Por Édgar Gutiérrez
No parece suficiente mantener privado de libertad al periodista Jose Rubén Zamora. Deben, además, aniquilar elPeriódico. Después de todo -aunque agonizante- el diario ha sobrevivido siete meses fastidiando al régimen y por eso conviene a sus intereses darle el tiro de gracia y que la comunidad de prensa independiente se vea en ese espejo antes del arranque de la campaña electoral.
Como se observó en la audiencia del martes 28, el caso “obstrucción de justicia” está edificado sobre tres piezas con “lógica” inquisitorial:
- Extirpar el mal ejemplo. El razonamiento de los Torquemada es: Zamora, un irreverente total ante el poder político que desde elPeriódico expone sin misericordia a ciertos operadores de justicia para el agravio de la opinión pública. Creyó que ese atrevimiento quedaría sin castigo, pero será peor de lo que esperaba.
Esta lógica reivindica a los operadores de justicia que durante muchísimos años actuaron a sus anchas fuera de la mirada de la prensa independiente, cuyo precursor fue Zamora en 1990. El conflicto va más allá de un ajuste personal de cuentas: es la vindicta de los operadores escrutados (desestabilizados) por los medios críticos que, por si fuera poco, se han multiplicado en los últimos años, siguiendo el mal ejemplo del fundador de Siglo 21 y elPeriódico.
- La ficción de un fuero especial. El hilo de la “lógica” es: Zamora no está solo. Un grupo de al menos nueve columnistas y periodistas integran un “andamiaje de desinformación”. El artículo 35 de la Constitución da libertad a la prensa de criticar a la administración pública y sus funcionarios. Pero, dice la fiscal ponente, Cinthya Monterroso, es “muy distinto criticar a un funcionario de la administración de justicia”, pues se “puede obstaculizar un proceso penal”.
Así, dar cobertura al caso Zamora, calificarlo de “montaje” y señalar los vicios del proceso es “obstrucción de justicia”. Esta segunda pieza sugiere un fuero especial para fiscales, jueces y policías que riñe con el ordenamiento jurídico de la República y transgrede abiertamente convenciones internacionales que el Estado incorporó a su cuerpo legal. Rompe la regla básica de la libertad de emisión del pensamiento.
- Investigar la prensa como delincuencia organizada. La tercera pieza tiene como premisa de que está en marcha la conspiración de la prensa independiente contra el régimen. “Todo esto está orquestado por más gente.” Quizá, dice la fiscal, investigan ilegalmente a jueces y fiscales, los siguen a sus casas. “Quién es la persona que dio esta orden y organizaciones que les financia… pueden existir otros medios que se dicen independientes que también reciben el mismo financiamiento… siguiendo el dinero siempre se da un rastro importante”. Este es el método empleado para perseguir la delincuencia organizada.
En Venezuela y Nicaragua la retórica contra la prensa independiente contiene alta inflamación política e ideológica: “Traidores, vendepatria, agentes del imperialismo”. A una dictadura corporativa de derechas no le caza ese discurso populista de izquierdas, aunque copie sus métodos autocráticos. Su manera de mantener a raya a la comunidad internacional es repitiendo un par de líneas de la Convención de Viena, mientras el Ejecutivo habla por el resto de los poderes del Estado irrespetando sin rubor su independencia.
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El juez Jimi Bremer accedió a las peticiones de la fiscal: ligó a Zamora a un segundo proceso por “obstrucción de justicia” y certificó la conducente para investigar a nueve periodistas y rastrear el financiamiento de los medios independientes.
Investigar periodistas tiene varios alcances: arraigarlos, girar órdenes de captura, encerrarlos, sometiéndolos a tortura psicológica como a Zamora, y congelar sus medios de sustento. A 72 horas de la audiencia de los inquisidores, las reacciones internacionales han sido copiosas y más enérgicas de lo habitual.
En el telón de fondo corre el proceso electoral más desacreditado desde 1982. Constituir una dictadura de derechas en el hemisferio durante este año será cuesta arriba, considerando que, a las autocracias de Venezuela y Nicaragua, la comunidad democrática internacional comienza a torcerles el brazo. Son datos que tendrán que procesar rápido las redes políticas y económicas de corrupción y crimen que, cual corsarios, están prestas al asalto total del Estado en estas elecciones.
