El presidente Alejandro Giammattei presentó su tercer informe de gobierno, en el cual destacó supuestos logros en áreas de inversión social, crecimiento económico y combate a la corrupción. No obstante, en 2022, según análisis independientes, Guatemala experimentó el debilitamiento de su democracia y un retroceso en las condiciones de vida de la población y los derechos humanos.
Por Regina Pérez
Este 14 de enero, el presidente Alejandro Giammattei cumple tres años en el cargo. Cada vez que llega esta fecha, tradicionalmente, el mandatario rinde un informe al Congreso de la República, en donde resalta los logros de su administración que, en 2022, a nivel nacional e internacional fue señalada por retrocesos en la lucha contra la corrupción y los derechos humanos, sobre todo por una evidente regresión autoritaria y el debilitamiento de la democracia.
Este año, el informe fue enviado por escrito al Congreso de la República y en un acto realizado en horas de la tarde en el Palacio de la Cultura, acompañado de sus ministros y con la presencia de personajes como el embajador de Estados Unidos, William Pop, el procurador de Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Giammattei rindió informe del tercer año de su gobierno, en el que habló de logros como crecimiento económico, recaudación de un 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inversión en áreas sociales como educación, combate a la desnutrición y vivienda.
De vez en cuando, su discurso era interrumpido por aplausos. “El combate a la corrupción ha sido prioridad en este gobierno”, fue una de las frases que lanzó el mandatario. No obstante, la imagen que existe, a nivel nacional e internacional es otra.
Si bien analistas coinciden en que el país ya experimentaba un deterioro de sus instituciones desde 2012, con el descenso de algunos indicadores, esta precariedad se agravó durante la gestión de Giammattei, quien llegó a la presidencia el 14 de enero de 2020, tras ganar las elecciones generales de 2019.
A nivel internacional, existe la percepción de que el presidente y sus aliados contribuyeron a profundizar el deterioro de la democracia en Guatemala, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, señala un reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW), el cual resalta que en 2022 hubo dos designaciones clave que no fueron justos ni transparentes: la reelección de Consuelo Porras como fiscal general y la designación del procurador de Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova.
Al frente del Ministerio Público (MP), Porras inició una persecución penal en contra de fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), abogados que trabajaron con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y jueces. Dos de ellos, Érika Aifán y Miguel Ángel Gálvez tuvieron que salir al exilio.
En febrero de ese año fueron detenidas la abogada y la exmandataria de la CICIG, Leily Santizo y la exfiscal Eva Xiomara Sosa.
También se giraron órdenes de detención en contra de fiscales y exfiscales de la FECI que investigaron el caso Comisiones Paralelas 2020, que develó el amaño en la elección de magistradas y magistrados de las altas cortes.
Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, también fue aprehendida en febrero y trasladada a la ciudad capital, siendo la primera exfiscal de la FECI en ser condenada en diciembre pasado; además, continúa en prisión preventiva por otro caso en su contra, reactivado por el MP. Su caso, según organizaciones de derechos humanos y abogadas, ha estado plagado de irregularidades.
El 16 de mayo de 2022, Giammattei reeligió a Porras como jefa del MP, pese a los cuestionamientos en contra de la fiscal general, quien en 2022 fue incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Según el Informe Mundial de HRW, el proceso de selección en el que fue electa Porras se distinguió por varios intentos de las autoridades y otros actores, de erosionar la imparcialidad e independencia del proceso.
Human Rights Watch resaltó que, en enero de 2022, Porras abrió investigaciones arbitrarias en contra de la entonces jueza Érika Aifán, quien llevaba casos de alto perfil en los que presuntamente estaba involucrado el presidente Giammattei.
En febrero, el medio digital salvadoreño El Faro publicó las declaraciones de un testigo protegido quien, en un testimonio, que estaba bajo resguardo de la jueza Aifán, dijo que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, negoció un aporte de 2.6 millones de dólares para la campaña de Giammattei, en las elecciones de 2019.
Hasta la fecha el MP no ha presentado avances de la investigación en contra del presidente, pero sí una denuncia contra Aifán por filtración de información.
Eddie Cux, de la organización Acción Ciudadana, dijo, desde que Giammattei asumió el poder en 2020 llevó a cabo varias acciones que dejaron en “ruinas” la democracia del país.
Entre estas enlistó la aprobación de la Ley de Oenegés, que limita la libertad de asociación, los ataques a la prensa, la influencia del presidente en el Congreso para promover legislación regresiva y la represión en contra de la población que manifestó en contra de acciones como la aprobación del Presupuesto 2021, la elección de fiscal general y la criminalización de personas que luchan contra la corrupción.
Cux destacó que el gobierno de Giammattei ha sido el principal actor que ha aglutinado a personajes oscuros y que en este año electoral plantea una amenaza para la democracia que busca consolidar un gobierno en que las mafias gobiernan, mientras que a las y los ciudadanos se les limitan los derechos.
Se fortalecieron las redes de corrupción
El analista político Renzo Rosal resaltó varios rasgos de los tres años de gestión de Giammattei, afectado por factores externos como la pandemia de COVID-19, y que se caracterizó por el fortalecimiento de las redes de corrupción y de contar con una gran cantidad de recursos públicos, que no han estado orientados a la población sino para gastos de funcionamiento y para aceitar estructuras de corrupción.
En noviembre pasado, el Congreso aprobó el Presupuesto 2023, de Q115 mil 443.7 millones, uno de los más altos de la historia del país, el cual según analistas, no está enfocado en priorizar las necesidades de la población sino beneficiar a instituciones que puedan ser utilizadas para elevar la imagen de candidatos del partido oficial en las elecciones de 2023.
Rosal también destacó el debilitamiento de la institucionalidad pública, con la intención de controlarla, para que todas las decisiones de carácter autoritario se fortalezcan. Un tercer rasgo es la afectación de los derechos humanos, que se observa con el incremento de la inseguridad alimentaria, la criminalización y más pobreza.
“Esa no es solo responsabilidad del gobierno, pero tratar de paliarla y enfrentarla sí es su responsabilidad”, dijo el analista.
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Uno de los factores que podría haber afectado la gestión de Giammattei fue la pandemia de la COVID-19 que apareció en Guatemala en marzo de 2020. La analista Karin Slowing, de Laboratorio de Datos, dijo que el país ya traía un deterioro institucional y que con la pandemia era difícil generar políticas y programas e implementarlos.
No obstante, Slowing consideró que el Gobierno no tuvo problemas en avanzar en las políticas que sí les interesaban, como los temas económicos, donde movieron su agenda o el impulso del trabajo parcial. Durante la pandemia, si a algo se dedicaron no fue a salvar vidas sino a salvar la economía, indicó.
La emergencia sanitaria de COVID-19 dejó 20 045 fallecidos, según datos del Ministerio de Salud hasta el 13 de enero de 2023. El fracaso del Plan Nacional de Vacunación se reflejó en cinco municipios de 340, que apenas llegaron al 70 por ciento de su población vacunada, de acuerdo con un informe de Laboratorio de Datos de noviembre de 2022. La vacunación se concentró principalmente en áreas urbanas y no llegó a la población indígena, rural y pobre, además de la opacidad en la compra de dosis de la vacuna Sputnik al gobierno de Rusia.
Retroceso en derechos humanos y lucha contra la corrupción
En junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual, que incluyó a Guatemala en la “lista negra” de países que violentan los derechos humanos, junto a naciones como Venezuela y Nicaragua. Dicha inclusión molestó al gobierno de Giammattei quien señaló que el mismo carecía de rigor jurídico y que tenía un sesgo ideológico.
En tanto, en la lucha contra la corrupción, que inició en 2015, cuando la CICIG y el MP comenzaron a develar casos de corrupción donde estaban involucrados altos funcionarios del Estado, se dieron varios pasos atrás. Varias de las personas y funcionarios que fueron ligados a proceso y llevados a la justicia han salido de prisión, revirtiendo las condenas y los casos en su contra.
Un ejemplo de esto fue el caso de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, quien había sido separada del cargo y enfrentaba un proceso penal por tráfico de influencias, luego de haber sido denunciada por el juez Carlos Ruano, de querer influir en un caso que afectaba a su hijo Otto Molina Stalling. En septiembre de 2022, Stalling fue reinstalada en la CSJ.
Exdiputados del Congreso que fueron llevados a la justicia por plazas fantasma también fueron beneficiados con el cierre de sus procesos; acusados por corrupción, como Manuel Baldizón, expresidenciable del desaparecido partido LÍDER y el exministro Alejandro Sinibaldi, han podido salir de prisión con medidas sustitutivas.
En el Índice de Percepción de la Corrupción que publicó Transparencia Internacional en 2022, Guatemala se ubicó en el puesto 150 de 180 países evaluados. Eddie Cux de Acción Ciudadana comentó que en los últimos 10 años ha habido un retroceso en la lucha contra la corrupción, pero principalmente en los últimos tres años del gobierno de Giammattei.
Guatemala ha caído en los últimos lugares, junto a países como Venezuela, Nicaragua y Haití. En los rankings mundiales se puede observar que la democracia y la lucha contra la corrupción no son prioridad para el gobierno, señaló Cux.
Según Slowing, el país retrocedió y se estancó en varios indicadores, pero que no hay cómo medir estadísticas, puesto que en este Gobierno no se actualizaron los datos.
A nivel internacional, el país es percibido como poco fiable, con retrocesos en el estado de derecho, la democracia, la institucionalidad y el combate a la corrupción. “Más allá de los indicadores somos un actor no confiable en la escena internacional”, según Rosal.
Ataques a la libertad de expresión
Organizaciones como HRW han señalado que Giammattei, junto a Porras han generado un clima hostil para el periodismo independiente. Varios periodistas han sido criminalizados por la vía judicial, entre ellos Carlos Choc, corresponsal de Prensa Comunitaria, por cubrir hechos relacionados con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que opera con impunidad en El Estor, Izabal.
También destacó el caso del periodista Jose Rubén Zamora, presidente del medio elPeriódico, quien fue detenido el 29 de julio, bajo cargos de lavado de dinero.
Perspectivas para el año electoral
En 2023, Guatemala se prepara para un nuevo evento electoral, en el que se elegirá al presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y 340 alcaldes a nivel nacional.
Esta elección se llevará a cabo en medio de un “alineamiento” donde las instituciones del sistema de justicia y el Ministerio Público están subordinadas al presidencialismo, según Rosal. Aunque este no es nuevo en Guatemala, se fortaleció en esta gestión.
Sectores como el movimiento universitario en resistencia al fraude electoral registrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en 2022, se han pronunciado ante un posible fraude en las elecciones generales, señalando que lo sucedido en dicha casa de estudios puede ser el preludio de lo que sucederá en el evento electoral.
Con la proclamación de Luis Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC y excandidato a rector de esa casa de estudios como vicepresidenciable del partido oficial VAMOS, también se observan con mayor claridad los vínculos entre Giammattei y las mafias que avalaron el fraude en la USAC.
Más que un fraude, para Cux el oficialismo usará los recursos públicos que tiene a su disposición para influir en los resultados de las elecciones. “Dentro del círculo de corrupción se encuentra ese manejo presupuestario que va destinado a entidades de Gobierno como el Ministerio de Desarrollo, de Agricultura, los Consejos de Desarrollo, el Ministerio de Comunicaciones, que si analizamos como se manipuló el Presupuesto del 2023, creemos que es donde más recursos van a invertir y eso se destinará a la compra de votos”, concluyó.
