Los magistrados del TSE han rechazado la inscripción de los binomios presidenciales del MLP y Podemos. Ambas agrupaciones han iniciado su batalla en las cortes nacionales e instancias internacionales. Mientras tanto, las postulaciones de candidatos vinculados a casos de corrupción, prohibición constitucional y narcotráfico no han tenido ningún obstáculo.
Por Isela Espinoza y Eslly Melgarejo
Desde la convocatoria de los comicios generales 2023, el primer mes para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha transcurrido entre impugnaciones y protestas de ciudadanos que reclaman elecciones transparentes. El descontento de la ciudadanía y sociedad civil aumenta con cada decisión que toman los magistrados de este Tribunal, entre ellas no inscribir a binomios presidenciales de la oposición, pero sí a candidatos con antecedentes de narcotráfico, corrupción u otros, incluyendo a los que tienen prohibiciones constitucionales.
El TSE recibió siete impugnaciones contra las candidaturas presidenciales de cuatro binomios: Zury Ríos y Héctor Cifuentes, de la coalición Valor-Unionista; Sandra Torres y Romeo Guerra, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Edmon Mulet y Max Santa Cruz, de CABAL y Roberto Arzú y David Pineda, de PODEMOS, de estas solo transcendió uno.
En este proceso electoral participan 29 partidos políticos. Hasta ahora han sido rechazas las candidaturas del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y del partido Podemos. Con dicha decisión se reducen los tiempos que ambas agrupaciones tienen para conseguir que, sus candidatos presidenciales sean inscritos previo al 24 de junio, en dónde se definirá quien o quienes van a la segunda vuelta electoral programada en agosto.
Según los argumentos del Registro de Ciudadanos del TSE, Jordán Rodas, candidato a vicepresidente del MLP tiene una denuncia por lo que, no cuenta con el finiquito vigente. Y en el caso de Roberto Arzú, candidato a presidente de Podemos, su inscripción fue rechazada por un recurso de impugnación presentado por el partido FCN-Nación, el cual llevó a Jimmy Morales a la presidencia en 2015.
Ambas agrupaciones ya han iniciado una batalla que los ha llevado a las cortes del país y a instancias internacionales, donde han denunciado la violación a sus derechos por parte de los magistrados del tribunal electoral. En ambos casos hay recursos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mismos que podrían elevarse a la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Cumplo los requisitos que la constitución señala para ser vicepresidente. No tengo ningún impedimento, pero hay incluso candidatos que son ministros de culto o hijas de genocidas y son inscritas”, dijo recientemente Rodas en una entrevista para CNN en referencia a la inscripción del binomio de Torres y Guerra cuyo candidato a vicepresidente fue ministro de culto, y a Zury Ríos, hija del jefe de facto, José Efraín Ríos Montt. El TSE argumentó la inscripción de ambas candidatas en el respeto a sus derechos humanos.
Frente a un fraude electoral la denuncia llega al sistema interamericano
El binomio presidencial de MLP, Thelma Cabrera y Jordán Rodas, ya se reunió con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos. La audiencia fue de carácter urgente.
En tanto, el candidato del partido Podemos también anunció su visita a Estados Unidos en donde denunció la violación de su derecho a participar en los comicios generales, ante integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras las candidaturas de estos dos partidos son rechazadas, la autoridad electoral ha aceptado la inscripción de listados a diputaciones y alcaldías, con candidatos a diputados de funcionarios y exfuncionarios, sancionados por Estados Unidos como actores corruptos y antidemocráticos bajo la Lista Engel y la Ley Magnitsky.
Ejemplo de esto, es que el Registro de Ciudadanos ya inscribió al diputado Allan Rodríguez, Felipe Alejos y la diputada Sofía Jeaneth Hernández. El pasado jueves, también se conoció la inscripción del actual alcalde de Ipala, Esduín Jerson Javier Javier, conocido como “Tres Kiebres”, quien ahora se postula como candidato a diputado por el partido Cambio de Manuel Baldizón, quien se declaró culpable en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), han expresado su preocupación debido a que, según señalan, estas elecciones se celebrarán “en un contexto de deterioro de las garantías de derechos humanos”, por lo que el proceso se vuelve crucial “para la frágil democracia guatemalteca” ya que las instituciones encargadas de garantizar los comicios “tienen poca independencia y credibilidad”.
La imagen del TSE ha sido cuestionada desde que en 2020 el Congreso nombró a los cinco miembros para el período 2020-2026, a través de un proceso impulsado por “intereses políticos”, según denunciaron diversas voces de la sociedad. Uno de los hechos relevantes fue el título falso de doctorado por parte del magistrado Ranulfo Rojas.
La denuncia ciudadana ya alcanzó la protesta, recientemente fueron tomadas las principales carreteras a nivel nacional, como una señal del cansancio y desconfianza en el proceso electoral y la autoridad del TSE por parte de la ciudadanía, especialmente por los pueblos originarios.
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