Perenco opera sin un estudio de impacto ambiental desde hace 13 años. Renovar o no el contrato de explotación a la empresa subsidiaria francesa Perenco, que vence en agosto de 2025, es lo que preocupa a varios jefes de bloque del Congreso, especialmente a aquellos que son parte de partidos responsables de que la empresa esté operando en el campo Xan del Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, desde hace 40 años.
Por Isela Espinoza
¿Por qué no renovar el contrato de explotación petrolera de la empresa subsidiaria francesa Perenco, que vence en agosto de 2025? fue la pregunta principal alrededor de la cual giró la citación hecha este martes por los jefes de bloque del Congreso al ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura.
La respuesta del ministro fue clara. Ventura enfatizó que la posición actual del Gobierno es corregir un tema que se considera es ilegal: “una operación petrolera en un área protegida” por lo que no se plantean la prórroga del contrato con Perenco. “La preocupación de por qué no renovar es precisamente por el tema del impacto ambiental”, enfatizó Ventura ante los cuestionamientos de diputados que calificaron la decisión del presidente Bernardo Arévalo como antieconómica.
El ministro de Energía y Minas acudió a la citación junto al viceministro, Minor López, y un asesor con el objetivo de ampliar la información sobre el dictamen de la iniciativa 6021 que dispone aprobar reformas a la Ley de Hidrocarburos (decreto 109-83), que busca autorizar al presidente de la República la prórroga de los contratos de las petroleras.
Perenco lleva casi 40 años en el territorio explotando petróleo en áreas protegidas de Petén bajo el contrato 2-85 suscrito entre el Estado de Guatemala y el consorcio español Hispanoil y Basic Petroleum International Limited (Basic Resources). El contrato fue ampliado, en 2010 durante el gobierno de Álvaro Colom y finalizará el próximo año.
Actualmente, la empresa tiene el control de la explotación del campo Xan que se encuentra en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés, Petén. Previo a la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, se estimaba que, de aprobarse la reforma, la empresa sería una de las beneficiadas porque podría solicitar una extensión de 25 años del contrato para seguir explotando el petróleo guatemalteco dentro de una de las áreas de reserva natural en Petén.
#Congreso 🏛🔍Ministro de Energía y Minas: “No vamos a renovar el contrato con Perenco”
Víctor Hugo Ventura, el jefe de la cartera, señala durante la reunión de jefes de bloque del Congreso que el Gobierno no extenderá el contrato de explotación petrolera a la empresa… pic.twitter.com/9Xd4NRtwLP
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) March 12, 2024
Arzú: “Ahí selva ya no hay”
Durante dos horas, los diputados de la alianza del expresidente Alejandro Giammattei expresaron su “preocupación” por la no renovación del contrato alegando que alrededor de 3000 guatemaltecos de Petén se quedarían sin empleo. Sin embargo, no propusieron modificaciones para revertir la decisión de Arévalo.
Mientras, otros enfatizaron no estar en contra de las concesiones de recursos naturales no renovables, pero abogaron por hacerlo “con nuevas reglas” en beneficio del Estado ya que con la actual ley el país ha recibido “migajas” de las ganancias de estas empresas.
Ante los interrogatorios sobre qué pasará con la infraestructura de Perenco, el ministro manifestó que en los próximos meses la cartera convocará a mesas técnicas con integrantes de la industria petrolera y la sociedad civil para determinar los pasos a seguir, analizar cuáles son las opciones a utilizar en la refinería con otras posibles empresas nacionales e internacionales y cómo modernizar la legislación petrolera para que esta actividad económica sea sostenible en los próximos años.
“El Estado no quiere volverse empresario del petróleo. Las decisiones que se tomen serán de la mano del sector privado y cumpliendo el marco jurídico, social y ambiental”, dijo el ministro.
El primero en iniciar los cuestionamientos fue el diputado del partido Unionista, Álvaro Arzú Escobar, quien dijo que el área en donde se ubica Perenco está depredada luego que el ministro argumentara que no extenderán el contrato con la empresa por encontrarse en un área protegida. “Realmente ahí reserva natural ya no hay. Ahí hay un montón de ganado y pasto porque selva ya no hay, desafortunadamente”, comentó Arzú Escobar. Además, recordó que el contrato con Perenco se realizó en la década de los 80´s y años después el lugar fue declarado reserva natural.
Según Arzú Escobar sus argumentos no eran para defender a la empresa petrolera sino por las consecuencias que podría traer para el país no prorrogar el contrato como el desempleo, que el país se quedará sin industria petrolera y la dependencia de productos como el asfalto que tendría que importarse de otros países. Según datos institucionales, unos 59 pozos petroleros de Perenco entrarán en el proceso de cancelación, que representan alrededor del 80 por ciento de la producción nacional de petróleo.
“Los beneficios que han tenido las alcaldías de Petén son millonarias. En los últimos 15 años le han entregado al Estado de Guatemala en diferentes conceptos casi US$800 millones”, aseguró Arzú Escobar.
Por otro lado, Cesar Fión, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que el crecimiento económico de Petén se encuentra estable debido al “esfuerzo de la iniciativa privada” ya que el Estado ha olvidado invertir en ese departamento.
Los argumentos de ambos legisladores fueron contrastados por los diputados de Bienestar Nacional (BIEN) y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). Fidel Reyes Lee expuso que con las concesiones de recursos naturales no renovables la pobreza en el país ha aumentado. “Estoy a favor de estas concesiones, pero con nuevas reglas”, dijo.
Además, puso como ejemplo la empresa colombiana Ecopetrol que primero estuvo a cargo del sector privado que buscó “pagar menos y ganar más” como lo que sucede con Perenco en Guatemala. Después, Ecopetrol pasó a formar parte de una alianza público privada. “En Guatemala las alianzas públicas privadas concesionan la mayor parte al particular y al Estado le dejan poco”, explicó.
A su parecer, de realizarse una alianza público privada debería estar el 51 a favor del Estado. También resaltó que el país necesita un nuevo marco jurídico para este sector económico. “Esta es una buena oportunidad que tiene el país para retomar los recursos naturales no renovables”, agregó.
Sin estudio de impacto ambiental
El diputado Jairo Flores recalcó que Perenco tiene 13 años sin un estudio de impacto ambiental. “¿Qué funcionarios aceptaron que Perenco siga funcionando con una nota que afirma tener en trámite el estudio de impacto ambiental? Porque habría que perseguirlos penalmente”, aseveró.
Flores agregó que la empresa presentó en agosto de 2011 un diagnóstico ambiental al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Este fue remitido al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y cinco años después esta institución emitió un comentario. En agosto de 2016, el Ministerio de Ambiente otorgó un plazo de seis meses. Sin embargo, las operaciones continuaron sin un estudio de impacto ambiental. “Están actuando sin uno de los requisitos medulares para la explotación petrolera”, expuso.
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La deuda petrolera
Por otro lado, el diputado Jairo Flores mostró, con datos publicados en los portales web de transparencia de diferentes instituciones públicas, las incoherencias en las regalías que ha dejado Perenco y la deuda de otras empresas extractivistas del extranjero en el país. “Nos están robando, al final Guatemala no termina recibiendo recursos de Perenco, le estamos pagando a Perenco”, enfatizó.
Según las cifras compartidas por el diputado, US$2.615 millardos ha recibido Perenco por la venta del petróleo extraído en el país, US$713 millones ha percibido el Gobierno a través de regalías pero en costos recuperables a favor de Perenco, según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, oscilan los US$900 millones. “Es decir, el Gobierno de Guatemala le está pagando a Perenco la planta, los trabajadores, el montaje de toda la extracción que está haciendo”, resaltó.
Flores también dijo que, en regalías en 2023, el país recibió Q52.1 millones y las municipalidades y Consejos de Desarrollo de Petén y Alta Verapaz devengaron Q23 millones 497 mil. “Esto es una limosna, una migaja para lo que se han llevado. No es estar en contra de la explotación de nuestros recursos, sino que este es un contrato con desventaja para el Estado”, opinó Flores.
Además, el diputado también mencionó que, en 2010, la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, cuando era diputada junto a colegas de Petén “armaron la ampliación de la explotación de estos recursos naturales”.
En cuanto a los señalamientos del diputado Fión sobre el abandono del Estado en Petén y el mal estado de las carreteras, Flores señaló que eso es consecuencia de la corrupción de los ministros de comunicaciones de gobiernos pasados entre ellos: Javier Maldonado.
A pesar de las inconsistencias resaltadas, los diputados de la alianza del gobierno de Alejandro Giammattei insistieron en que no renovar el contrato de Perenco y de otras empresas petroleras o extractivas llevarían al país a una crisis como la de Venezuela o los apagones volverían al país. Pero, sus homólogos respondieron que con sus argumentos pretenden “asustar con el petate del muerto” a la población y pidieron que de continuar con el proceso de extracción se realice en otras condiciones “en donde no existan caminos ocultos que hacen pagar más al Estado”.
En tanto, el viceministro Minor López, comentó que actualmente el valor de la deuda de tres empresas petroleras al Estado asciende a US$20.9 millones las cuales son Latin American Resources (LAR), una empresa privada guatemalteca de petróleo y gas, Petro Energy y Empresa Petrolera del Itsmo. Actualmente, no hay licencias ni contratos pendientes de adjudicar ya que desde 2012 el Ministerio de Energía y Minas no hace ningún proceso de convocatoria para nuevos contratos petroleros.
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