La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó el informe sobre la situación de Guatemala durante 2023. En el mismo exponen la persecución a juristas y periodistas, estudiantes y académicos de la Usac y las acciones del MP contra el proceso electoral.
Por Shirlie Rodríguez
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó, este viernes en Suiza, el informe sobre la situación de los derechos de los guatemaltecos. El periodo analizado fue de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
En este documento se detallan las circunstancias principales que llevaron a que en el país se reportaran casos de violación a los derechos de pueblos indígenas, mujeres y personas de la diversidad sexual.
El alto comisionado Volker Turk dijo que el año pasado se caracterizó por las desigualdades estructurales y sistémicas en contra de los pueblos indígenas, pero enfatizó a la población garífuna.
Dijo que era preocupante el aumento de ataques a la independencia judicial por las represalias en contra de jueces, fiscales e investigadores que trabajaron en investigaciones sobre corrupción.
El informe registra que hay 55 denuncias de operadores de justicia que fueron víctimas de este sistema que atacó a quienes fueron en su momento parte de las entidades para combatir la corrupción.
Uno de los casos que toman en cuenta en el informe es el de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, a quien visitaron para hacer pronunciamientos sobre su situación mientras estaba en prisión.
“La OACNUDH registra el año 2023 con el mayor número de salidas del país de personas operadoras de justicia quienes se ven obligadas a huir como resultado de la criminalización en su contra”, detalla el documento.
El informe también expone la preocupación del papel del Ministerio Público por poner en riesgo la transición presidencial, por la persecución al partido Movimiento Semilla, los allanamientos en el Centro de Operaciones Electorales y por la criminalización a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Después de las elecciones presidenciales del año pasado hay una serie de acciones legales emprendidas por la fiscalía general que han tenido impacto en la integridad de la democracia y han impactado el estado de derecho”, dijo Türk.
#DDHH ⚠️🔍OACNUDH presenta informe sobre situación de derechos humanos en Guatemala
👉🏻 El estudio que, corresponde a 2023, incluye los temas de violencia contra mujeres, poblaciones indígenas y diversidad sexual e identidad de género. También aspectos del proceso electoral y el… pic.twitter.com/yccPYNW3dX
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) March 1, 2024
Otro aspecto que mencionó el alto comisionado fue la petición al Congreso para que se abstenga de aprobar leyes que amnistíen a los responsables de crímenes durante el conflicto armado interno, porque contradicen las normas internacionales de derechos humanos.
Hablan de la criminalización en la USAC
El informe de OACNUDH muestra que acompañaron procesos de criminalización a estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala, quienes son perseguidos por luchar por su derecho de libertad de expresión y académica.
El caso del estudiante Camilo García, fue tomado en cuenta. García es uno de los acusados por el Ministerio Público en el caso que presentaron tras la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (USAC) para denunciar fraude en las elecciones de la rectoría.
Las Relatorías Especiales sobre el derecho a la educación, la libertad de opinión y de expresión; la libertad de reunión pacífica y de asociación; y de los defensores de derechos humanos, enfatizaron su preocupación por la expulsión de García, que consideraron como una “forma de represalia por el ejercicio de su libertad académica y sin garantizar el debido proceso”.
Camilo García y otros estudiantes permanecen en el exilio, mientras que algunos enfrentan procesos judiciales por el caso que el MP armó luego de la entrega de las instalaciones de la USAC. Por este proceso también se presentó solicitud de retiro de antejuicio al presidente Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera.
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Situación de libertad de expresión
El informe menciona las acciones en contra de los periodistas en el país durante el año pasado.
En 2023, se registraron 66 casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación, y el asesinato de cuatro. Además, destacan la criminalización en contra de los periodistas Jose Rubén Zamora, Carlos Ernesto Choc y Norma Sancir.
“Hay un 73.68 por ciento de incremento a casos de violencia contra periodistas en comparación a 2022, gran parte de los hechos ocurrieron durante la cobertura al proceso electoral. El Ministerio Público reportó haber recibido 54 denuncias de delitos contra periodistas. Los tipos de ataques denunciados fueron: ataque con arma de fuego, agresión sexual, lesiones, agresión física, amenazas, abuso de autoridad, difamación, coacción, robo, y ataques a la información”, señala el documento.
Otros aspectos que menciona el informe se enfocan en las condiciones de sectores como mujeres y diversidad sexual, así como personas con discapacidad.
Estos son algunos puntos relevantes del informe:
-La violencia contra la mujer persiste y preocupa la falta de presupuesto para los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia
-En el tema de discapacidad enfatizaron que el TSE no proporcionó las condiciones para facilitar la movilización de personas que llegaron a los centros de votación
-Sobre diversidad sexual e identidad de género aumentaron en un 17% las muertes violentas. Además, persiste la violencia en digital y discursos de odio
-Hay poco acceso a justicia en lugares como Alta Verapaz, Quiché y Baja Verapaz. También identificaron que en el sector justicia se usó para tomar represalias contra exfiscales y jueces que investigaron corrupción
-El año pasado reportaron 100 casos de persecución contra defensores de derechos humanos
El Alto Comisionado recomienda al Estado guatemalteco crear las condiciones para que las personas que temen por su seguridad y que salieron al exilio puedan regresar sin ser perseguidos.
También crear políticas públicas a favor de la protección de las personas defensoras de derechos humanos que trabajan en el país.
Que se cumplan con los estándares internacionales al aplicar medidas de prisión preventiva.
