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Las necesidades de la población fueron olvidadas en el presupuesto más alto de la historia del país

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Créditos: Nelson Chen
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

“Lo que tenemos es un país en el que desde el año pasado viene aumentando la crisis alimentaria, entre 4 millones de guatemaltecos y guatemaltecas; por otro lado, es poco el presupuesto, mal ejecutado y sin pertinencia cultural”, Miriam Suyuc

Por Simón Antonio Ramón

El presupuesto general de la nación para el 2023 será de Q115 mil 443.7 millones. Fue aprobado el 9 de noviembre con 114 votos de diputadas y diputados vinculados al oficialismo. A pesar de ser el más alto de toda la historia, su distribución no contempla, por ejemplo, la reducción de la pobreza en el país, que afecta al 59 por ciento de la población, según el último Informe de Desarrollo Humanos (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en julio de este año.

El presupuesto se aprobó en la antesala de un proceso electoral que será convocado oficialmente en las primeras semanas de enero de 2023, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que analistas y diputados señalan que la bancada oficial y sus aliados en el Congreso asignaron rubros para instituciones que en el año electoral pueden servir para elevar la imagen de candidatos a diputaciones o alcaldías del partido Vamos, pero también para que el partido busque la reelección a la presidencia, pese a que ninguna organización política lo ha logrado desde el regreso a la era democrática, en 1985.

La distribución del presupuesto demostró que las mayores asignaciones constitucionales se concedieron a instituciones autónomas del Organismo Ejecutivo que, a lo largo de los dos últimos años de  gobierno, han sido complacientes con la presidencia que, por otro lado y como se ha visto en algunos casos, han generado un contexto de criminalización contra operadores de justicia que ha obligado al exilio a fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos y jueces; como el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, que presentó su renuncia al Organismo Judicial el pasado 15 de noviembre.

Un error técnico que mantiene deudas  

El presupuesto que fue aprobado tuvo tres momentos: el monto presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el 1 de septiembre, que fue de Q112,294.80 millones; y Q113 mil 931.7 millones, el monto dictaminado por la Comisión de Finanzas y Moneda, presidida por el diputado oficialista Cándido Leal. El pleno terminó aprobando Q115 mil 443.7 millones.

Foto: Congreso de la República.

Desde la presentación del presupuesto se señaló un error en la estimación de la recaudación de impuestos, pero no se corrigió completamente al ser aprobado. Este mismo error se cometió el año pasado, por eso, el Congreso fue inflando los presupuestos de diferentes ministerios e instituciones de manera discrecional.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señaló que el Ministerio de Finanzas Públicas presentó el proyecto con la estimación de Q 84.6 mil millones de recaudación fiscal, cuando debería ser de Q92.4 mil millones siguiendo la tendencia de la recaudación de este año, que es mayor a la que se había proyectado. “Esta proyección lo que provoca es pedir más deuda, de la más cara, conocida como bonos del tesoro, porque no se completa la recaudación”, explicó en entrevista a Prensa Comunitaria el economista Ricardo Barrientos, actual director interino del ICEFI.

Para Barrientos, la deuda con bonos del tesoro es más cara porque se adquiere con bancos nacionales que se pagan en un plazo de tres a cuatro años con intereses superiores al 5 por ciento. Contrario a lo que ocurre con préstamos de entidades multilaterales que se adquieren con un plazo de pago de 20 a 30 años con intereses inferiores al 5 por ciento.

El diputado Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, e integrante de la Comisión de Finanzas y Monedas del Congreso, dijo que el presupuesto mantiene deudas que debieron eliminar con la corrección que se hizo en la estimación de la recaudación. Cuando aumenta la meta de recaudación lo lógico es que disminuya la deuda, porque ya no es necesario endeudarse, porque los recursos saldrían de un esfuerzo extra que va a hacer la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), señaló el diputado.

Las asignaciones que priorizaron financiamiento electoral

A pesar de que más de la mitad de la sociedad guatemalteca vive en condiciones de pobreza, el gobierno priorizó el gasto en proyectos de infraestructura, en contraste con la desatención de la reducción de la pobreza y la desnutrición que afecta a la niñez guatemalteca.

Para este año el 68.1 por ciento del presupuesto se destina para el funcionamiento del Estado, el 17.6 por ciento para inversión pública, aproximadamente unos Q20 mil 316 millones; y el 14.4 por ciento para el pago de deuda pública, informa el Congreso en su portal web.

Dos ministerios que pueden mostrar el contraste de este presupuesto son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Además, en sus unidades ejecutoras hay rubros asignados para el año electoral.

El MAGA tiene un presupuesto vigente para este año de Q1 mil 607.4 millones y para el presupuesto del año electoral se le recortó a Q1 mil 514.2 millones. Hasta el 31 de octubre solo ha ejecutado el 65 por ciento de su presupuesto.

Mientras que el Ministerio de Comunicaciones tiene un presupuesto asignado para este año de Q 8 mil 593.7 millones, que hasta finales de octubre había ejecutado el 60 por ciento, en dos meses ejecutó el 22 por ciento, más de la tercera parte porque hasta agosto sólo había ejecutado el 38 por ciento.

En los dos casos, ningún Ministerio devolverá el presupuesto que no se ejecutó al fondo común del Estado, el dinero que no gastó este año lo podrá utilizar en el año electoral; la permisividad la establecen las reformas a la Ley del Presupuesto vigente este año, a través del decreto 30-2022 aprobado el 31 de mayo.

El otro rubro que aumentó su asignación fue el destinado a las instituciones que no dependen del Organismo Ejecutivo, como el Organismo Judicial (OJ), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los Consejos de Desarrollo y otras; se les asignó un presupuesto de Q40,114 millones con un aumento de Q4 mil 485 millones.  En el caso de los Consejos de Desarrollo podrán ejecutar para el 2023 el presupuesto del 2022.

Otro de los matices del presupuesto es la asignación a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que recibe su partida del presupuesto del Congreso, para este año se le asignaron Q225 millones, un aumento de Q125 millones. Esta diferencia contrasta con el presupuesto asignado en la gestión del exprocurador Jordán Rodas Andrade, que no pasó de Q100 millones, durante 2020 y 2021.

Los Consejos de Desarrollo, tanto el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR), Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y sus niveles locales, ejecutarán una presupuesto de Q600 millones de quetzales, que provienen de la Gran Cruzada contra la Desnutrición, que antes era ejecutado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). Fueron asignados Q40 mil 114 millones para cubrir la deuda pública con un aumento del 12 por ciento, que el año pasado cuando fue de Q35 mil 628 millones.

Fuente: ICEFI. Hasta el jueves 17 de noviembre, el Congreso no ha publicado el decreto 54-2022, Ley del Presupuesto de 2023.

Un presupuesto alejado de la atención a demandas urgentes

La analista Miriam Suyuc, del Instituto por la Democracia de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), dijo que el MAGA tiene poco presupuesto, pero enfrenta problemas de baja ejecución y se han priorizado rubros para el asistencialismo en dos programas, en el año electoral, “el programa de asistencia alimentaria que tiene que ver con esas raciones de alimentos que entrega y para el próximo año se institucionaliza el programa de estipendios que consta de Q1 mil para campesinos o agricultores que demuestren que han hecho un tipo de trabajo para la conservación del suelo”.    

El presupuesto asignado para 2022 no responde a las necesidades de la población con mayor índice de pobreza, que está localizada en los departamentos de Alta Verapaz y Sololá, que tiene más familias en situación de pobreza y pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014.

En estos casos, señala Suyuc, el gobierno solo asiste a las comunidades en tiempos de crisis nunca llega o cuando las comunidades son afectadas por las plagas y huracanes, a parte la pobreza que aumentó con la pandemia de Covid19. “Lo que tenemos es un país en el que desde el año pasado viene aumentando la crisis alimentaria, entre 4 millones de guatemaltecos y guatemaltecas; por otro lado, es poco el presupuesto, mal ejecutado y sin pertinencia cultural”, afirmó la analista.

La analista consideró necesario que se retomen los planteamientos de los Acuerdos de Paz para una infraestructura fiscal y se prioricen las demandas de la población. “Hoy lo que tenemos es un presupuesto para obra gris, es increíble pasar por este país viendo cómo está el deterioro de las carreteras, en muchos lugares haciendo parches, pero es la prioridad de este gobierno”, afirmó Suyuc.

El analista Marvin Flores, de Acción de Ciudadana, señaló que la Ley de este presupuesto contradice dice a la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece mecanismos de la ejecución, control y fiscalización, pero el presupuesto recién aprobado “deja mucha libertad a las instituciones para decidir en qué tema pueden realizar ampliaciones presupuestarias o en el tema de reglones dejar de ejecutar en un punto y trasladarlo a otro, eso nunca se ha dado, antes había un proceso”, dijo el analista.

El analista comentó que todas las modificaciones que ha impulsado el gobierno y su bancada en el Congreso plantean acumular votos con candidatos del partido Vamos. “Toda la estrategia de la ley de contrataciones presupuesto van dedicada a financiar obras de alcaldes para asegurar un caudal electoral para el partido Vamos”.

A decir del diputado Samuel Pérez, el oficialismo no guardo las formas de cómo financiar su campaña en el año electoral. “La parte de campaña la podemos ver en dos asignaciones, una de casi 40 mil millones para el rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro porque ahí va el dinero para oenegés vinculadas directamente a diputados, y la que va para consejos de desarrollo” señaló el diputado.

El impacto de la aprobación de este presupuesto en la cotidianidad se puede observar en la ausencia de servicios como mantenimiento de los precios actuales, pero se prevén el próximo año variaciones en la inflación, que puede elevar los precios de productos de consumo diario.

“El problema de estos recursos son los que priorizan explícitamente las políticas, a dónde se va el dinero, en un momento muy difícil, creo que se ha mencionado poco el impacto que va a tener la inflación el próximo año, de 9.7 por ciento, lo que significa que el precio de los productos va a subir un 10 ciento”.

El analista Flores destacó que si hubiera una buena ejecución, la cantidad aprobado atendería las necesidades de la población, pero el dinero que pagamos no se traduce en servicios. “Afecta porque nosotros somos los que pagamos el presupuesto, no importaría que sean Q115 mil millones, pero primero que se ejecute con tiempo, segundo con calidad, toda la red vial está hecha pedazos”, concluyó el analista.

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