Tras monitoreos periódicos y una denuncia de la diputada, Ana Lucrecia Marroquín, la Procuraduría de los Derechos Humanos, resolvió que la ministra de Educación, Claudia Patricia Ruiz Casasola es responsable de violentar el derecho humano a la educación de la niñez y adolescencia que asiste a establecimientos del sector público.
Por Simón Antonio Ramón
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) emitió una resolución en la que señala a la ministra de Educación, Claudia Patricia Ruiz Casasola, como responsable de la violación del derecho humano a la educación de la niñez y adolescencia del sector público, al no garantizar condiciones de bioseguridad y acceso a internet durante las clases virtuales y el regreso a clases presenciales, en el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19.
En la resolución, la PDH indica que la ministra no garantizó las medidas sanitarias para el regreso de las y los estudiantes a clases presenciales. Según la Defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, María Natividad Caba Mateo de Ruiz, realizan monitoreos constantes a nivel nacional sobre la situación de la niñez y adolescencia; el año pasado se hizo un informe del derecho a la educación y también hubo una denuncia de la diputada Ana Lucrecia Marroquín, el 22 de junio de este año.
“Señalar como responsable de dicha violación a la ministra de Educación, Claudia Patricia Ruiz Casasola, en virtud de no garantizar en su totalidad, las medidas de bioseguridad que permitan un regreso a clases y de esa forma garantizar su desarrollo socioemocional, su aprendizaje y las condiciones óptimas para resguardo del estudiante en las instalaciones del establecimiento”, resolvió la PDH.
A decir de Caba Mateo, se abrió un expediente al Ministerio de Educación, y como parte de este, se investigó la situación en las áreas rurales, en las que verificó que no se garantizó internet y energía eléctrica, se tuvieron que implementar mecanismos de clases híbridas y clases por turnos.
En la resolución de la institución, que aún dirige Jordán Rodas Andrade, se hacen cinco recomendaciones a la ministra, que debe implementar para subsanar las violaciones que ha cometido la cartera gubernamental bajo su responsabilidad.
Desde crear un programa para que los establecimientos tengan un presupuesto suficiente para la compra de insumos de medidas de bioseguridad; que tengan personal suficiente para mantenimiento; garantizar el acceso al agua potable; gestionar el mantenimiento estructural de las escuelas; y realizar verificaciones periódicas en las escuelas para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
La ministra de Educación, Claudia Ruiz, fue directora general de Gestión de Calidad Educativa durante el periodo de la exministra Cyntia del Águila, en el gobierno de Otto Pérez Molina. En mayo de 2021, la Fiscalía contra la Corrupción informó que realizaría una investigación, a la actual ministra, porque algunos de sus familiares trabajan en el Organismo Ejecutivo.