El Ministerio Público de Consuelo Porras, señalada por Estados Unidos de funcionaria antidemocrática y corrupta, anunció órdenes de captura y persecución penal contra exfiscales e investigadores que desvelaron la corrupción en torno al gigante Odebrecht en Guatemala. La persecución incluye al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, comisionado de CICIG cuando se judicializó la investigación y en la actualidad ministro de defensa en el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La decisión de Porras ya provocó que Petro llame a consultas a su embajador en Ciudad de Guatemala.
Por Héctor Silva Ávalos
El caso de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción acusado en varios países de sobornar a funcionarios para obtener contratos de obras públicas ha vuelto a dejar en evidencia a la justicia en Guatemala, donde los implicados en los sobornos quedan libres y quienes investigaron a los corruptos hoy son perseguidos.
La tarde del lunes 16 de septiembre, Rafael Curruchiche, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), anunció por las redes sociales del Ministerio Público (MP) que una jueza había ordenado las capturas de la exfiscal general Thelma Aldana, la exsecretaria del MP Mayra Véliz, el exmandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) David Gaitán, y del abogado particular Juan Pablo Carrasco por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad, todos relacionados con la investigación Odebrecht.
Curruchiche también anunció que el MP “emprenderá las acciones legales correspondientes” contra Iván Velásquez, el exmagistrado colombiano que dirigió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala entre 2013 y 2018, periodo en que acompañó al MP en múltiples investigaciones de corrupción, incluida la de Odebrecht.
En su anuncio, Curruchiche explica que las órdenes de captura y la eventual investigación a Velásquez están basadas en correos electrónicos en que exinvestigadores de CICIG y funcionarios del MP, en el periodo de la fiscal general Aldana, intercambiaban sobre acuerdos de colaboración eficaz con funcionarios de Odebrecht en el marco de la investigación de la corrupción promovida por la empresa brasileña en Guatemala.
La ley guatemalteca contempla la figura del colaborador eficaz, en términos generales un miembro de una organización criminal que proporcione a las autoridades información para “evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud” o para, entre otras cosas, “identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla, menguarla o detener a uno o varios de sus miembros”. La figura legal entró en vigor en Guatemala en 2006, tras la aprobación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada previo a la llegada de CICIG al país el año siguiente.
Desde que asumió como jefe de FECI, el fiscal Rafael Curruchiche ha seguido un patrón similar al de Odebrecht en grandes casos de corrupción investigados por sus antecesores: criminalizar a quienes pactaron la colaboración eficaz y, a la par, favorecer a los otros miembros de las estructuras criminales denunciados por esos colaboradores en las investigaciones. Ocurrió en casos como La Línea y Cooptación del Estado, dos de los más importantes en la historia judicial de Guatemala, en el caso Tigo y en el conocido como Plazas Fantasmas.
Sin embargo, el MP de Porras y Curruchiche no se había atrevido con Iván Velásquez, el exjefe de CICIG. Hasta ahora. El anuncio de que la fiscalía guatemalteca se dispone a perseguir a Velásquez, en la actualidad ministro de defensa en el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, generó la reacción inmediata de Bogotá.
Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitirimos que la corrupción lo persiga.
Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2023
El mismo día de lo anunciado por el MP, Petro publicó en su cuenta de Twitter: “Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”. En el mismo tuit, el presidente anunció que ha llamado a consultas a su embajadora en Guatemala.
De acuerdo con un exfuncionario diplomático latinoamericano de alto nivel consultado por Prensa Comunitaria, llamar a un embajador a consulta es el paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas. “Es una señal de fuerte deterioro de las relaciones. Es un paso previo a la ruptura si el deterioro sigue escalando… Por ejemplo, luego puede venir la expulsión (de diplomáticos) y luego una ruptura, que también se puede dar simultáneamente”, dijo.
En declaraciones posteriores Petro adelantó que la ruptura es un escenario probable si el MP guatemalteco insiste en criminalizar a Velásquez. “Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”, dijo a medios colombianos.
La respuesta del presidente Giammattei se dió al mediodía de este martes cuando dijo a una agencia de noticias de España: “Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática”.
Juan Pappier, subdirector adjunto para América de Human Rights Watch (HRW), cree que “no tiene mayor sentido” tomar en serio la investigación del MP de Guatemala. En su cuenta de Twitter, Pappier invitó al presidente Petro a “promover que los gobiernos democráticos de la región… condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala”. Esto, dice, “no es sobre Iván Velásquez. Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los derechos humanos”.
El gobierno de Biden también se pronunció. “Estoy perturbado por las órdenes de arresto contra individuos que trabajaron para asegurar que hubiese rendición de cuentas por la corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Estas acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala”, tuiteó Brian Nichols, subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado en Washington.
Iván Velázquez también reaccionó al intercambio de los presidentes de Colombia y Guatemala a través de su cuenta de Twitter agradeciendo a Gustavo Petro sus muestras de solidaridad y confianza y, al mismo tiempo, agregó: “Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”.
Libres los acusados de recibir sobornos
David Gaitán, el exmandatario de CICIG que investigó la corrupción de Odebrecht en Guatemala y a quien el MP ha ordenado capturar, entiende que la persecución es “espuria y absurda”. “Me persiguen penalmente por estar copiado en correos electrónicos de lo que, por otra parte, son conversaciones transparentes, legítimas y en ley. El acuerdo de colaboración, además, fue ratificado en una audiencia convocada por la juez contralora del caso y avalada por la Corte Suprema de Justicia”, dice Gaitán en un comunicado que publicó luego del anuncio del fiscal Curruchiche.
Para el exmandatario de CICIG, lo que el MP de Porras pretende es limpiar de culpa a quienes resultaron embarrados con la corrupción de Odebrecht. “Es evidente que lo que pretende el Ministerio Público es privilegiar a actores que recibieron más de 20 millones de dólares en sobornos y detener las investigaciones ya adelantadas en contra de otros responsables”, asegura en su comunicado.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de FECI y también perseguido por el MP de Porras, coincide: “Pretenden legitimarse, decir que ellos persiguieron la corrupción de Odebrecht, pero lo que hicieron fue destruir la investigación”, dijo a Prensa Comunitaria.
Hechos recientes y decisiones del MP parecen dar la razón a Sandoval y Gaitán. El 11 de enero pasado salió de la cárcel Manuel Baldizón, implicado en el escándalo Odebrecht tras pagar una fianza de unos USD230,000. Continuará en arresto domiciliario.
Baldizón es un excandidato presidencial condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del narcotráfico, algo que él mismo confesó. Un juez del distrito sur de la Florida lo condenó a 50 meses de prisión, parte de los cuales cumplió en una prisión de máxima seguridad en el estado de Georgia. La justicia estadounidense, sin embargo, liberó a Baldizón antes de que cumpliera la pena.
Una fuente cercana a la fiscalía guatemalteca, que habló con Prensa Comunitaria con condición de anonimato por seguridad, aseguró que pronto será liberado también Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones en el gobierno de Otto Pérez Molina, cuyo testimonio fue clave en la investigación al expresidente y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Sinibaldi, el principal acusado de recibir sobornos de Odebrecht, también fue favorecido con arresto domiciliar en diciembre pasado.
Antes de eso, el MP de Porras y Curruchiche había logrado que el juez Luis Fernando Archila Lima, anulara los testimonios de Luis Antonio Mameri y Marcos de Cerquira Lima Machado, dos operadores brasileños de Odebrecht que explicaron a CICIG y los fiscales guatemaltecos, en tiempos de la fiscal general Aldana, cómo funcionado la corrupción en Guatemala.
El juez Archila Lima fue nombrado en julio de 2022 para sustituir a Erika Aifán, la jueza a la que el MP de Porras también ha perseguido. Archila Lima fue arrestado en 2008 por posesión de drogas cuando era jefe de Aeronáutica Civil en Puerto Barrios, Izabal uno de los enclaves del narcotráfico en Guatemala. No es el único funcionario señalado en la trama Odebrecht.
Porras y Curruchiche, han sido señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como funcionarios antidemocráticos y corruptos. De Porras, Washington ha dicho que “repetidamente ha obstruido y malogrado investigaciones de corrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos… El patrón de obstrucción de justicia de Porras incluye ordenar a sus subordinados en el MP ignorar casos por consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan actos de corrupción”.
Rafael Curruchiche es uno de los subordinados más fieles a Porras. De él también ha dicho el Departamento de Estado lo mismo que dijo David Gaitán, el exmandatario de CICIG perseguido: que monta investigaciones espurias para favorecer a los corruptos. “Obstruye investigaciones de actos de corrupción malogrando investigaciones de alto perfil a funcionarios corruptos y montando casos aparentemente espurios contra investigadores de FECI, abogados particulares y exinvestigadores de CICIG”, dijo el Departamento de Estado en julio de 2022 al describir a Curruchiche cuando lo incluyó en la llamada Lista Engel.
La jueza que autorizó la captura de Gaitán, Aldana y los demás por el caso Odebrecht también ha sido señalada de cometer crímenes y fue investigada por CICIG. En abril de 2015, la comisión y el MP pidieron un antejuicio a la jueza Carol Patricia Flores, quien autorizó la persecución solicitada por Curruchiche contra los investigadores de Odebrecht, por sospechas de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes.
Rafael Curruchiche, Consuelo Porras, Fernando Archila Lima y Carol Fuentes. Sobre todos ellos pesan señalamientos de corrupción y otros crímenes. Ellos le han dado vuelta a la investigación Odebrecht en el ejemplo más reciente del nuevo patrón de la justicia guatemalteca: perdonar al implicado y perseguir al que investigó. Esta vez, el afán ya ha generado un incidente internacional con Colombia.
