El Gobierno resaltó durante el Examen Periódico Universal (EPU), de la ONU, supuestos avances durante el gobierno de Alejandro Giammattei; pero representantes de los Estados señalaron que Guatemala debe garantizar la independencia judicial y proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Dos funcionarios señalados por Estados Unidos por vínculos en casos de corrupción, el diputado Boris España y el secretario del MP, Ángel Pineda, estuvieron en la delegación que representó al Gobierno.
Por Regina Pérez
Este miércoles, el Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, realizó el Examen Periódico Universal (EPU), en el que representantes de Guatemala expusieron las acciones que han tomado en materia de derechos humanos desde la última sesión, hace cuatro años. Sin embargo, los representantes de los Estados expresaron su preocupación por las amenazas al Estado de derecho, la criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas así como la alta tasa de violencia en contra de mujeres y niñas.
La delegación de Guatemala estuvo representada por integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y presidida por Alejandro Contreras, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). En la comitiva figuran el diputado Boris España, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), Silvia Patricia Valdés y el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, estos últimos con señalamientos por su afinidad a la alianza oficial en el país.
Contreras expuso que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei creó la COPADEH para fortalecer la institucionalidad de la paz y los derechos humanos, pero no mencionó que en esta administración se desmanteló toda la institucionalidad que se había creado a partir de los Acuerdos de Paz, firmados en 1999.
La representación del Ejecutivo informó sobre los avances del gobierno en materia de derechos humanos, sin embargo, estas intervenciones no fueron publicadas por el Gobierno en sus redes sociales.
Al finalizar la intervención, los representantes de los Estados hicieron recomendaciones al país.
Colombia recomendó implementar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2020, para reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación.
Actualmente, el Gobierno guatemalteco tiene tensiones con Colombia luego de que el Ministerio Público anunciara acciones legales contra Iván Velásquez, ministro de la Defensa de ese país, quien fungió como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el caso ODEBRECHT.
La República Checa solicitó al gobierno implementar sin demora una política pública para garantizar la protección de los periodistas y garantizar el derecho a la libertad de expresión y suprimir las restricciones impuestas a las organizaciones con la aprobación de la Ley de ONG, que entró en vigencia en 2021.
La delegación de Dinamarca manifestó su preocupación por el elevado número de agresiones a defensores de derechos humanos y la impunidad generalizada, por lo que recomendó que Guatemala renueve el mandato de la CICIG, ente que fue expulsado por el gobierno de Jimmy Morales, en 2019.
La representación danesa también recomendó garantizar el derecho al consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas en relación a las políticas, proyectos o leyes que les afecten, siguiendo con las normas de derechos humanos.
Según la representación del Estado guatemalteco, se han realizado cinco consultas a los pueblos indígenas: Xinka, por el proyecto minero El Escobal; Maya Ixil, por la Línea de Transmisión Uspantán Chixoy 2; al Kaqchikel, por el proyecto Progreso Derivada; y al Q’eqchi’, por las hidroeléctricas Oxec y la minera Fénix, en El Estor, Izabal.
“Estas dos últimas consultas han sido finalizadas con éxito”, señaló el Gobierno, no obstante en el caso de la minera Fénix, en El Estor, las comunidades Q’eqchi’ protestaron porque sus representantes no fueron tomados en cuenta y la población fue reprimida por fuerzas policiales, en octubre de 2021.
“Nos preocupan las amenazas al Estado de derecho”
La representante de Reino Unido, Rita French, señaló que en noviembre visitó Guatemala y se reunió con miembros de la sociedad civil y jueces que destacaron el contexto difícil en el que trabajan. “Nos preocupan las amenazas al Estado de derecho en Guatemala”, señaló. También resaltó que la criminalización constante de defensores de derechos humanos y miembros del sistema judicial es preocupante.
French agregó que observan un entorno cada vez más difícil para periodistas. “Instamos al gobierno a que proteja la libertad de los medios”, exhortó.
En 2022, según un monitoreo de Prensa Comunitaria, se registraron 161 casos de agresiones contra la prensa y restricción a la información. Entre los ataques está el acoso judicial contra periodistas en el que resaltan el exilio de Juan Luis Font, director del programa radial Con Criterio; el proceso penal en contra del periodista comunitario Carlos Choc; y el arresto de Jose Rubén Zamora, director de elPeriódico.
La delegación de Bélgica por su parte se refirió a la alta tasa de violencia contra mujeres y niñas, y recomendaron que el Estado de Guatemala aplique medidas efectivas y coordinadas de prevención de femicidios.
Por su parte, la representación de Alemania manifestó su preocupación por el aumento de la prisión política en Guatemala, la independencia de la judicatura y la situación de la libertad de expresión. “Recomendamos que se fortalezca el Estado de derecho y la independencia del sistema judicial, se fortalezca la labor de la sociedad civil para protegerla frente a la represión y el abuso de violencia”, indicaron.
En septiembre de 2022, varias organizaciones incluyendo la Fundación para el Debido Proceso, CEJIL, el American Jewish World Service, WOLA, enviaron tres informes para contribuir a este Examen Periódico Universal, en donde se refirieron al proceso de selección de magistrados de las altas cortes, los efectos en la independencia de fiscales del MP y la criminalización de los operadores de justicia.
La representante de Finlandia recomendó a Guatemala proteger a los miembros del sistema judicial, especialmente a jueces y fiscales, frente a la intimidación y amenazas y garantizar su inmunidad. La delegación de Francia se sumó indicando que la situación de los derechos humanos es preocupante, sobre todo con el cierre de la CICIG, y pidió a Guatemala tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia de la justicia.
Muchas de las recomendaciones de los Estados están relacionadas al difícil contexto en que se realiza el trabajo periodístico, a la situación de defensores de derechos humanos y operadores de justicia y de la violencia que sufren mujeres y niñas.
Funcionarios vinculados a la corrupción conforman delegación del Estado
En la delegación del Estado guatemalteco llamó la atención, la designación del diputado Boris España, quien dijo que han aprobado legislación en temas relacionados a la niñez, adolescencia, salud y nutrición.
El legislador no mencionó que el 8 de marzo los diputados aprobaron la ley Para la Protección de la Vida y la Familia, que elevaba las sanciones para el aborto y prohibía el matrimonio de personas LGBTIQ+, legislación que tuvo que ser archivada tras las protestas que desató.
Boris España es un congresista del partido TODOS que en 2021 fue designado públicamente por el gobierno de Estados Unidos por su participación en actos significativos de corrupción.
En representación del Ministerio Público (MP), estuvo Ángel Pineda, secretario general de la Fiscalía, quien también ha sido designado como un actor corrupto por el gobierno de Estados Unidos, junto a la fiscal general, Consuelo Porras, en septiembre de 2021.
Pineda resaltó que cuando se trata de denuncias de ciudadanos dirigidas contra periodistas, fiscales, jueces o magistrados, “el MP ha desarrollado protocolos que permita atender esos casos” y que son los jueces los que deciden sin importar la persona denunciada. El secretario agregó que se respeta el “debido proceso y la presunción de inocencia”.
En 2022, aumentó la persecución contra operadores de justicia en Guatemala desde el sistema judicial, hechos que han llamado la atención en varios informes internacionales. Más de 20 operadores de justicia, entre jueces y fiscales han tenido que salir del país debido a los procesos penales desde el MP.
Uno de estos casos ha sido el de la exfiscal Virginia Laparra, quien ha estado en prisión preventiva por casi 11 meses, acusada por el MP del delito de abuso de autoridad, en un proceso que su defensa indica ha estado plagada de irregularidades.
Pineda también destacó que tras la salida de la CICIG se incorporó la FECI al MP. Sin embargo, omitió que en 2021 la fiscal general, Consuelo Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, para evitar que dicha Fiscalía avanzara en investigaciones, que incluso, involucraban al presidente Alejandro Giammattei. En su lugar, Consuelo Porras nombró a Rafael Curruchiche, quien fue incluido en la Lista Engel de Estados Unidos en julio de 2022.
Por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estuvo presente la presidenta Silvia Valdés, quien junto a otros magistrados ocupa una magistratura que debió abandonar en 2019. Por los vicios registrados en esa elección, se suspendió la designación de las y los magistrados, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso elegir a los sustitutos de los actuales funcionarios, orden que se ha desacatado.
El Examen Periódico Universal (EPU) realizado en Ginebra, Suiza, es el cuarto examen al que se somete Guatemala para informar sobre los avances en las recomendaciones realizadas en evaluaciones anteriores.
Este examen es un mecanismo que implica la revisión periódica de la situación de derechos humanos de cada país y para informar de la situación actual en esa materia. Un grupo de Trabajo del EPU aprobará las recomendaciones de Guatemala el 1 de febrero, según información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
