9 de abril del 2019
Autoridades del pueblo mam afectado por la actividad extractiva de la Mina Marlin, exigen a la comisión de transparencia y probidad del Congreso, que se cumplan las garantías de acceso al agua potable dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hace 8 años.
En el 2010 la Cidh, a través de medidas cautelares, ordenó al Estado de Guatemala que debe dotar con agua potable a 8 comunidades de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos, que no tuvieron acceso a este derecho durante los 12 años de operaciones de la Mina Marlin, hasta su cierre en mayo del 2017.
Los comunitarios denunciaron ante el presidente de la comisión de transparencia y probidad del Congreso, Amílcar Pop, que estas medidas no han sido cumplidas a pesar de que ya han pasado 8 años desde que fueron dictadas. Se denunció que sólo se han instalado dos proyectos hídricos por parte del Instituto de Fomento Municipal (Infom) y se está cobrando a la mayoría de comunitarios, contradiciendo lo dictado en las medidas.
El 15 de marzo de este año, en una publicación del Diario de Centroamérica, Felipe Sánchez, director ejecutivo de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política de Derechos Humanos (Copredeh), dijo que son 11 los proyectos hídricos que deben ser cumplidos por el Infom y siete deben correr por cuenta de la empresa.
En ese artículo del diario oficial, el gobernador de San Marcos, Oswin Morales, dijo que se tiene voluntad para cumplir con las medidas dictadas por la Cidh. Un mes después la situación no ha mejorado.
Las medidas cautelares no abarcan todos los daños provocados por la mina
Rolando López, del Consejo Sipacapense, aseguró que las medidas no toman en cuentan otros efectos de la actividad minera en Sipacapa y San Miguel, por ejemplo: la contaminación del aire, los daños en la infraestructura de las viviendas y la salud de los pobladores.
Las comunidades en resistencia de San Marcos no fueron escuchadas por las autoridades municipales y gubernamentales. Según los comunitarios, ha habido muertos y personas con problemas serios de salud a consecuencia de la actividad de la Mina Marlin durante los años en los que estuvo en operaciones y en los años posteriores.
López dice que ha sido muy complicado determinar el número de las personas fallecidas a consecuencia de la contaminación, pues muchas familias desistieron de denunciar, por intimidaciones y sobornos de la empresa.
