El extitular del Juzgado de Mayor Riesgo B en la ciudad de Guatemala estuvo en Washington, DC hace unos días. Habló con la administración de Joe Biden, con congresistas y con tanques de pensamiento sobre la regresión democrática en su país.
Por Héctor Silva Ávalos
El juez levanta la vista desde el sitio que ocupa en la mesa principal del evento en un tanque de pensamiento en Washington DC. Es una noche templada al final del invierno. Frente a él, en la primera fila del público, nutrido, que llegó a escucharlo, el juez ve a Juan Francisco Sandoval y a Thelma Aldana. Por lo que dice luego se entiende que a su pensamiento acude el nombre de alguien más, el de Virginia Laparra, la exfiscal contra la impunidad a quien el Estado guatemalteco tiene encarcelada y a quien Amnistía Internacional ha nombrado presa de conciencia.
“Aquí están ellos -Sandoval y Aldana-; falta Virginia Laparra”, dice Gálvez con un semblante serio que mantendría durante toda la velada. “Se va entendiendo quienes somos los criminalizados”, añade.
Así arranca una conversación emotiva y reveladora entre el juez Gálvez y dos académicas estadounidenses frente a una cincuentena de periodistas, funcionarios y activistas proderechos humanos en la sede de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) el jueves 9 de marzo. Jo-Marie Burt, profesora de la Universidad George Mason y una de las científicas sociales estadounidenses que mejor conoce Guatemala, conduce la conversación, que repasa las condiciones actuales del país centroamericano, por los casos que marcaron la carrera de Gálvez en la judicatura, por la venganza de las élites económicas y políticas corruptas de Guatemala -a las que el juez llamó el sector oscuro- y por reflexiones sobre el exilio.
La velada dura poco, pero es tan intensa que, en un momento, convierte en lágrimas los nudos que crecen en los estómagos y las gargantas de quienes escuchan.
“El sector oscuro de Guatemala hizo un pulso con la ONU y ese pulso lo ganó el lado oscuro. Hacer justicia después de la CICIG se volvió muy tedioso”, dice el juez Gálvez en referencia al fin de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, el mecanismo de apoyo internacional a la justicia guatemalteca auspiciada por Naciones Unidas que durante una década acompañó al Ministerio Público (MP) local en investigaciones y procesos penales en casos de justicia transicional, de crimen organizado y de gran corrupción y cuya permanencia en Guatemala fue dinamitada por el expresidente Jimmy Morales.
Antes de salir exiliado de Guatemala, Miguel Ángel Gálvez fue el juez del Juzgado de Mayor Riesgo B en la capital, desde donde presidió el caso del Diario Militar. El 6 de mayo de 2022, Gálvez envió a juicio oral y público a nueve de 15 militares y paramilitares acusados de desapariciones, torturas y otros crímenes durante el conflicto interno.
Después de aquel fallo recrudeció el acoso administrativo, judicial y propagandístico contra el juez. Más amenazas, más denuncias y la creciente posibilidad de que el Ministerio Público de Guatemala, presidido por una fiscal general a la que Estados Unidos califica de corrupta y antidemocrática, pidiera meterlo preso. Eso y la insistencia de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) de criminalizar al juez, lo cual no es poca cosa si se toma en cuenta que la organización de Ricardo Méndez Ruiz también ha estado detrás de la criminalización de Laparra, Sandoval y Aldana -presa la primera y exiliados los otros dos- y de muchos más, como el periodista Jose Rubén Zamora, expresidente de elPeriódico, que lleva ya más de 220 días preso.
Meses después del fallo en el caso del Diario Militar, en noviembre, Gálvez hizo efectiva su renuncia, algo que venía preparando desde hacía meses. Después de que la CICIG se fue, algunos operadores de justicia que habían trabajado de la mano con la Comisión empezaron, en silencio, a buscar refugio a través de embajadas en Guatemala, como las de Estados Unidos y Suecia. El terror empezaba a rondar.
Gálvez se quedó aunque ya sabía que el “sector oscuro” no cejaría en su afán de perseguir, incluso encarcelar, a quienes como él los habían investigado y juzgado.
“Yo ya tenía pensado renunciar… La administración de justicia empezó a caer a niveles bastante bajos… Se quedó la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad) y seguimos trabajando”, rememora el juez, quien no duda en decir que, en un sistema sin los obstáculos que le han crecido a la justicia guatemalteca, los esfuerzos por combatir la impunidad y la corrupción hubiesen llegado tan lejos como ocurrió en 2015, cuando el trabajo de la CICIG, de la FECI y de jueces que presidieron casos sin temor al poder político metieron preso a Otto Pérez Molina, el militar que entonces era presidente. “Si nos hubieran dado un tiempo más, ya quizá tuviéramos preso al presidente de Guatemala”, expresa Gálvez.
Tiempo es lo que le faltó a Sandoval y a la FECI para terminar, por ejemplo, investigaciones sobre la participación de Alejandro Giammattei, el presidente guatemalteco, en un posible soborno entregado por mineros rusos, en otro soborno entregado por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, o en la trama de las Comisiones Paralelas 2020.
Pero no. La arremetida de los políticos, funcionarios y empresarios que no querían perder tiempo para deshacerse de todo lo que oliera a CICIG y FECI fue definitiva. Los resultados últimos de aquel blitzkrieg fueron los exilios de operadores de justicia como Gálvez y Sandoval y encarcelamientos como el de Laparra. El operativo de tierra arrasada continúa: el jueves 16 de marzo, tras un anuncio previo hecho en redes sociales relacionadas a la Fundación Contra el Terrorismo, el MP de Consuelo Porras arrestó al exfiscal Orlando López, quien llevó la batuta en la acusación por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt.
El juicio por genocidio también pasó por el tribunal del juez Gálvez y fue él quien envió a Ríos Mont a enfrentar la última etapa del proceso, donde por primera vez un sistema judicial latinoamericano condenó, en su territorio, a un criminal de guerra por delitos de lesa humanidad. Pero el peligro, contó el juez Gálvez en las oficinas de WOLA en Washington, había empezado mucho antes. En su caso fue a la vuelta del nuevo siglo, en 1999, luego de que, siendo juez en Quiché, sentenció al excomisionado militar Cándido Noriega por asesinatos perpetrados durante el conflicto armado.
Cuando, el jueves anterior, el MP de Porras, aupado por la FCT, detuvo al exfiscal del caso de genocidio, la organización de Ricardo Méndez Ruiz no tuvo reparos en decir que todo era parte de una venganza contra la gente que puso en la cárcel “a los veteranos”, que es como la ultraderecha guatemalteca suele llamar a criminales de guerra como Cándido Noriega o el general Ríos Montt. La venganza de la que es parte también el Estado de Guatemala.
No es casual que, desde 2000, después de trabajar en el caso contra Noriega, el juez Miguel Ángel Gálvez haya tenido que vivir con escolta. El peligro nunca desapareció; estuvo ahí durante el caso genocidio y otros que implicaban a redes de corrupción, pero recrudeció en el último año, luego de que el juez envió a juicio a los implicados en el Diario Militar. “Nunca estuvimos tan en riesgo como el año pasado”, dijo Gálvez en Washington sin dudarlo.
Desde mayo de 2022, cuando falló en el caso del Diario Militar, hasta su salida, a Gálvez le pusieron 28 denuncias. El descaro era tal que Méndez Ruiz se paseaba por los tribunales y, sin que guardia alguno lo detuviera, interrumpía las sesiones en el tribunal de Gálvez para amenazarlo. La FCT, dijo Méndez Ruiz en una ocasión, se encargaría del juez hasta verlo preso o exiliado.
Casos que marcan historia y un futuro difícil
Lo inevitable llegó a principios de noviembre de 2022. Gálvez tuvo que salir de Guatemala cuando el MP de Consuelo Porras, el Órgano Judicial y la Fundación Contra el Terrorismo lo acorralaron con casos espurios, peticiones de antejuicio y denuncias. El fin de los oscuros, como él los llama, era meterlo preso, reducirlo y humillarlo. No los dejó. A la fuerza, se fue al exilio, como antes los exfiscales Sandoval y Aldana, o las juezas Erika Aifán, Gloria Porras y Claudia Escobar, quienes también tuvieron que dejar Guatemala después de enfrentarse a ese monstruo de mil cabezas que es la corrupción y la impunidad.
El exilio, aprendería muy pronto Gálvez, es un asunto triste.
Miguel Ángel Gálvez salió de Guatemala un jueves con una maleta en la que desde un tiempo antes había metido los libros más importantes y alguna ropa. Cuando llega a esta parte del relato, la seriedad afable del juez se nubla. En sus ojos la tristeza se convierte en lágrimas que, necias, se niegan a resbalar por las mejías y se quedan en los párpados nublándole los lentes. La voz se quiebra de forma discreta, por nunca se vence.
“Son procesos difíciles… Uno lo deja todo. Uno se aferra a no salir porque uno nunca quiere salir de su país, ahí fue donde uno nació”. Gálvez empieza la frase con la serenidad apenas quebrada, pero la termina con una convicción que parece inamovible, motivada por la certeza de que lo que le han hecho a él y otros exiliados es una injusticia. “Uno, cuando está lejos, siempre mantiene la zozobra en el corazón”, dice.
Hay quienes, en el público, ven sus propias lágrimas asomar ante el testimonio que, hasta ese punto, había sido un repaso, en parte judicial en parte académico, de los casos más importantes que le marcaron al juez Gálvez. Antes, casi al principio de la charla, la académica Jo-Marie Burt había pedido al juez hablar de esos casos.
Gálvez enumera tres, dos de justicia transicional y uno relacionado a la corrupción actual en Guatemala. En el primer grupo listó al Diario Militar y el caso de la masacre de Sepur Zarco, y luego el caso conocido como Cooptación del Estado.
Cuando habla del Diario Militar, el juez Gálvez evoca el terror. Cuenta que una de las cosas que más le impresionaba en ese juicio era que aun cuando los acusados llegaban al tribunal engrilletados y ya disminuidos por la edad, las víctimas presentes bajaban la cabeza. Es, explica, el terror instalado en el Estado de Guatemala, una historia que empezó mucho antes de 1978, cuando ya se había institucionalizado la práctica política de perseguir, torturar, encarcelar y aniquilar a todo el que era considerado enemigo.
Del caso Cooptación dice que ninguno como ese refleja el secuestro total de las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de esa red de empresarios, políticos y criminales a las que el juez llama el sector oscuro y las que la prensa guatemalteca dio por nombrar el pacto de corruptos. Ningún caso como ese para que un operador de justicia conozca la entraña de un sistema podrido, enfermo, que siempre buscará reconfigurarse para favorecer a quienes se benefician de él.
A la reconfiguración de fuerzas políticas y a la reconquista de la judicatura que las redes políticas emprendieron tras la salida de CICIG de Guatemala le ha seguido, sugiere Gálvez, una especie de nuevo Medioevo en Guatemala, una nueva era de oscuridad: “El terror vuelve a instalarse en Guatemala, se está instalando un terror muy fuerte”.
El juez no es optimista sobre lo que viene en los próximos años para su país. “No va a quedar ninguno que no sea de ellos. Quizá con el próximo presidente la situación va a rebalsar y la población se dará cuenta que sí tiene poder… (pero) la situación va a empeorar en Guatemala”.
Antes del final de la velada, las anfitrionas abren espacio para comentarios y preguntas que el exfiscal Sandoval aprovecha para hablar. Son, las suyas, palabras intensas también, tristes, indignadas. “Lo que más les duele es habernos dejado salir, lo que ellos siempre quisieron fue vernos enjaulados”, dice Sandoval. Al final, el exjefe de la FECI abre una pequeña ventana en su discurso que deja entrar una breve brisa: al menos, dice, no lograron enjaularlos, y eso les ha permitido seguir contando al mundo lo que pasa en Guatemala, como lo acaba de hacer el juez Miguel Ángel Gálvez.
