Cinco exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil fueron condenados a 30 años de prisión inconmutables por delitos contra los deberes de la humanidad en contra de 36 mujeres Achi, la jueza Yassmín Barrios presidió una audiencia de reparación. En el caso del Diario Militar, el juez Miguel Ángel Gálvez negó las peticiones de dos militares acusados por el delito de desaparición forzada.
Por Juan Rosales
La tarde del 24 de enero el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a cinco exintegrantes de la Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) a 30 años de prisión inconmutables por delitos en contra deberes de la humanidad, cometidos en los años 80, contra 36 mujeres Achi.
En el caso del Diario Militar, tres de los acusados solicitaron al juez Miguel Ángel Gálvez la revisión de las medidas de coerción.
Tanto la resolución en el caso de las mujeres Achi, como en el del Diario Militar significan para la sociedad guatemalteca en general, y para las víctimas en particular, pasos importantes en procesos de justicia de trancisión y avances contra la impunidad.
Las imágenes que compartimos son un aporte y un testimonio documental del largo camino recorrido por los familiares y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos que el Ejército y las PAC cometieron en contra de población civil en el marco de la estrategia contrainsurgente, durante la guerra interna.
Caso mujeres Achi
Tras 40 años de búsqueda de justicia, 36 mujeres Achi, lograron que 5 exintegrantes de las PAC, fueran condenados a 30 años de prisión inconmutables por delitos contra los deberes de la humanidad.
El lunes 31 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, dio a conocer la sentencia en el caso Mujeres Achi. Con la resolución se alcanzó la justicia y se pudo comprobar que en Guatemala hubo violencia sexual sistemática contra mujeres en aldea, comunidades y destacamentos militares y que esta se usó, tal y como concluyó el Tribunal, como arma de guerra en contra de las mujeres indígenas.
El jueves 27 de enero se llevó a cabo la audiencia de reparación y se otorgó 12 medidas para la reparación del tejido social de la comunidad y de las 36 mujeres Achi.
Las medidas de reparación otorgadas por el Tribunal presidido por la jueza Yassmín Barrios son de carácter económico, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.
El tribunal otorgó una indemnización económica de Q300 mil para cada una de las sobrevivientes. Ordenó la instalación o ampliación de los puestos de salud existentes en las comunidades de Xococ, Guachipilín y Buena Vista, en Rabinal y Mixco, donde residen las sobrevivientes. Se indicó la implementación de planes de salud, tratamientos psicológicos, ginecológicos y medicamentos para la rehabilitación de las sobrevivientes. También la creación de un programa de tratamiento, atención y rehabilitación para sobrevivientes de violencia sexual en Rabinal, a cargo del Ministerio de Salud.
Se ordenó un programa de capacitación en derechos humanos, género, mecanismos de denuncia y participación política de las mujeres, para las sobrevivientes, a cargo de la Defensoría de la Mujer Indígena.
Se resolvió la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidades y disculpas, que deberá ser transmitido en cadena nacional, realizado en Xococ por parte del Ministerio de la Defensa.
También se ordenó, producir un documental sobre las sobrevivientes, a cargo del Ministerio de Cultura y la Escuela de Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Incluir en el Currículo Nacional Base, el caso de las mujeres Achi, a nivel local se debe enseñar con base a las tres sentencias de la CorteIDH la historia de las graves violaciones a Derechos Humanos en Rabinal a cargo del Ministerio de Educación. Realizar murales con los nombres de las 36 sobrevivientes acompañados de un mensaje en agradecimiento a comadronas y religiosas de San Vicente de Paul, en donde funcionó el destacamento de Rabinal y otro en el Campo Marte a cargo de Municipalidad de Rabinal, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Defensa.
Se determinó publicar la sentencia íntegra y mediada en todas las plataformas digitales del Organismo Judicial y un resumen en idioma maya achi a cargo de la Academia de Lenguas Mayas.
También se instruyó establecer becas de estudio para hijos, hijas, nietos y nietas, de las 36 mujeres Achi, para que continúen sus estudios, proporcionadas por la Municipalidad de Rabinal, el Ministerio de Salud y la USAC. Así como instalar un proceso de formación sobre violencia de género, dirigido a las fuerzas de seguridad a cargo de los ministerios de la Defensa y Gobernación.
24 de enero: una de las 36 mujeres Achi, en la plaza de los Derechos Humanos previo al inicio de la audiencia.
Las mujeres Achi convocaron a un plantón en la plaza de los Derechos Humanos, frente a la Corte Suprema de Justicia, el día que se dictó la sentencia en el caso.
A la espera de entrar a la sala del tribunal de Mayor Riesgo A, para escuchar la lectura de la sentencia.
En la sala, las mujeres Achi escucharon la lectura de la sentencia que reivindicó la veracidad de sus testimonios.
En la plaza de los Derechos Humanos, luego de que se conociera la sentencia, un grupo de simpatizantes y las mujeres Achi celebran la victoria contra la impunidad.
Las tres abogadas indígenas que llevaron el proceso como parte de la querella en el caso Mujeres Achi. De izquierda a derecha, Lucia Xiloj, Haydeé Valey y Gloria Reyes Xitumul.
Caso Diario Militar
Los días 24 y 26 de enero se realizaron dos audiencias que fueron pedidas por tres de los acusados en el caso del Diario Militar mayor especialista, Édgar De León Sigüenza, solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez, la falta de mérito por el delito de desaparición forzada, el sargento mayor Eliseo Barrios Soto, solicita la revisión de medidas de coerción y Enrique Cifuentes de la Cruz, solicito extinguir la persecución penal en su contra.
Las audiencias se llevaron a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B que preside el juez Miguel Ángel Gálvez, fueron escuchadas las razones de las peticiones de los acusados y las razones por las que tanto el Ministerio Publico a través de su Fiscalía de Derechos Humanos y los querellantes se oponían a las peticiones de los acusados.
El juez Gálvez negó las peticiones de los acusados.
Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento mayor especialista del Estado Mayor Presidencial, acusado por el delito de la desaparición forzada de nueve personas, y en el asesinato en grado de tentativa de Álvaro René Sosa Ramos.
El juez Miguel Angel Galvez argumentando su resolución.
Edgar Virginio de León Sigüenza, conocido con el alias “El Choco” fue sargento en el Estado Mayor del Ejército, es señalado por la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán y del delito de deberes contra la humanidad en agravio de Farfán.
Los querellantes Manuel Antonio Farfan, de Famdegua, Paulo Estrada y Salomón Estrada Mejia se preparan para presentar su argumentos a las peticiones de los acusados en el caso Diario Militar.
El director de Famdegua, Manuel Farfán, sostiene la foto de su tío Rubén Amílcar Farfán detenido desaparecido el 15 de mayo de 1984.