La lista Engel del Departamento de Estado de EE.UU. incluye a varios empresarios guatemaltecos, al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y a otros funcionarios guatemaltecos involucrados en actos de corrupción.
Por Regina Pérez
Rafael Curruchiche, nombrado como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por la fiscal general, Consuelo Porras, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, fue incluido en la llamada lista Engel, el nombre coloquial con el que se conoce el listado de personas que se han involucrado en actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En dicho listado, que según ha constatado Prensa Comunitaria es oficial, aparecen varios funcionarios, jueces y empresarios guatemaltecos, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vitalina Orellana y Nery Medina; los empresarios Ramón Campollo, Ramiro López Camey y Steffan Christian Lehnhoff; la diputada Sofía Hernández y Curruchiche, entre otros.
Una de las principales consecuencias para los listados es que los inhabilita para obtener visas que les permitan entrar a los Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, Curruchiche fue incluido “Por obstruir investigaciones de actos de corrupción, al interrumpir casos de alto perfil (alto impacto) contra funcionarios y levantando aparentemente afirmaciones espurias contra fiscales de la FECI, abogados y exmandatarios de la CICIG”.
Nombrado en agosto de 2021 por la fiscal general Porras, tras la destitución de Sandoval, el fiscal ha armado casos en contra de fiscales y exfiscales de la FECI, como el de la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo y Eva Siomara Sosa, exsubjefa de la FECI, detenidas en febrero de este año, por un caso llamado Cooptación y Corrupción Judicial.
También emprendió un proceso penal en contra de las exfiscales de la FECI, Paola Escobar, Allis Morán Mejía y Willy Racanac, quienes investigaron el caso de cooptación de altas cortes en Guatemala, llamado Comisiones Paralelas. Escobar y Morán Mejía salieron libres por falta de pruebas.
Recientemente, la FECI decidió no apelar la resolución del juez Víctor Cruz, también incluido en la lista Engel este año, que resolvió cerrar el caso contra la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, por un caso de tráfico de influencias.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, opinó que la inclusión de Curruchiche en dicha lista implica que las autoridades de Estados Unidos han recabado información relacionada con los actos antidemocráticos del fiscal, que ha manifestado en sus funciones como jefe de la FECI, aprovechando su puesto y como lo indica la descripción en el listado: “cómo ha protegido a personajes involucrados en casos de gran corrupción y ha realizado actos de criminalización en contra de jueces, fiscales, exfiscales involucrados en la lucha contra la corrupción”.
Sandoval opinó que la inclusión de los funcionarios del MP son mensajes políticos y que reflejan la descomposición institucional del MP, llamado a averiguar la verdad y, que contrario a eso, se ha convertido en una catapulta para la descomposición de las instituciones democráticas de Guatemala.
Durante la gestión de Curruchiche se han debilitado varios casos que impulsó su antecesor. En junio, anunció que el convenio de colaboración eficaz con funcionarios brasileños de la empresa Odebrecht, ahora OEC, en contra del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quedó sin efecto.
Otro convenio de colaboración eficaz en el que solicitó su anulación fue el del exdiputado Edgar Cristiani, del Partido Patriota, en el caso: “Plazas Fantasmas en el Congreso”.
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, considera que la inclusión de Curruchiche es una censura a las acciones que han tomado desde el Ministerio Público (MP) tanto Porras como el jefe de la FECI.
Hace un año que el MP ha entorpecido y obstruido casos de altísimo impacto que venían en camino y se han dedicado a desmoronarlos, dijo Ibarra.
Para la directora de Pro Justicia, lo que las organizaciones han visto a lo largo de un año ha sido visto también por la comunidad internacional, en este caso por EE.UU., que ha decidido incluir al jefe de la FECI en la lista de funcionarios antidemocráticos y que fomentan la corrupción y la impunidad.
Además de Curruchiche, el año pasado Consuelo Porras, reelecta este año como fiscal general y el secretario del MP, Ángel Pineda, fueron incluidos en la misma lista.
Para Sandoval, en el último año la FECI lejos de avanzar en profundizar en las investigaciones de casos de corrupción, lo que se ha visto es que han protegido a personas señaladas en esos hechos y la persecución está dirigida contra personas que en su momento fueron servidoras públicas y que develaron actos de corrupción.
Tanto Sandoval, como la exfiscal general Thelma Aldana y la exjueza Érika Aifán, quienes están en el exilio junto a otros exfiscales y operadores de justicia, tienen denuncias en su contra en Guatemala y órdenes de captura. Jueces de Mayor Riesgo que se han quedado en Guatemala como Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul han sido denunciados con apoyo del MP que dirige Porras.
Según Ibarra, en el último año la FECI, bajo la conducción de Curruchiche, ha dado un giro total en el abordaje de casos asignados y lejos de fortalecer los procesos que ya estaban en marcha en tribunales, lo que ocurrió fue una ralentización de casos, el freno total de otros y el surgimiento de nuevos procesos contra exfuncionarios de la CICIG, fiscales y exfiscales de la FECI.
Lista también alcanza a empresarios que forman parte de “convergencia perversa”
La lista Engel hace referencia al listado de personas que, con conocimiento de causa se involucraron en actos que amenazan procesos o instituciones democráticas o que se han involucrado en corrupción significativa u obstaculizado investigaciones de dichos actos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Está amparada en la Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, impulsada por el excongresista demócrata, Elliot Engel.
El analista político Adrián Zapata señaló que con esta lista es evidente la posición de Estados Unidos en relación a la cooptación que ha sufrido el Estado guatemalteco.
Sin embargo, Zapata dijo que, con la publicación del documento, no es que el gobierno de EE.UU. se preocupe de la democracia guatemalteca, porque no es eso lo que demuestra la historia, pero sin duda, un Estado cooptado por todos esos poderes mafiosos y criminales es un Estado que no le es funcional a sus intereses.
En el documento aparecen los nombres de varios empresarios guatemaltecos, que pertenecen a las elites empresariales: Ramón Campollo, Ramiro López Camey y Steffan Christian Lehnhoff.
Campollo es propietario de Corporación de Energías de Guatemala, señalado de estar involucrado en corrupción por sobornar a funcionarios y de esa manera perjudicar las políticas comerciales de EE.UU. para mejorar la energía; López Camey es copropietario de la empresa de construcción Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), señalada de pagar sobornos y Lehnhoff es dueño de la empresa Corporación Energías de Guatemala.
Para Zapata, incluir a miembros de las elites empresariales, es positivo, “porque los empresarios que convergen perversamente en esta cooptación del Estado no pueden quedar impunes en eso”, indicó, al explicar que en Guatemala en la cooptación del Estado participan tres actores: las mafias político criminales, que son todos los políticos que acumulan poder a través de su relación del Estado, las élites empresariales y el crimen organizado.
En opinión de Sandoval, estar incluido en dicho listado tiene repercusiones a nivel internacional. “Son sanciones que tiene la suficiente fuerza documental que mucho dicen de la imagen del Estado de Guatemala, pudiera afectarles en lo personal, aunque hemos visto que han tratado de ignorar todas las señales que vienen desde fuera”, afirmó.
Agregó que también afectan al Estado de Guatemala en el sentido de que la actuación arbitraria de estos funcionarios hace que el Estado guatemalteco sea visto de manera negativa.
Zapata por su parte consideró que, al reelegir a Consuelo Porras como fiscal general, esa convergencia perversa dejó claro que está dispuesta a asumir todos los costos y que no modificará su comportamiento, a pesar de las condenas internacionales.
Están dispuestos a afrontar las consecuencias y lo que están haciendo es ese trabajo político de incidencia hacia los sectores ms reaccionarios del Partido Republicano, con la esperanza de que, con las próximas elecciones, cambie la correlación de fuerzas políticas en EE.UU. y que esas presiones que están teniendo de parte del Departamento de Estado, que está en manos de los demócratas, cese o disminuya, indicó.
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