Una declaración en anticipo de prueba brindada por Juan Arturo Jegerlehner Morales a las autoridades judiciales guatemaltecas revela cómo, en 2010, su entonces concuño Jorge Alejandro Sinibaldi Aparicio, habría creado junto al abogado José Buitrón Espinoza un esquema para poder recibir un pago ilegal de US$4.5 millones (unos Q36 millones) por haber gestionado la aprobación de la ampliación del contrato de explotación petrolera de la empresa francesa Perenco. Jegerlehner firmó un acuerdo de colaboración eficaz, en 2018, con el Ministerio Público (MP) y relató a las autoridades judiciales todas las actividades ilícitas que cometió por orden de Sinibaldi.
Por Prensa Comunitaria
“A finales de 2009 y principios de 2010 me pidió Alejandro (Sinibaldi) que nos reuniéramos en la casa de una persona que me iba a presentar. Le pregunté de quién era la casa y a qué íbamos a ir y me dijo vamos yo te explico allá. Llegamos al lugar y resultó que era la casa del licenciado José Buitron a quien yo no conocía, sin embargo, conocía a sus hijos. Ellos, lo que me comentaron en ese momento era que Alejandro Sinibaldi y don José Buitron ya habían llegado a un acuerdo a fin de que don José Buitron adquiriera el 100 por ciento de las acciones de la entidad Media Airport Systems”, se lee en una parte de las declaraciones de Juan Arturo Jegerlenhner.
El entonces concuño de Sinibaldi también mencionó que “derivado de esa reunión acordamos con don José Buitron la estructura legal a ejecutar a fin de que él y su hijo terminaran siendo los propietarios del 100 por ciento de las acciones. Cuando íbamos preparando toda la documentación específica a fin de realizar la venta a los señores Buitron, fue don José Buitron, quien me informó derivado de las pláticas, que en realidad lo que estaba sucediendo no era la compra de dicha empresa, sino que era el pago de un soborno a favor de Alejandro Sinibaldi por autorizar o conseguir que en el Congreso de la República se prorrogara el plazo del contrato de la entidad petrolera denominada Perenco”.
Alejandro Sinibaldi fue diputado al Congreso de la República de 2008 a 2010. Ganó la curul en las Elecciones Generales de 2007 con el Partido Patriota (PP), agrupación política liderada por el general retirado y expresidente Otto Fernando Pérez Molina.
Como legislador, Sinibialdi fue presidente de la Comisión de Energía y Minas en 2008 y 2010. Esos años fueron cruciales para que el Congreso abriera la ventana legal que permitiera a Perenco mantener sus operaciones en el campo Xan, por 15 años más. Este campo petrolero se ubica dentro del área de reserva de la Biosfera Maya, una de las áreas protegidas del país, que ha operado por 25 años sin un estudio de impacto ambiental.
Perenco, una petrolera que opera en área protegida y sin estudios de impacto ambiental
Jegerlehner revela más información en su declaración judicial: “Dicho pago fue exactamente de US$4.5 millones, el soporte de dicho pago ha sido entregado en copia simple al MP y se firmó el contrato, se realizaron las transferencias correspondientes y el dinero lo recibe la entidad Colossal Activities Group en el banco Santander en Suiza. Después, esa cuenta se deja vacía y los fondos pasan a dos cuentas propiedad de Alejandro Sinibaldi en el mismo Banco Santander, en Suiza, las cuales se denominan Calatraba Holdings y Bombay Holdings”.
Arturo Jegerlehner es un abogado que estuvo casado con la hermana de la esposa de Sinibaldi y de esa cuenta formó parte del grupo de operadores de confianza de negocios ilegales que tuvo el exdiputado y exministro de Comunicaciones de Pérez Molina.
Jegerlehner también dijo a las autoridades judiciales que el dinero permaneció allí bajo el control de Alejandro Sinibaldi. “Se termina de hacer la transacción, se le entrega la documentación a don José Buitrón, sin embargo, era Alejandro Sinibaldi y su equipo de trabajo quienes seguían administrando la sociedad local porque la venta no era una venta real, era una venta que solamente permitía darle soporte a la salida y el ingreso de un pago sustancioso como el que he indicado”.
Sinibaldi, Fonpetrol y Perenco
El 23 abril de 2008, los hermanos Manuel Antonio y Salvador Baldizón Méndez, originarios de Flores, Petén, junto a otro grupo de parlamentarios presentaron al Pleno del Congreso la iniciativa de ley 3802 que disponía aprobar la Ley del Fondo del Petróleo (Fonpetrol).
Originalmente la propuesta no incluía facultar al presidente en Consejo de Ministros para ampliar los contratos petroleros, sin embargo, el 29 de abril de 2008, las salas legislativas de Economía y Comercio Exterior, Finanzas y Moneda, y Energía y Minas, emitieron un dictamen favorable conjunto e incluyeron en el artículo 8, de la Ley de Fonpetrol, una reforma al artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos en la que se faculta al Organismo Ejecutivo a conceder una única prórroga de hasta 15 años de los contratos de operaciones petroleras.
Coincidentemente, en 2008, la Comisión de Energía y Minas era presidida por Sinibaldi (PP). En tanto, la sala de Finanzas era liderada por Manuel Baldizón (UNE) mientras que la de Economía y Comercio Exterior estaba a cargo de Mariano Rayo (Partido Unionista).
“La iniciativa no promueve como punto básico la ampliación de los contratos existentes, sin embargo, y por razones de extrema necesidad se faculta al Ministerio de Energía y Minas para aprobar una única prórroga siempre y cuando el contrato que se pretende ampliar no conlleve términos económicos que resultare desfavorables para el Estado, que así mismo no lesione los intereses nacionales o viole alguna ley de la República”, se lee en el dictamen conjunto que emitieron las tres comisiones legislativas.
En 2010, ya con la ley de Fonpetrol en vigencia, el presidente Álvaro Colom prorrogó por 15 años más el contrato de explotación petrolera que Perenco tiene en el Campo Xan, unicado en el municipio de San Andrés, Petén, a unos 611 kilómetros de la ciudad capital.
Ese mismo año, Sinibaldi repitió como presidente de la Comisión de Energía y Minas.
Arévalo confirma cierre del pozo Xan
Por su parte el presidente Bernardo Arévalo confirmó esta semana, en su gira por Izabal y Zacapa, que respalda la posición de su ministro de Energía y Minas de no renovar el contrato petrolero en el campo Xan.
“De acuerdo a la Ley, el pozo Xan que está en un área protegida, ya no puede seguir funcionando porque sería una violación a la legislación existente. Y entonces esperamos que Perenco se siga desarrollando haciendo exploraciones y explotaciones en otras áreas del país donde no hay ninguna limitación de protección de medio ambiente porque es un área protegida”, afirmó Arévalo a periodistas departamentales.
El pasado 12 de marzo, Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, acudió a una citación con la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República y allí dijo que el gobierno no se plantea la renovación del contrato de explotación petrolera en el pozo Xan.
Perenco lleva casi 40 años en el territorio explotando petróleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, bajo el contrato 2-85 suscrito entre el Estado de Guatemala y el consorcio español Hispanoil y Basic Petroleum International Limited (Basic Resources). El contrato fue ampliado en 2010 durante el gobierno de Álvaro Colom y finalizará el próximo año.
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Impunidad a favor de Sinibaldi
Sinibaldi, quien también fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Otto Pérez Molina (2012-2015) fue acusado por la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de cometer ilícitos en por lo menos seis casos graves de corrupción entre ellos: Odebrecht, Construcción y Corrupción, Coperacha y Arca.
Pese a las múltiples acusaciones, el exfuncionario del PP se encuentra en libertad y ha obtenido fallos judiciales favorables que le garantizan impunidad.
Mientras tanto, Arturo Jegerlehner firmó un acuerdo de colaboración eficaz, en 2018, con el Ministerio Público (MP) y relató a las autoridades judiciales las actividades ilícitas que cometió por orden de Sinibaldi.
Jegerlehner se declaró culpable en 2018 del delito de lavado de dinero en el caso Odebrecht y fue sentenciado a tres años de prisión conmutables y una multa de US$100 mil. Mientras que, en 2019, fue beneficiado con un criterio de oportunidad por asociación ilícita y obstaculización a la acción penal y el pago de una contribución de Q50 mil -US$6,343.29- para dos asociaciones benéficas en el caso Construcción y Corrupción.
Sin embargo, a principios de 2024 una Sala de Apelaciones anuló, a petición de Sinibaldi, el convenio de colaboración eficaz de Jegerlehner junto al de Analisse Herrera y Carlos Francisco Goyzueta Valladares, quienes a través de sus testimonios brindaron información importante en los casos contra el exministro de Comunicaciones.
