Los resultados de una consulta municipal dirigida, en su mayoría, por los vecinos de San José, Escuintla, arrojaron un rechazo aplastante a la instalación de una garita de peaje y la privatización de un tramo carretero que los perjudicaría.
A pocos metros de una de las playas más visitadas en el sur de Guatemala, un pueblo se organizó para impedir la privatización e instalación de un puesto de peaje en un tramo carretero que lleva a la ciudad de San José y al Puerto Quetzal, una de las puertas marítimas más importantes del país que conectan con el comercio internacional, que tendría miras a incrementar los costos de vida del lugar, del turismo local y que tendría las mismas repercusiones económicas a nivel nacional.
Los vecinos de San José, Escuintla, votaron 87 a 1 por el “NO”, de forma aplastante, en una consulta municipal realizada el 19 de febrero pasado. Con ello, han dejado clara su postura frente a la privatización y han demostrado una activa resistencia frente a un proyecto opaco que les fue impuesto mientras se desencadenaban secuelas por el coronavirus.
Aun así, no todo es victoria. Todavía falta que el gobierno, que ha estado de acuerdo y ha impulsado la privatización de la autopista, valide el sentir de la gente y anule la concesión.
Por Paolina Albani
La historia de cómo iniciaron las discusiones para la privatización de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal retrocede a 2018, cuando el proyecto llegó al Congreso de manos de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).
La licitación de la agencia, que se encuentra en Guatecompras bajo el NOG 7109547, ordenó acciones de responsabilidad social-empresarial como la construcción de una ciclovía, una escuela técnica para jóvenes, becas de estudio, construcción de pasarelas, bahías y paradas de autobuses, además de implementar el cobro de peaje a vehículos livianos y pesados.
Mientras el proyecto de ley se movió de forma rápida en el Congreso, la molestia de los vecinos de Escuintla por el incumplimiento de ofrecimientos pasados similares a los mencionados arriba, cuando se privatizó la autopista de Palín, en 1997, los llevó a presentar una acción de inconstitucionalidad. El recurso detuvo el avance de la propuesta y, durante algún tiempo, se pensó que había quedado archivada.
La victoria de los vecinos dio un completo giro tres años después. La discusión de la privatización recobró vida en el hemiciclo después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara a los diputados repetir la votación del tercer debate pues había quedado en duda si se había cumplido con el quórum en la sesión en la que se rechazó el proyecto de ley, en 2018.
Ese 25 de noviembre de 2021, 107 congresistas aprobaron la iniciativa para la “Rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje” a favor del Consorcio Autopistas de Guatemala, conformada por la empresa mexicana Marhnos y la guatemalteca Grupo Precon. El Ejecutivo aprobó, por su parte, la concesión y el negocio quedo formalizado a través de la escritura pública número 21, el 29 de marzo de 2022. Marhnos no es nueva en el negocio. Su empresa, Siva, fue la que ganó la privatización de la Autopista de Palín, Escuintla, una que vencerá el próximo 30 de abril tras 25 años del otorgamiento.
En tanto, el proyecto camino al puerto contempla la privatización de más de 40 kilómetros de carretera, con una inversión de Q600 millones y duraría 9 años en la fase de explotación. Quien transitara por ahí tendría que pagar un mínimo de Q15. El mismo sistema de peaje que tiene Siva.
La respuesta vecinal
La respuesta de la gente de San José ante el intento de privatización ha sido organizarse. Primero, presentando amparos para detener el proyecto, pero esta vez sin resultado alguno. Después con la creación de los “Defensores del Puerto San José”, una organización de sociedad civil conformada por jubilados, maestros, transportistas, hoteleros, amas de casa, las iglesias tanto católica como evangélica del lugar, entre otros.
Como conjunto, los defensores se dieron a la tarea de reunir más de 4 mil firmas, el equivalente al 10% de los empadronados de San José, para forzar a la comuna a realizar una consulta vecinal sobre un hecho que afectaría a todos los vecinos del municipio, según el artículo 64 del Código Municipal. Una maniobra que han aceptado fue un tanteo de cálculo pues desconocían la cantidad de personas empadronadas debido al hermetismo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 17 de enero de 2022, a través del acta 88-2022, la muni aprobó la realización del referéndum para el 19 de febrero de 2023. Los vecinos se sintieron consolados al saber que su alcalde, Marco Vinicio Najarro, también estaba en contra de la privatización y el peaje.
Así, se designó a cinco de los integrantes de la corporación municipal, a cinco de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y a cinco de la organización Defensores del Puerto San José, para que formaran la comisión específica que se haría cargo de planificar y organizar la votación.
Previo al 19 de febrero, durante un mes, vecinos y organizaciones de trabajadores aportaron carteles para hacer propaganda a la consulta, aspirantes políticos donaron las pancartas y fueron aceptadas cuando no portaban el logo de su partido, el cable local a través del canal diocesano, también difundió mensajes para invitar a los vecinos a empadronarse y a votar. Incluso el tema fue parte de los sermones dominicales.
De manera más reciente, las iglesias han sido un actor fundamental en el acompañamiento de las consultas de vecinos y las consultas comunitarias de buena fe a través de la Pastoral Social.
Algo que también ocurrió en Asunción Mita, Jutiapa, en donde la iglesia católica promovió mensajes de participación y resistencia comunitaria para oponerse al abuso al medio ambiente a puertas de la consulta municipal de vecinos que se celebró 18 de septiembre de 2022 y que obtuvo resultados exitosos contra la minería metálica.
El párroco de la iglesia católica de San José, Leonel Barahona, quien ha sido una de las figuras que ha acompañado lo que él llama “el despertar de la gente por el NO”, afirmó que el mensaje que ha esparcido es la defensa de los bienes comunitarios.
“No se hizo la consulta antes porque no dieron oportunidad a la gente de expresarse. No fue transparente. Esta es la oportunidad de la gente de despertar y que analicen por qué no debe de privatizarse la autopista. Esto ya no es una simple consulta sino que es la resistencia de la comunidad”, explicó.
A decir de Barahona, Escuintla es un punto estratégico, por su cercanía al mar y por ser un lugar turístico, para la inversión privada y eso casi siempre significa cerrar los espacios públicos y cobrar. Otro de los proyectos que el gobierno estudia otorgar sería el cierre de parte de la playa para permitir la construcción restaurantes y hoteles.
Del Puerto San José hasta la capital se moviliza entre el 70% y 80% de las mercaderías de importación y exportación, según han indicado los Defensores del Puerto San José. La privatización las encarecerá y eso agravará la economía del país tanto como si se hubiese aprobado un nuevo paquete fiscal que elevará los impuestos.
Una consulta sin el apoyo del TSE y con la ausencia de la empresa
El desarrollo de la consulta, desde el inicio, ha probado ser complicada por la falta de involucramiento del TSE. Esto fue denunciado como uno de los tropiezos del proceso tanto por la comisión específica como por los Defensores del Puerto San José. Por ejemplo, el TSE no entregó ni movilizó el mobiliario necesario para los centros de votación, tampoco dio insumos como las boletas u otros insumos, como tinta indeleble, lapiceros, marcadores, entre otros. Mucho menos cumplió con entregar el listado de empadronados impreso para cada mesa habilitada para la votación (27 mesas en total) sobre el cual se basaría el conteo de personas que conforman el municipio y que daría una pista de cuánta gente tendría que ser consultada.
Esta falta de interés del tribunal tuvo a la comisión a ciegas sobre el número exacto de empadronados en San José, sobre todo porque la cifra continuó creciendo días antes de la consulta, según confirmaron algunos vecinos quienes se empadronaron para poder votar en la consulta.
No fue sino hasta dos días antes del evento que la comisión alertó que les habían enviado el padrón electoral, pero era el de toda Escuintla. Las 48 horas antes del referéndum, los comisionados asumieron la tarea de depurar el listado para incluir únicamente a los vecinos de San José. Esa depuración llevó desvelos, pero al fin dio como resultado un total de 35 mil 001 habitantes.
Más tarde, los Defensores del Puerto San José contaron que el TSE envió el padrón municipal el 19 de febrero por la tarde-noche, cuando las boletas ya habían sido impresas, repartidas y la consulta no solo estaba en marcha sino que estaba por finalizar. Ahí indicaron que el número correcto era: 37 mil 44 habitantes. Por suerte, la municipalidad imprimió 12 mil boletas, esperando que fueran suficientes para, por lo menos, cubrir al 20% de la población residente en el puerto.
Por otro lado, la ausencia del Consorcio Autopistas de Guatemala fue otro punto que complicó el proceso. La comisión específica ha asegurado que invitó a la empresa a vigilar la votación y a colocar a sus fiscales en cada mesa, pero la compañía no apareció. Durante el desarrollo de la consulta, Prensa Comunitaria constató que en siete de los 18 centros de votación no hubo presencia de representantes de la empresa, y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) que vigilaba el evento, corroboró que en el resto de centros tampoco.
Otra dificultad que se reportó el día de la votación, aunque la comisión específica no tiene información certera, fue que al menos cinco buses, tres pertenecientes a los cañeros de la zona y dos a los empresarios de Transportes Transpacífico, movilizaron a personas fuera de San José hacia Taxisco, Santa Rosa.
En al menos dos centros de votación, la Escuela de la Aldea Arizona y en la Colonia La Libertad, ingresaron personas a tomar fotografías. Unas sin emitir su voto y otras después de hacerlo. En ambas ocasiones fueron expulsados por la policía que cuidaba del proceso.
La victoria del NO y la sombra de un requisito municipal
Quienes estaban en la casa parroquial, que funcionó como el centro de cómputo, cuando se cerraron las urnas de votación y se concluyó el conteo de votos, notaron preocupación en la cara de algunos comisionados presentes. Especialmente, de la corporación municipal, mientras otros se enfrascaban en preparar el comunicado que leerían en la conferencia de prensa en donde, finalmente, anunciarían los resultados.
Gilberto Pérez, presidente de la comisión específica, informó que 4 mil 734 personas de San José votaron por el “NO” contra la privatización y en contra del cobro de peaje y solo 54 votaron a favor, 64 boletas fueron declaradas nulas y 9 quedaron invalidadas. Dando un total de 4 mil 861 votos emitidos.
“Agradecemos la participación activa para defender su derecho democrático y ciudadano ante el desafío de la privatización de bienes que les corresponden al pueblo de Guatemala”, dijo Pérez. “Recuérdense que la soberanía radica en el pueblo. Lamentablemente, el sector empresarial y el Estado nunca han respetado esta soberanía porque no escuchan el clamor de la población cuando dicen que estos proyectos vienen a dañar mucho más la economía”.
“Esta es la primera consulta que se realiza contra una medida administrativa que niega el derecho de los ciudadanos a participar y ser consultados sobre la privatización de un bien público. En este caso, la autopista dañará gravemente la economía encareciendo la canasta básica e incrementará los índices de pobreza en Guatemala”, señaló José Urbina, del grupo de defensores de San José, en la conferencia de prensa.
La cifra de participación representa el 13% del total de la población empadronada en San José.
Ante la pregunta de cómo interpretar los resultados a la luz del artículo 64 del Código Municipal que refiere que para que sean vinculantes (representativos) los resultados debe de obtenerse la participación del 20% de los empadronados, para lo cual la consulta necesitaba superar los 7 mil 400 votos, Urbina contestó que aunque la cifra legalmente no es vinculante, sí lo es políticamente, pues “es un indicador del sentir del pueblo que tanto el gobierno como la empresa deberían de dar marcha atrás”.
Posterior a la conferencia de prensa, uno de los miembros de la organización de defensores comentó a Prensa Comunitaria que el porcentaje de participación fue similar al de las elecciones generales de 2019, en el que fue elegido el alcalde actual, Marco Najarro.
Sin embargo, la Memoria Electoral del TSE de 2019, refiere que, en las elecciones pasadas, Najarro fue votado por 9 mil 342 personas, un poco menos del doble de los votos obtenidos en la consulta del domingo pasado. Eso sin contar que más de 32 mil personas de San José asistieron a las urnas para emitir su voto.
El paso siguiente y una advertencia del “modelo de desarrollo”
Urbina ha dicho que pese a que no llegaron al porcentaje requerido en ley, continuarán presentando recursos legales de inconstitucionalidad y de lo contencioso administrativo para seguir defendiendo al territorio.
Julio González, del Colectivo Madre Selva, que ha acompañado varios procesos consultivos, señaló que lo que debe prevalecer es la opinión de la mayoría.
“Las consultas no son una invención del Código Municipal o del Convenio 169, sino que son un derecho ancestral en donde prevalece el criterio de la mayoría que es la base de la democracia”.
“Hemos notado que en todos los procesos se agotaron las consultas de buena fe. Las cortes han dicho que las consultas no son espacios para referéndum. O sea, nos arrebataron el derecho a decir no. Lo que propusieron es una mesa de negociación donde se puede negociar cualquier cosa menos decir no queremos”, enfatizó.
Recordó que “la legalidad ellos -los empresarios- la han construido. Cuando se les gana, como fue el caso de la consulta de Asunción Mita, implementan acciones legales para invalidar la consulta”.
Por otro lado, los gobiernos y la clase empresarial han contribuido a estigmatizar y criminalizar a quienes no apoyan “el desarrollo” que ofrecen. Para Julio González, este no es un modelo de desarrollo sino un modelo extractivo que “saca provecho a cualquier cosa donde salga ganando el capital extranjero”.
Y tiene razón. En la licitación que ganó el Consorcio Autopistas de Guatemala los únicos dos competidores eran extranjeros: de Italia, Anas International Enterprise y, de Países Bajos, Mota-Engil Latin America B.V.
“Hubo un cambio del modelo económico, pero no para el desarrollo del país y la evidencia está en que en 20 años de este modelo extractivo, que inició con la ola de privatizaciones de Álvaro Arzú y el Tratado de Libre Comercio, lo único que ha incrementado es la pobreza y la migración”, sentenció el activista de Madre Selva.
