La presidenta del TSE y los otros cuatro magistrados, ya procesados en el caso TREP, enfrentan una nueva denuncia presentada por la UNE, que alegó supuestas irregularidades en los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial, el año pasado.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a una nueva solicitud de antejuicio que presentó la Fiscalía de Delitos Electorales contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de una denuncia realizada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La denuncia fue enviada al Congreso de la República y ahora se deberá integrar una Comisión Pesquisidora para que se realice una investigación, con base en el informe final, los diputados decidan si retiran o mantienen la inmunidad a los magistrados. Cuatro de ellos ya están procesados por el caso TREP.
En el expediente de antejuicio consta que el Ministerio Público señaló que, el 28 de agosto de 2023, recibió la denuncia presentada por el señor Víctor Israel Guerra Velásquez, en su calidad de secretario general en funciones y representante legal de la UNE, en contra de Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores.
Lo anterior por la existencia de supuestas irregularidades en la segunda vuelta de las elecciones generales, llevada a cabo el 20 de agosto del 2023, con el objeto de elegir al binomio presidencial para el período 2024-2028, y en relación a ello denunció: a) la existencia de actas con el mismo número de mesa, generando un excedente de ciento sesenta y cuatro actas; b) asimismo, expuso que el escrutinio se realizó de manera precipitada, ya que el Tribunal Supremo Electoral estipula un tiempo aproximado de 45 minutos para poder concluir el escrutinio de cada mesa electoral y posteriormente redactar las actas respectivas.
En tanto, los magistrados de la CSJ consideraron viable tramitar la denuncia y enviarla al Legislativo. A su criterio cumple con los requisitos legales y que no se planteó por motivos espurios ni políticos.
“La solicitud de antejuicio promovida cumple con los requisitos básicos para continuar con su trámite, en virtud que la misma no fue promovida por motivos espurios, debido a que la denuncia se encuentra debidamente fundamentada. Igualmente, no se determinaron motivaciones ilegítimas en el planteamiento del presente antejuicio, debido a que con ello no se quebrantan principios o derechos de carácter constitucional; y finalmente, tampoco existen motivaciones políticas en el planteamiento de la denuncia, debido a que no se evidenció que ello sea el motivante de la misma. Por lo que, en virtud que a esta Corte Suprema de Justicia, una vez determinado el cumplimiento de los requisitos básicos aludidos, procede remitir el expediente de mérito al Congreso de la República…”, indicaron.
Un caso en tribunales
De los cuatro magistrados incluidos en la denuncia, solo Blanca Alfaro no enfrenta un proceso penal. El resto ya está ligado por el delito de fraude, por las supuestas irregularidades en la compra del sistema informático TREP.
El MP señaló a las autoridades electorales de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, abusaron de su autoridad e incumplieron su deber porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
Además, fueron señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
La semana pasada, la Sala Primera de Apelaciones conoció de manera exprés una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y, aunque confirmó la libertad condicional para los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco en libertad, aumentó el pago de la fianza y les prohibió acercarse al Tribunal Supremo Electoral y ejercer el puesto.
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