La delegación que vino al país en enero reclamó tres situaciones al presidente Bernardo Arévalo: la situación general de la prensa, el encarcelamiento del periodista Jose Rubén Zamora y la situación de periodistas en el exilio. El gobierno se comprometió a tener una política de puertas abiertas y mejoramiento del clima político. Mientras en la región, se identifican a los poderes judiciales, legislativos, ejecutivos y las fiscalías como principales responsables de los ataques contra la prensa.
Por Simón Antonio Ramón
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó, este 17 de abril, el informe sobre la misión que realizó junto al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sigla en inglés) sobre la situación de los periodistas en los países en donde tiene cobertura. También se presentaron informes de situación en Ecuador y Colombia.
En el caso guatemalteco, el informe señala que, durante su visita al país, se abordó con el presidente Bernardo Arévalo temas relacionados con la desinformación, ataques y el acceso limitado a la información para los medios independientes, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
La delegación en su encuentro con el presidente Arévalo, a 12 días de iniciada su gestión, “expresó su preocupación por los periodistas en el exilio, el juicio de Jose Rubén Zamora y el acoso judicial por parte del gobierno de Giammattei contra periodistas y voces críticas”.
Por su parte el nuevo gobierno señaló, “que su política está abierta a la prensa y garantiza el acceso a la información pública”.
Sobre las condiciones del periodista Rubén Zamora, Arévalo informó a la delegación que se había mejorado la situación a partir de los primeros días de su gestión. Aunque lamentó los errores procedimentales en el sistema de justicia como la suspensión de las audiencias de parte del juez Jimi Bremer.
El informe menciona que periodistas que salieron del país debido a la persecución que, desató el Ministerio Público (MP), tratan la manera de volver al país, como el caso de Gonzalo Marroquín, expresidente de la SIP, que regresó al país después de meses en el exilio.
“Se debe a que una cámara de apelaciones confirmó la decisión de la jueza Aurora Gutiérrez, que el 8 de enero determinó que los ocho periodistas de elPeriódico, acusados de hacer publicaciones sobre el caso Zamora, deberían enfrentarse a un proceso en un Tribunal de Prensa, como lo indica la Constitución, y no en un tribunal penal, como solicitó la Fiscalía”, señaló el informe de la SIP.
La situación del periodismo regional
En el caso de Ecuador se señaló uno de los episodios ocurridos en Guayaquil, cuando un grupo de hombres armados tomó un canal de televisión. “En este período se intensificó la violencia en contra de medios y periodistas, en especial por el accionar de bandas del crimen organizado. El asalto a un canal de televisión cuyos agresores transmitieron en vivo el secuestro del personal y la salida del país de periodistas que fueron amenazados de muerte demuestra los riesgos actuales del periodismo”, señala el informe.
Afirmó que “también se intensificaron las agresiones en contra de reporteros por parte de miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas y de la administración pública, mediante ataques verbales y físicos, en el contexto del Estado de excepción dictado por el gobierno nacional”.
Ante la situación, una delegación de la SIP visitó Ecuador el 19 de marzo donde el presidente Daniel Noboa firmó las declaraciones de Chapultepec y Salta, documentos importantes para la institución sobre la libertad de expresión. “Ante una delegación de la SIP que visitó el país, -Daniel- Noboa ratificó su compromiso con los principios de la libre expresión como sustento de la democracia y reiteró su voluntad de garantizar que la sociedad ecuatoriana esté mejor informada”, según el informe.
En el caso de Colombia, la SIP señala al presidente Gustavo Petro como uno de los responsables de la violencia contra la actividad periodística. “La estigmatización en contra de los medios estimulada por el Gobierno Nacional y encabezada por el presidente Gustavo Petro es una práctica reiterada”, señala.
“En Rionegro (Antioquia), gobernantes locales amenazaron a periodistas con adoptar acciones legales contra aquellos que publican noticias falsas, y refutan su contenido a través de redes sociales”. “En algunos sectores del Congreso Nacional continúan las invitaciones al control de los medios y los mensajes de estigmatización ante informaciones que les resultan incómodas”, denunciaron.
Otra de las instituciones que afecta a la libertad de expresión y de prensa es la Fiscalía General de la Nación, que “solicitó a las revistas Raya, Semana y Cambio, y a W Radio Colombia y a su equipo de periodistas, la revelación de sus fuentes de investigación, lo que afectó el secreto profesional”, según el informe de la SIP.
El Índice de Chapultepec, una medición que hace la SIP, reveló que en 2023 la región alcanzó la calificación de 47,84 de promedio global de 100 puntos enfocados en cuatro dimensiones como ciudadanía informada y libre de expresarse; ejercicio del periodismo; violencia e impunidad y control de medios. En el caso de Guatemala, fue calificado con 32,07 punto en la categoría de alta restricción.
