Por Prensa Comunitaria
El Estado de Guatemala lleva meses en una carrera por instalar de una vez y por completo un gobierno tiránico, administrado por las mismas élites económicas y políticas que han despojado al país durante siglos. Es lo que en este espacio hemos llamado regresión autoritaria, que no es otra cosa que el afán de esas élites por cercenar los espacios cívicos, la disidencia, el libre accionar del pensamiento y la palabra para, con ello, matar los contrapesos y las disidencias que definen una democracia.
Para lograrlo esas élites, que en Guatemala no son homogéneas pero si están relacionadas entre sí a través de complejas redes criminales y de corrupción, se han ido apropiando de las instituciones del Estado, de todos sus poderes formales y de los mecanismos contralores del ejercicio del poder como el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Ahí donde la idea del gobierno del pueblo, que es la democracia, plantea la separación de poderes, en Guatemala estos están ya al servicio de esas redes criminales. Y ahí donde, según los parámetros democráticos, la justicia debería de aplicarse sin raseros, con las víctimas en el centro y sin distinción alguna, en Guatemala las cortes y los entes jurisdiccionales, la mayoría, también están al servicio de esas redes criminales y de corrupción.
Para afianzar esta toma de las instituciones, ese poder corrupto y sus operadores requieren del silencio cómplice de los ciudadanos, el cual los tiranos suelen imponer con amenazas o con el uso de la fuerza del Estado, que en estos casos no es una fuerza controlada por la ley, sino que es la fuerza bruta de las mafias a través de la represión estatal.
El ejemplo más reciente de esta imposición ocurrió la semana anterior en el tribunal que preside el juez Jimi Bremer, quien autorizó la petición que hizo la fiscal Cinthia Monterroso de investigar a periodistas y columnistas que han dado cobertura al proceso judicial que el Ministerio Público de Consuelo Porras le ha montado a Jose Rubén Zamora. Monterroso también pidió que se investigue el financiamiento de la prensa independiente guatemalteca, algo que Bremer también avaló.
Bremer y Monterroso son, ambos, operadores de las redes del poder corrupto. Él sirvió para levantar la orden de captura a Mynor Moto, el exjuez que esas redes pretendieron instalar en la Corte de Constitucionalidad a pesar de que había sido investigado por su supuesta participación en las Comisiones Paralelas 2020. Y ella ha sido, junto a Rafael Curruchiche, una de las principales puntas de lanza de la persecución dirigida por la fiscal general Porras contra exoperadores de justicia y periodistas.
Pero, más allá de las hojas de vida de la fiscal y el juez, lo que hay de fondo en este caso es el uso de las instituciones del Estado y sus funcionarios para pavimentar el camino de los tiranos a una Guatemala en que no sea posible cuestionar al poder al que estos funcionarios defienden y representan.
En este experimento autocrático guatemalteco los servidores buscan revestir sus actuaciones de legalidad; por eso el afán de la fiscal Monterroso y el juez Bremer de dar calidad judicial a algo que no es más que un afán criminal y antidemocrático por acallar las libertades de prensa y expresión. Lo que pretenden estos funcionarios con el caso Zamora es dar un ejemplo de terror para arrodillar a otros y, con miedo, callarlos. Y pretenden también asfixiarlos económicamente; ahuyentar a posibles financistas para que la prensa independiente deje de existir.
El afán es tal que el Ejecutivo de Alejandro Giammattei, en una reacción torpe a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó de injerencia soberana a representantes de otros países que, en público, elevaron las alertas por lo actuado en el tribunal del juez Bremer. Dice el gobierno Giammattei que el Ejecutivo no tiene nada que ver con lo actuado en la judicatura, porque en el país hay separación de poderes, pero no duda el presidente en utilizar el poder de su gobierno para justificar las decisiones y actuaciones de funcionarios como la fiscal Monterroso.
“La voz tiene poder, la gente escucha cuando hablamos; no se trata de combatir el terrorismo con violencia sino con palabras”, decía Malala Yousafzai, la activista paquistaní de derechos humanos que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014. La corrupción y la restricción de los espacios de participación cívica son también formas de terror, y ese terrorismo existe en Guatemala. Nuestra voz tiene poder y con ella seguiremos defendiéndonos.
