Por CLAUDIA MOLINA.
La marea verde crece pero, a su vez, la contraofensiva antiderechos no se queda inmóvil. Honduras es uno de los cinco países de Latinoamérica y el Caribe que mantiene la penalización total del aborto. Desde la plataforma Somos Muchas pelean para conseguir una legislación que habilite el sistema de causales pero el 10 de enero el diputado Mario Pérez presentó un proyecto de reforma de ley a la Constitución de la República para “blindar” el debate sobre el aborto. Claudia Molina hace un repaso del estado de situación y explica por qué el gobierno hondureño tiene desprecio por la vida.
“Escudo contra el aborto en Honduras” es el nombre del proyecto que presentó el 10 de enero el diputado Mario Pérez del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Propone la reforma del artículo 67 de la Constitución Nacional con el fin de clausurar cualquier posibilidad futura de debate alrededor de la despenalización o legalización del aborto en esta constitución actual y en constituciones futuras. Este artículo de la Constitución de la República sentencia que “al que está por nacer se le considerara nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley” y el proyecto intenta agregar que “se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetársele la vida en todo momento. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario”.
El nacionalista Pérez ha manifestado en diversos medios nacionales que su proyecto es parte de un esfuerzo regional para crear un escudo a los avances legislativos en América del Sur y especialmente en Argentina: “Esta reforma surge por la ola de reformas constitucionales en países de América Latina, impulsados por gobiernos de izquierda dirigidos a legalizar el aborto, como sucedió en Argentina recientemente, y eso no se puede permitir en Honduras. El Partido Nacional es pro vida y votará a favor de esta reforma que representa un candado a la legalización del aborto; y el que no lo quiera y desea que se apruebe la muerte de un bebé en el útero de la madre, que vote en contra”.
Otro nacionalista, presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva y pre-candidato presidencial a las elecciones de este año, expresó en la primera jornada de socialización del proyecto que: “No podemos permitir que sigan voces disonantes creyendo que Honduras seguirá los pasos del mal que han seguido otras naciones que han convertido un acto tan infame como quitarle la vida a un feto en crecimiento”
Honduras tiene una de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial en materia de derechos sexuales y el aborto está penalizado en todas sus circunstancias. La anticoncepción de emergencia está prohibida por el acuerdo ministerial 2744-2009 emitido en octubre de 2009 meses después del golpe de Estado de 2009 . Esto significa que la legislación vigente prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto. Tampoco existen protocolos de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual.
Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras fueron casi 10.000 los casos de egresos hospitalarios por aborto en el 2019 y 16 niñas de 10 a 14 años fueron forzadas a parir cada semana.
“El aborto ya está totalmente criminalizado en el Código Penal. La modificación de este artículo haría que cualquier discusión en torno al aborto sería inconstitucional, así como cualquier opinión que pudiera presentar la Corte Suprema de Justicia relativa a este tema. Se está atacando la libertad de debate y clausurando que pudieran existir otras conciencias alrededor de las maternidades en Honduras”, explica a LatFem Nessa Medina, activista feminista hondureña e integrante de la Plataforma Somos Muchas, una coalición de organizaciones y colectivos sociales, de mujeres y feministas que lucha por el acceso a derechos sexuales y por la despenalización del aborto por tres causales en Honduras.
Lo que buscan es cristalizar en la Constitución del país cualquier debate o disputa de sentidos por la ampliación de derechos para las mujeres hondureñas. No es una estrategia nueva: en Argentina, por ejemplo, sucedió en 1994 con la reforma de la Constitución. Las feministas lograron frenar la denominada “Clausula Barra”, por Rodolfo Barra, quien era el principal promotor de incluir en la reforma la defensa de la vida desde la concepción. La necesidad de frenar esa cláusula motorizó el armado de más de un centenar de organizaciones alrededor de “Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad” (MADEL).
Desde el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos se destaca que no puede haber ley interna que contradiga los derechos reconocidos en el Artículo 4 de la Convención Americana y las interpretaciones que de de él ha hecho la Corte Interamericana.
“Este proyecto está tan alejado de la realidad y de las urgencias que está viviendo la población hondureña que solo se puede explicar como una expresión del odio de una clase gobernante que vive cada vez más alejada de su pueblo. A finales del 2020 fue un momento en que cada familia estaba haciendo un recuento de las pérdidas que habían sufrido. Mientras tanto y en simultáneo la bancada del congreso nacional estaba armando un proyecto de ley para reformar la constitución y blindar de forma eterna la posibilidad de despenalizar o legalizar el aborto en Honduras. Un año marcado por las perdidas los legisladores ponían su tiempo para pensar formas de impedir que las maternidades sean deseadas en Honduras es otro golpe muy fuerte”, dice Medina.
Durante la tarde del 19 de enero en el Congreso Nacional se reunieron legisladores de distintas bancadas con representantes de la confraternidad evangélica, miembros de la Iglesia católica y el “Comité Pro Vida”, para socializar la propuesta de reforma constitucional. Esta situación ha generado preocupación y alerta entre vastos sectores de la población ya que luego de las fraudulentas elecciones de 2017 el Congreso tiene mayoría nacionalista con lo cual habría pocas posibilidades reales de que se pronuncien voces críticas a la propuesta y logren revertir la posición oficialista. La siguiente legislatura comienza el 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña y podría ser la fecha de la segunda sesión donde se debate esta reforma.
“Desde Somos Muchas llamamos a los legisladores a reflexionar sobre las implicaciones de este proyecto en términos de clausura democrática y de debate ciudadano, además de que su aprobación no resolvería ningún problema que afectan a la población y a las mujeres y niñas en particular. Sólo están expresando el profundo desprecio de esta clase política hacia la vida de las mujeres. Por otro lado, si algo hemos sentido es la cercanía que ha traído entre pueblos y hasta esta región la Marea Verde. Así como celebramos avances formales y no formales más allá de las fronteras, estamos acuerpando luchas, agradecemos todo el eco y el voltear la mirada hacia lo que está pasando en Honduras, para que sientan que hay lupas de distintos países sobre el ataque que están perpetrando. Eso tiene un poder que nosotras valoramos todos los esfuerzos y solidaridades que nos están acompañando. Nos sentimos acompañadas y seguimos convocamos a sostener un abrazo plurinacional. Ahora que los y las diputadas del Congreso Nacional de Honduras sepan que están siendo observados y que no crean que tienen vía libre para arrebatar a las futuras generaciones alguna posibilidad de tener un futuro más libre”, dice Medina.
Una clase política que desprecia la vida
Mientras representantes del gobierno defienden una supuesta vida por nacer, hay otras vidas que poco importan. Las imágenes de la multitud de mujeres, adultos, niñas y ancianos que conforman la caravana de migrantes inundan los portales y gritan al mundo que en Centroamérica hay un genocidio silente. Los pies de los y las migrantes se mueven por la esperanza de que su andar sea fecundo y así escaparle al hambre, la inseguridad y una vida signada por la incertidumbre.
“Las caravanas no comienzan hoy. La gente no se está yendo por una pandemia o por el paso de dos huracanes. Estos elementos se suman a una exclusión histórica y a una violencia que abruma”, dice Medina. Y pone el foco en el contexto en el que se presenta esta ley “Escudo contra el aborto en Honduras” para comprender cómo se enlanzan los procesos sociales: “Hay que entender que esto que ahora estamos viendo es el colmo de un proceso que lleva más de diez años en el país, donde sistemáticamente se han ido quitando derechos al conjunto de la población, a través de niveles de corrupción e impunidad vergonzosos, con legislación que entorpece otros procesos emancipadores comunitarios que luchan contra el extractivismo que está desmantelando los territorios y hambreando a la gente mientras una clase política parasitaria enquistada en sus políticas y discursos de odio”.
En medio de esas caravanas migrantes caminan jóvenes que eran niños y niñas cuando ocurrió el golpe de Estado en 2009 y se impuso la lógica dictatorial del partido nacionalista determinando los destinos y las vidas de la gente en estos últimos once años.
“Según encuestas oficiales en el país cada vez hay mas empleo informal, más precarización, más embarazos no deseados o planificados en fin, más violencia en todas sus expresiones. Aquí se vive en el juego o apuesta diaria de le voy a ganar a la violencia. Me voy a arriesgar la vida si voy a tomar el transporte público, si me voy caminando o si salgo de noche, y esa sensación de que tu vida está casi empeñada se suma a la cantidad de deudas que tiene la gente para subsistir. Cada quien tiene que resolverse la vida como puede y cada vez tenemos menos recursos para resolverla”, dice la referenta de Somos Muchas.
De acuerdo a datos de la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM, la primera caravana de migrantes hondureños parte a mediados del mes de octubre de 2018 y desde entonces han ido desarrollándose en los últimos años con mayor relevancia numérica y frecuencia. La pobreza estructural y las violencias empujan a los hondureños a escapar, sin embargo la clase política es ciega a estas condiciones y justifica esta crisis reinstalando el discurso de los ochentas estigmatizando y declarando como enemigo interno a todo aquel que con su pensamiento o acción reclame dignidad. “Hay declaraciones de la clase política hondureña que dice que la gente que sale en las caravanas está siendo engañada por grupos de izquierda que quieren desestabilizar el país. Así como es de absurdo es enfurecedor escuchar una clase que viene gobernando hace más de once años en Honduras. Cómo es que no pueden asumir responsabilidad alguna por todo lo que está pasando en el país. Es tal el nivel de impunidad y desprecio que solo les interesa quedar bien con el mayor patrocinador de la represión de los migrantes que es Estados Unidos.
El Comité́ de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de ONU destaca que son miles los trabajadores/as migrantes hondureños que junto a sus familias son deportados o repatriados sistematicamente desde EEUU o desde México, sin que se les hayan respetado sus garantías procesales y otros derechos previstos. Entre enero y abril de 2018, en México se habrían presentado ante las autoridades migratorias aproximadamente 2,065 niñas, niños y adolescentes no acompañados provenientes de Honduras.
¿Cuántos días lleva sin comer lleva esa gente que sale en las caravanas antes de salir del país? ¿Cuántos días llevan diciéndoles a sus hijos e hijas que hay que comer una sola vez al día porque si no no se come? ¿O que no salgan de la casa porque no se sabe que puede pasar en la calle? ¿Quién defiende sus vidas? “El gobierno tiene un profundo desprecio por la vida de la gente”, resume Nessa Medina.
Fotos:SOMOS MUCHAS
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