Por Regina Pérez
Con la próxima entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Oenegés, aprobadas por el Congreso el año pasado, Guatemala se encamina a ser un gobierno totalitario, que buscará acallar la disidencia, tal como ha ocurrido en países como Nicaragua, según analistas consultados. Con el argumento de fiscalizar el actuar de las organizaciones, el Ministerio de Gobernación podrá cerrar o disolver, a discrecionalidad, a las asociaciones.
El decreto 4-2020, reformas a la Ley de Oenegés, fue aprobado el año pasado por 108 diputados del Congreso. Entidades, diputados y personas particulares accionaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) ese mismo año para evitar que entrara en vigencia. Sin embargo, con la resolución del pasado 12 de mayo, la CC recién electa dio vía libre para que la normativa pueda entrar en vigencia.
Para el analista político Luis Fernando Mack, esta ley es potencialmente una gran amenaza y en la forma que el gobierno la utilice puede limitar los derechos democráticos de la población guatemalteca. “Le da al gobierno herramientas de un Estado totalitario, policial, que va más allá de las oenegé”, señaló.
En la práctica, la ley puede ser utilizada para cerrar los espacios democráticos, indicó.
Claudia Samayoa, experta en derechos humanos, señaló que el propósito es utilizar estas leyes para acallar las voces de oposición y las críticas de todas aquellas organizaciones que causan el “desorden social”. El presidente Giammattei ha sido claro al generar señalamientos y los que aprobaron la ley tienen el descaro de nombrar qué oenegé quieren que se cierre. Entre estas están asociaciones campesinas cuyo trabajo es luchar contra la corrupción, dijo.
La entrevistada subrayó que con la entrada en vigencia de la Ley, lo que podría ocurrir son más cierres de espacios para la sociedad civil y que esta normativa será utilizada contra todo tipo de asociación, no solo contra las oenegés.
Lo vimos en Nicaragua, lo que parecía que era contra las agrupaciones de mujeres que apoyaban el aborto se convirtió en el instrumento más fuerte del régimen orteguista para acallar voces de todo tipo, manifestó. “Ese es el camino que se lleva, cierran a las voces más críticas”, acotó.
Este jueves, representantes de organizaciones de la Asamblea Social y Popular (ASP) se pronunciaron en contra de la decisión de la CC que denegó los amparos y permitió la entrada en vigencia de la ley.
Helmer Velásquez, de la Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congcoop) consideró que la ley tiene un espíritu represivo, que pretende coartar tres derechos: el de asociación, de libre expresión y la participación ciudadana.
Nos parece un abuso volver a un Estado en el que se deja al Ministerio de Gobernación la discrecionalidad de decidir si la actividad de una organización no gubernamental altera o no el orden, manifestó.
Velásquez argumentó que se trata de un retroceso en la democracia, de volver a etapas que el país había superado y que el vínculo que hace esta ley entre oenengé y asociación, parece una cuestión inocente, pero tiene una implicación represiva muy fuerte “porque una cuestión somos las oenengé y otra las asociaciones, que es una gama amplia y en ella se inscriben las organizaciones campesinas”.
El perfil represivo de esta ley tiene una direccionalidad a vetar los derechos y atacar de forma directa la organización popular. ¿Por qué? Porque es el único valladar que queda en este país frente a los desmanes del corrupto, indicó.
Durante la conferencia, las organizaciones manifestaron que no se oponen a la fiscalización, sino al control total y sometimiento de reformas de organización bajo el falso concepto de fiscalización “porque servirán para criminalizar, judicializar, perseguir, acallar nuestras voces y neutralizar nuestra organización”.
Se consolida una visión fascista
Claudia Samayoa señaló que la resolución de la Corte, que ayer también favoreció al empresario Mario Leal, prófugo de la justicia, al resolver que no puede ser sujeto a persecución penal por financiamiento electoral no registrado, envía un mensaje fuerte al exterior, de hasta dónde quiere llegar la cooptación del Estado, que no se trata solo de disolver las voces de oposición sino de terminar la lucha contra la corrupción.
Los mensajes que envía Guatemala y la región son muy serios, lo que están consolidando es una visión fascista, no tiene otro nombre, dijo la defensora. Es el Estado de Guatemala el que está acabando con todos los derechos de los guatemaltecos, de asociación, libertad de expresión, garantía judicial, a la salud y educación, indicó.
Para Luis Fernando Mack, después de la resolución de la CC no existen muchas alternativas para accionar contra la entrada en vigencia de la normativa, ya que por la composición de la actual Corte es posible que nuevos amparos interpuestos sean declarados nulos.
La otra alternativa sería una gran reacción ciudadana, pero considerando la estructura de poder y correlación de fuerzas, empezando por el ministro de Gobernación, que ha sido señalado de violador de derechos humanos, con tendencia policial y represivo, tampoco se ve muy viable, agregó.
El analista político opinó que este caso es solo un aviso de lo que se puede seguir planteando y como se van reduciendo los espacios, pero también hizo notar la reversión de los procesos judiciales de los últimos años en contra de personajes corruptos.
Las Cortes pueden ir jugando a favor de la liberación paulatina de todos los implicados en casos de corrupción, como el de Jorge Aparicio (empresario acusado en Construcción y Corrupción) en el que un tribunal evitó que pagara un resarcimiento al Estado.
Se ve todo un mecanismo, desde las Cortes, de retroceso y de regresión en cuanto a derechos, privilegios y libertades, pero también en casos de corrupción que están en marcha o que están siendo juzgados, puntualizó.
