Por David Diego
En el territorio chuj del municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, los comunitarios se han organizado para realizar manifestaciones pacíficas, instalándose en resistencia en el Río Negro, el Cruce Río Pojom y sobre la Franja Transversal del Norte, para demandar el retiro de la empresa hidroeléctrica Energía y renovación, la cual ha desviado esos ríos sin el consentimiento de las comunidades y sus autoridades.
Desde el 2014 se han llevado a cabo varias mesas de diálogo donde la población exige el retiro de la empresa, pero las demandas de la población han sido ignoradas.
En 2017, durante una manifestación pacífica, murió el señor Sebastián Alonso, víctima de varios disparos realizados por la seguridad privada de la empresa. Hasta la fecha no se ha esclarecido el crimen. Los comunitarios claman que su muerte no quede en la impunidad.
Hoy exigen el retiro de la empresa instalada dentro del territorio y de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que actúan como empresa de seguridad privada a la orden de Energía y renovación.
La agresión y represión de la PNC en contra del pueblo maya Chuj en #SanMateoIxtatan era ya una crónica anunciada. Ahora el pueblo Chuj exige el retiro de la policía y del ejército. #Huehuetenango pic.twitter.com/fEefF7UEwF
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 10, 2018
Dicha empresa ha convocado un grupo de personas beneficiarias de sus intereses, con el objetivo de aparentar establecer mesas de diálogo, en cuales han sido nombrados supuestos líderes y liderezas por la misma empresa, incluyendo a aviesos religiosos de la Iglesia Católica, al gobernador departamental y otras personalidades, excluyendo —por supuesto— en esas mesas a los comunitarios legítimamente acreditados por la comunidad.
La policía fue la que empezó a lanzar gases y disparar de la nada en #SanMateoIxtatan, contra un grupo de pobladores que se dirigía a una manifestación, a pesar que los medios corporativos dicen que fue la gente la que agredió a la policía. Aquí puede ver realmente lo que pasó. pic.twitter.com/V7I1tfGtTG
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 10, 2018
Los pobladores denuncian la militarización de la zona. Alrededor de 300 elementos, entre la Policía Nacional civil y el Ejército, pretenden desalojar a los comunitarios en resistencia.
Por si fuera poco, los comunitarios están siendo criminalizados por los grandes medios corporativos de comunicación, mientras que la empresa hidroeléctrica está generando terror en la población para dividirla.
