El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por la criminalización de operadores de justicia en Guatemala, incluyendo quienes trabajaron con la CICIG, y por la exclusión de candidatos en las elecciones de 2023.
Por Regina Pérez
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su alarma por la erosión del Estado de Derecho en Guatemala, donde funcionarios de justicia, incluyendo los que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), están siendo objeto de intimidación, acoso y criminalización, así como por la exclusión de candidatos de todo el espectro político en las elecciones de 2023.
Según el funcionario de la ONU, “es especialmente preocupante que se estén utilizando procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participan en la investigación y persecución de casos de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno”.
Uno de los casos que abordó fue el anuncio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que emprenderá acciones legales en contra del excomisionado de la CICIG, Francisco Dall’Anese, en el caso de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café (Fedecocagua) cuyo directivo está señalado de lavado de dinero.
Aunado a esto, la semana pasada, a petición de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, el exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, quien investigó a militares por crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado, fue ligado a proceso penal, uno de los últimos registrados en contra de operadores de justicia.
“También me preocupa que candidatos presidenciales y vicepresidenciales de todo el espectro político, entre ellos Thelma Cabrera, Jordán Rodas y Roberto Arzú, hayan visto rechazadas sus candidaturas para las elecciones del 25 de junio por el TSE, por motivos aparentemente arbitrarios”, dijo Türk.
En el caso del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), se espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva en definitiva un amparo presentado por el partido que pide no ser excluido de la contienda electoral. Arzú también accionó en la CSJ.
De acuerdo con el Alto Comisionado, votar y presentarse en las elecciones es un derecho reconocido internacionalmente. “La Corte Constitucional, el Tribunal Supremo y la Corte Electoral deben decidir de manera imparcial, en base a los hechos y de conformidad con la ley, sin restricciones ni influencias indebidas”, manifestó.
El funcionario de la ONU hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas a que garanticen que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones libremente y sin temor a represalias. “Un poder judicial independiente es vital para una sociedad democrática”, afirmó.
El pronunciamiento del Alto Comisionado es el último de una serie de mensajes a nivel internacional que han condenado lo que ocurre en Guatemala. El pasado 29 de marzo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la apertura de un proceso penal en contra de periodistas en Guatemala.
