El femicidio de Isabel Franco Veliz sucedió el 16 de diciembre de 2001 cuando desapareció luego de salir del almacén donde trabajaba. Tras 20 años, Rosa Franco pudo conseguir justicia con la condena del responsable, sin embargo, cuenta que fue un camino muy duro y que en ese tiempo ella dejó de ser feliz, ahora, dice, se enfocará en rehacer su vida.
Por Regina Pérez
Rosa Franco es una abogada guatemalteca y madre de dos hijos, que desde 2001, inició una lucha para conseguir justicia por el femicidio de María Isabel Veliz Franco, su hija, quien tenía 15 años cuando desapareció. En 2021, después de 20 años de recorrer las instituciones del sistema de justicia en Guatemala, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” condenó a Gustavo Adolfo Bolaños a 30 años de prisión. Una sentencia que fue el resultado del tesón de Franco, que comenzó a investigar el caso cuando observó la inacción de las autoridades.
En el sistema de justicia guatemalteco, Franco vio de todo. Desde funcionarios y fiscales probos, dispuestos a hacer su trabajo que a su criterio hacen la diferencia en el Organismo Judicial y el Ministerio Público (MP), hasta operadores de justicia “nefastos”.
La sentencia que llegó 20 años después aún no está firme, pues existe una apelación en la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Ha sido una lucha de tantos años, pero no es fácil, dan ganas de tirar la toalla y cambiar la vida, porque uno se centra en la justicia y se olvida de una misma”, dijo Franco en una entrevista con Prensa Comunitaria.
Una madre soltera que buscó justicia
Roberto Franco Pérez, el padre de Rosa, fue magistrado de la Sala de Apelaciones de Zacapa y eso la inspiró a estudiar Derecho. Cuando ella tenía seis años se trasladaron de ese departamento del oriente del país a la ciudad capital.
Cuando asesinaron a su hija se había separado de su esposo por violencia intrafamiliar y se dedicó a la crianza de su hija y dos hijos, además de trabajar y estudiar en la Universidad de San Carlos. Sin embargo, su vida se trastocó por la tragedia y señala que descuidó a sus hijos y a ella misma. Señala que puso en riesgo su vida, puesto que sufrió amenazas por indagar lo que le ocurrió a María Isabel. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares.
El caso de su hija es un ejemplo de lo complicado que puede resultar el acceso a la justicia en Guatemala.
María Isabel Veliz Franco trabajaba como dependiente temporal en el “Almacén Taxi”, en la zona 1. El 16 de diciembre no llegó a su casa y su ausencia le generó preocupación a su madre, quien comenzó a buscarla. El 17 de diciembre acudió al Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) para denunciar su desaparición.
El 18 de diciembre de 2001 fue encontrado el cuerpo de una mujer en Mixco. Desde un inicio, dijo Rosa, hubo negligencia de las autoridades en la investigación. La auxiliar fiscal que levantó el cadáver no hizo nada, luego pasaron el caso a otra Fiscalía que la regresó a ese municipio. “Me armé de valor y fui a pedir audiencia con el secretario de la CSJ, quien me ayudó a que el caso se quedara en Mixco”, contó.
En ese entonces, Franco trabajaba en el Centro de Estudios Folklóricos (CEFOL) de la Universidad de San Carlos y tuvo que interrumpir sus estudios en la carrera de Derecho, por el femicidio de su hija. Además, sufrió dos infartos y se enfermó de diabetes.
Rosa cuenta que al ver la inacción de las autoridades empezó a investigar por su cuenta. Empecé sola, todo lo iba anotando en cuadernos, frecuentaba un café internet en el centro de la ciudad y guardaba todo en una carpeta. Pero luego sufrió el segundo infarto.
Fue entonces cuando decidió acudir a organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional como Amnistía Internacional, que la apoyaron denunciando el caso y pidiendo que se investigara. Posteriormente buscó apoyo del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) y conoció a otras mujeres, como Norma Cruz, quien dirigía la Fundación Sobrevivientes y a las madres de las víctimas de femicidio en Ciudad Juárez. “De esa forma ya me sentí acuerpada porque no estaba sola”, dijo.
En 2014, el caso llegó a la Corte Interamericana que condenó al Estado de Guatemala por el femicidio de la adolescente. Sin embargo, ella decidió buscar justicia en el país, aunque sabía que no iba a ser fácil.
Según el Mirador Judicial, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala (ICCPG), el tiempo promedio para obtener una condena en el país es de 490 días, desde la primera declaración hasta obtener una sentencia.
Franco recomienda a las madres que pasan por una situación similar, que hagan uso de las herramientas legales que antes no existían, como la Ley de Femicidio, aprobada en el Congreso en 2008, o que busquen a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
Espero rehacer mi vida
Rosa nunca pensó que la búsqueda de justicia fuera una tarea fácil pero tampoco que iba a ser una lucha eterna. Y aunque varias personas le aconsejaron que no hiciera nada, se cuestionó: “Rosa Franco, si no haces nada por tu hija, tu misma tendrás que ponerte otro nombre”.
El resultado fue la justicia, por lo que cree que su lucha valió la pena. El 1 de marzo de 2021, el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidido por la jueza Yassmín Barrios, encontró culpable a Gustavo Adolfo Bolaños por el femicidio de María Isabel.
Si bien considera que en el Organismo Judicial hay muchas prácticas que cambiar, dice que se han dado avances, como la creación de la Alerta Isabel Claudina, para buscar a mujeres desaparecidas, nombrada en memoria de su hija y la joven Claudina Velásquez, también víctima de femicidio o la capacitación de jueces en temas de enfoque de género.
Sin embargo, afirma que lo que le ocurrió a estas dos jóvenes nunca debió haber sucedido. “Debieron haber aparecido con vida las dos”, dice.
En Guatemala se reportan al menos cinco mujeres desaparecidas por día, según datos del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público (MP). Las denuncias por violencia contra las mujeres y la niñez constituyen el 27 por ciento del total de casos que ingresan a esa institución.
Después de lograr justicia por el caso de su hija, Rosa espera recibir una disculpa pública del Estado de Guatemala, pero también el fortalecimiento de entidades como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y recibir atención psicológica digna. Señala que el único apoyo que recibió de las autoridades de la extinta Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh) es que la quisieron enviar a recibir atención al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, “yo les dije que no, que yo no estoy loca”, dijo con indignación.
Franco espera rehacer su vida “porque dejé de vivir cuando mataron a mi hija”.
“Se me pasó la vida, pero ahora estoy acá y le pido a Dios que me dé la oportunidad de ser feliz después de la muerte de mi hija”, agregó.
