El exministro Mario Roberto Rojas Espino, fue contratista de las subsidiarias de Solway Investment Group en Izabal, dos años después lo nombraron funcionario del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hecho considerado como un conflicto de interés. Durante su administración, el gobierno de Alejandro Giammattei realizó de forma arbitraria la consulta comunitaria al pueblo maya Q’eqchi’ de El Estor y Panzós por el proyecto minero Fénix, un hecho que la Corte de Constitucionalidad anuló por considerarla ilegal.
Por Prensa Comunitaria
Mario Rojas Espino, quien fuera ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) durante la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024), también era un viejo conocido de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico) y de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ambas subsidiarias de la transnacional minera ruso-suiza Solway Investment Group, según documentos contenidos dentro de la investigación de Mining Secrets a los cuales tuvo acceso Prensa Comunitaria, en 2022, junto a 65 periodistas de 20 medios de comunicación en el mundo, coordinados por el colectivo francés Forbidden Stories.
La filtración que contiene más de 8 millones de archivos y 2 terabytes de datos, de 470 buzones de correo electrónico de la minera que opera en Izabal y Alta Verapaz, continúa revelando información que pone en evidencia el conflicto de interés de los funcionarios estatales quienes deberían velar por el cumplimiento de la reglamentación ambiental.
El 16 de marzo de 2018, Pronico, suscribió un contrato con la empresa Éxito Construcciones (Excon) para que ejecutara los trabajos de “construcción de segunda celda de disposición de desechos sólidos”. La empresa es propiedad del exministro del MARN, según la plataforma de Guatecompras.
Rojas también es propietario de las empresas CHIN-GONG y Ferticasa, que se dedican a la elaboración, compra, venta y distribución de materias primas relacionadas a alimentos y bebidas para su comercialización en restaurantes y la construcción de carreteras, puentes, casas.
Dimitri Kudriakov, un ciudadano ruso sancionado por Ley Global Magnitsky, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de dirigir presuntamente esquemas de sobornos a políticos, jueces y oficiales del gobierno, fue el encargado de dirigir las operaciones en representación de Solway y las dos subsidiarias en Guatemala.
El costo del proyecto fue de Q411 mil 410 -unos USD $26,088- y de acuerdo con el contrato firmado por Mario Roberto Rojas Espino en su calidad de propietario de la empresa mercantil Éxito Construcciones y Roel Antonio López Sandoval, gerente administrativo y representante legal de la minera.
La duración del contrato fue por tres meses y cinco días, y los trabajos iniciaron con la limpieza de las áreas de trabajo mediante chapeo al ras para remover todo tipo de vegetación existente, según una cotización realizada por la empresa Éxito Construcciones y dirigida a Álvaro Ramírez, gerente de gestión ambiental de Pronico.
En el caso de la construcción de la Segunda Celda de Disposición de Desechos Sólidos, en el relleno sanitario de la compañía minera, fue aprobada por Sergei Nosachev (ciudadano ruso) y gerente general de Pronico, proyecto para el cual fue contratada la empresa del exministro de ambiente.
Posteriormente se realizó un nuevo contrato con el exministro para la construcción de una bodega para almacenamiento de materiales y herramientas utilizando madera y lámina galvanizada, dotación de agua necesaria para los diferentes trabajos mediante la instalación de un tanque de mil 500 litros y se realizaron los trazos de área de escuadras y niveles.
El documento de la constructora contemplaba que en el segundo mes se realizarían trabajos de excavación mediante la utilización de una retroexcavadora y se diera la instalación de tubería y geotextil tubería PVC de 3 pulgadas con capacidad de 80 psi (libras por pulgada cuadrada), perforada en media sección, forrada con geotextil, que desfoga en la pileta de lixiviados (sustancias líquidas que circulan entre los residuos que se encuentran principalmente en los vertederos) existente.
También se construiría un drenaje francés con una capa de piedrín de 1/2 de 0.20m de espesor.
En el tercer mes de trabajo se realizaría la edificación de una caja de registro a base de concreto y ladrillo tayuyo con dimensiones de 0.80 x 0.80 x 0.50 de alto y se ejecutaría una excavación de canales laterales del vertedero los cuales tendrían dimensiones de 0.60 metros de ancho x 0,60 de alto, en ubicaciones.
Adicionalmente se realizaría la instalación en el vertedero principal y canales laterales de una geomembrana de polietileno de alta densidad HDPE de alta durabilidad y termofijada. Finalmente se llevaría a cabo una limpieza general de áreas de recolección y extracción de desechos generados durante el proceso de construcción.
Dos años después de iniciado el contrato, en 2020, Mario Rojas, originario de Río Hondo, Zacapa, fue nombrado como viceministro del MARN, un años después se impuso el proceso de consulta comunitaria al pueblo maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz, por el proyecto minero Fénix, consulta que el Estado benefició directamente a la minera de níquel.
Ejemplo de conflicto de interés
Manfredo Marroquín, experto en temas de transparencia y presidente de Acción Ciudadana, comentó que en el caso de Mario Rojas, se podría argumentar que pudo darse conflictos de interés entre su pasado como contratista de la empresa minera y su paso en el Ministerio de Ambiente, ya que podría haber favorecido los intereses de la empresa minera en detrimento del medio ambiente.
“Por ejemplo, pudo ampliar u otorgar nuevos permisos, licencias o exenciones a la empresa minera sin cumplir con los requisitos legales o ambientales, o pudo obviar o minimizar las denuncias o sanciones por los daños causados por la actividad minera”, expresó Marroquín.
Agregó que “Mario Rojas tenía la obligación de dar a conocer ese conflicto de interés para que cuando estuviera en el ejercicio del cargo se excusara de conocer temas ambientales sobre la minera”, indicó Marroquín.
“Ahora surge la duda si ellos mismos (la minera) promovieron a Rojas como ministro de Ambiente ante Giammattei. Con todos los antecedentes de sobornos y sanciones alrededor de esa operación este tipo de situaciones solo generan más interrogantes”, concluyó el presidente de Acción Ciudadana.
Historial de corrupción
Desde 2017, Prensa Comunitaria ha contado cómo la empresa CGN subsidiaria de la transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, cooptó el poder local y nacional a través de la compra de políticos y jueces para operar de forma ilegal en el municipio de El Estor, Izabal, y criminalizar a los indígenas maya Q’eqchi’ que se les opusieron cuando la mina contaminó sus aguas o quiso desalojarlos de sus tierras.
CGN ha operado de manera ilegal el proyecto minero Fénix, desde 2005, en este municipio del Caribe guatemalteco, según la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la ilegalidad del proyecto, en 2019. La investigación de Mining Secrets desveló que Solway fue creada con capitales rusos y que tiene oficinas en la ciudad de Lugano, Suiza y en otros países del mundo.
En diciembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a la Compañía Guatemalteca de Níquel, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal y Mayanickel por “corrupción” y “tráfico de influencias” en la explotación del sector minero guatemalteco.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la sanción incluyeron al ciudadano ruso Dimitri Kudriakov, principal jefe de la mina y de la operación minera, y a la bielorrusa, Iryna Litviniuk. Guatemala les retiró a ambos la residencia el 25 de diciembre y confirmó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) que salieron del país después de anunciar las sanciones, publicó la cadena de noticias AP.
A las compañías se les sancionó bajo la Ley Global Magnitsky, una norma que establece sanciones sobre las propiedades de los actores designados y prohíbe entre otras cosas a cualquier empresa estadounidense hacer transacciones con los sancionados.
La OFAC, es un organismo de control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que cuenta con distintas herramientas para sancionar a personas y empresas a nivel internacional.
El pasado 17 de enero, la OFAC retiró las sanciones económicas a las tres empresas mineras que operan en Izabal y coincidentemente ese mismo día las autoridades estadounidenses le retiraron la visa al expresidente Alejandro Giammattei y le aplicaron la Ley Global Magnitsky a Alberto Pimentel Mata, exministro de Energía y Minas.
Conoce más detalles acá:
Confirman sobornos de Solway al gobierno del expresidente Giammattei
