Juez beneficia a acusados del Diario Militar con arresto domiciliario; víctimas expresan indignación

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Créditos: Juan Rosales
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Argumentando el derecho a la salud, el juez Rudy Bautista benefició con arresto domiciliario a dos acusados del Diario Militar. “Hace 39 años estabas en mi casa poniéndome una pistola”, le gritó un familiar de una persona desaparecida al coronel retirado Jacobo Salán Sánchez.

Por Regina Pérez

La resolución del juez Rudy Bautista que benefició con arresto domiciliario al coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez y al expolicía Malfred Orlando Pérez Lorenzo, generó indignación de familiares de las víctimas presentes en la audiencia y provocó desconcierto en los abogados de los querellantes que consideran las medidas inoportunas.

En una audiencia de revisión de medidas, el juez suplente del Juzgado de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, benefició con medidas sustitutivas a Salán Sánchez y a Pérez Lorenzo, acusados de delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y deberes contra la humanidad, quienes tendrán que pagar una fianza de Q 6 000 y acudir cada fin de mes a la Fiscalía de Derechos Humanos, para firmar el libro de control de medidas.

Foto: Juan Rosales

En el caso de Jacobo Esdras Salán, podrá movilizarse entre los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango, ya que él reside en la aldea las Palmas, en Coatepeque, Quetzaltenango, se le decretó arraigo y tiene prohibición para tramitar su pasaporte. Los sindicados tampoco podrán comunicarse con los demás acusados, testigos y peritos en el proceso.

El juez argumentó en su fallo que las circunstancias que dieron motivo a la prisión preventiva a ambos sindicados variaron y, que su salud podría agravarse si no recibían atención.

Una vez finalizada la audiencia, familiares de víctimas señalaron: “no hay justicia, señor juez” y “el juez va a ser responsable si no regresan a Corte”. Un familiar de un desaparecido se dirigió a Salán Sánchez y le gritó: “Hace 39 años estabas en mi casa poniéndome una pistola”.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 1983 y 1985, cuando según la investigación del Ministerio Público (MP) una estructura clandestina del Estado detuvo y desapareció a personas que pertenecían a grupos de la insurgencia. La información de estas víctimas fue encontrada en el documento de inteligencia denominado Diario Militar, donde algunas aparecen con anotaciones como “Se lo llevó Pancho” o “300”, un código que, según expertos, da a entender que la víctima fue asesinada.

Santiago Choc, abogado que representa a la asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), una de las organizaciones querellantes, señaló que lo resuelto por el juez Bautista contradice las pruebas que presentaron en la audiencia previa los abogados y el MP, que argumentaron que no era procedente otorgarles prisión domiciliar, pues los acusados están estables de salud.

“Consideramos que es una injusticia…esta es una circunstancia que ofende la dignidad de las víctimas, porque están dejando de protegerlas”, afirmó.

El caso llegó a Tribunales a 40 años de ocurridas las desapariciones forzadas y después de la resolución del exjuez Miguel Ángel Gálvez, que envió juicio a nueve de los acusados, y fue anulado porque la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo le dio la razón a un amparo que presentó el abogado de Salán Sánchez y ordenó repetir la etapa intermedia del caso del Diario Militar.

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