y Enrique Cifuentes; el coronel Salán Sánchez y el sargento retirado José Daniel Monterroso Villagrán.
También Juan Francisco Cifuentes Cano y Gustavo Adolfo Oliva Blanco, quienes ocuparon cargos en la Policía Nacional (PN). El primero como jefe de la Brigada de Operaciones Especiales y el segundo como parte del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT).
En este caso se giraron 18 órdenes de captura de las cuales queda pendiente ejecutar tres detenciones.
En estos 39 años, Farfán considera que se ha avanzado en el proceso. Creímos que nunca íbamos a verlos sentados (a los militares) con la cabeza agachada sabiendo que son responsables de estos hechos, esperamos que el sistema de justicia sea independiente y pueda resolver a favor de las víctimas de los familiares, expresó.
Acusados han sido beneficiados por jueces
En el caso del coronel Jacobo Salán Sánchez, fue beneficiado con medidas sustitutivas por el juez Bautista. La Corte de Constitucionalidad (CC) realizará una vista pública el 25 de mayo, por una apelación interpuesta por los abogados de las víctimas, luego de que la Sala Primera de Mayor Riesgo le otorgó un amparo provisional que podría dejar sin efecto la resolución del juez Gálvez, que lo envió a juicio. Según el amparo, un nuevo juez deberá fundamentar nuevamente el fallo.
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Durante la reunión con periodistas, los abogados de los querellantes, Francisco Vivar y Jovita Tzul, dijeron que no han sido notificados sobre si el acusado Toribio Acevedo, exjefe de seguridad de Cementos Progreso, ya está nuevamente en prisión preventiva. Acevedo fue beneficiado con medida sustitutiva que le fue revocada.
