Créditos: El Diario de Hoy
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Periodistas de medios de comunicación independientes y comunitarios y la prensa escrita han sido agredidos en el ejercicio de su labor por funcionarios o personas vinculadas al Estado, según denuncias presentadas ante el Centro de Monitoreo Electoral. Mientras, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos guardan silencio ante las denuncias y pedidos de diálogo.

Por Isela Espinoza

Acoso digital, restricciones al ejercicio periodístico, difamación, retenciones arbitrarias, ataques verbales y físicos o intimidaciones, son algunos tipos de agresión a los que la prensa salvadoreña se ha enfrentado durante el último mes de campaña electoral y los días previos a la elección de presidente, vicepresidente y 60 diputados para la Asamblea Legislativa.

Este domingo 4 de febrero 5,473,305 millones de salvadoreños están llamados a votar en el país y otros 741,094 votarán en 81 centros de votación instalados en 29 países. Sin embargo, en medio de la campaña electoral los periodistas de medios críticos a la gestión de Nayib Bukele, quien busca la reelección con el partido Nuevas Ideas (N), han sido víctimas de vulneraciones durante las coberturas diarias o de investigación.

“No tenemos reglas claras de cómo se va a garantizar el derecho al ejercicio periodístico”, dijo este sábado Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Cárcamo comentó que desde la organización buscaron el año pasado un diálogo con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño para exponer los riesgos de la prensa durante la cobertura de las elecciones. A través de una carta, el TSE respondió que tendrían una reunión con representantes de medios de comunicación a la cual serían invitados. Sin embargo, un día antes de los comicios no había sucedido el encuentro.

Foto de Prensa Comunitaria

Además, denunció que en las elecciones de 2019 advirtieron que en los reglamentos del Código Electoral y en los instructivos de las Juntas Receptoras de Votos no aparecen con claridad los derechos que tienen los periodistas para ejercer su labor en el interior de los centros de votación.

Durante una conferencia de prensa este sábado 3, la APES denunció que, de enero al 3 de febrero, el Centro de Monitoreo Electoral registró 64 vulneraciones hacia periodistas. Según el reporte, San Salvador acumuló 15 agresiones; Morazán, siete y Ahuachapán, tres. En tanto, las agresiones a través de redes sociales fueron realizadas el 38% en X y una a través de Facebook.

Estos datos reflejan la situación de los periodistas de medios de comunicación independientes o que tratan de sobrevivir al hostigamiento de los funcionarios y personas vinculadas con el Estado, entre ellos algunos creadores de contenido cuyo papel es deslegitimar el trabajo periodístico.

La Asamblea Legislativa es uno de los espacios en donde se observa la presencia de un alto número de “Youtubers” o “Tiktokeros” que transmiten en vivo las declaraciones de los diputados previo a iniciar o al finalizar alguna sesión plenaria. En un espacio limitado, más de 20 creadores de contenido se mezclan entre pocos los periodistas que cubren este organismo. Ante preguntas incómodas para los diputados oficialistas o aliados, estos plantean provocaciones o críticas hacia quien se atreve a salirse del guion.

Para los periodistas salvadoreños estos personajes son uno de los principales riesgos que han identificado para la jornada electoral. No caer en las provocaciones son algunas de las recomendaciones que han dado las salas de redacción. Bajo este contexto, el temor y ansiedad son algunos de los sentimientos que han experimentado los reporteros. Las agresiones por parte de los policías o militares que piden borrar el material periodístico también es otra de las preocupaciones para este domingo que, por primera vez, según analistas, se observa un nivel bajo de Misiones de Observación Electoral.

El Centro de Monitoreo Electoral de la APES señala que un 18% de las agresiones son declaraciones estigmatizantes, otro 18% es acoso digital y restricción al ejercicio periodístico, un 9% son difamaciones y acoso en general. Además, el reporte también resalta afectaciones graves como las retenciones arbitrarias, amenazas legales, ataques verbales, agresiones físicas y comentarios de vulneraciones por condición de género. Entre los principales agresores se encuentran: funcionarios públicos, Fuerza Armada, empleados públicos, medios de comunicación y partidos políticos vinculados al Gobierno de Nayib Bukele.

En las elecciones de 2019, el Centro de Monitoreo Electoral registró 26 casos y este año se reportan 24. Pero las vulneraciones han aumentado, es decir, la reincidencia del hecho denunciado que puede tener un periodista.

“En el departamento de Ahuachapán tenemos el caso de una periodista que estaba entrevistando a un candidato y el actual alcalde de la zona le tomó fotos, la subió a redes sociales y la amenazó por el trabajo que estaba realizando. Mientras, esta semana una fotoperiodista que captó imágenes de empleados del Estado repartiendo bolsas de alimentos, que en el silencio electoral no deberían hacerlo, fue retenido por estas personas e intimidada para que borrara las fotografías e incluso la amenazaron de que se la podían llevar presa”, evidenció Cárcamo.

Otra de las vulneraciones que ha tenido la prensa es la entrega a destiempo de las acreditaciones por parte del TSE. Esto podría obstaculizar el trabajo periodístico de quienes habitan en los departamentos del país y deben recorrer varios kilómetros hacia la sede del TSE ubicada en San Salvador para recoger el documento. El no portarlo podría generar una excusa para no dejar ingresar a los periodistas a los centros de votación.

“Estas elecciones por ser peculiares se corre el riesgo de que pueda haber decisiones unilaterales de los encargados de los centros de votación y que puedan sacar a los periodistas que no sean de interés para ellos”, agregó Cárcamo.

Por otro lado, también denunció que no han logrado establecer comunicación con la Procuraduría de los Derechos Humanos. “Como periodistas van a un evento electoral en donde, desde estas instituciones del Estado, no ha habido un acercamiento para poder articular esfuerzos para mediar cualquier situación de riesgo de la prensa”, denunció la presidenta de APES.

Estigmatización del trabajo de la prensa

Los discursos en contra de la prensa, el presidente Nayib Bukele los maneja desde sus redes sociales en donde los tacha de “mentirosos” o que reciben dinero de “agendas ocultas”. Esta semana, previo a las elecciones, sus mensajes han aumentado en contra del gremio que ha publicado casos de corrupción o de negociaciones con las pandillas.

Para el relator de Libertad de Expresión de la APES, Gabriel Labrador, la retórica de Bukele es “una muestra de lo incómodo que se siente con las publicaciones recientes de la prensa”. Atacar a los periodistas es una de las estrategias de los gobiernos intolerantes y poco transparentes, enfatizó.

En 2023 se registraron 311 agresiones hacia la prensa de las cuales el 65% ocurrieron en el espacio digital. Esto representó un aumento del 50% de lo que se reportó en 2022. El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas inició en 2018. En ese año se registraron 60 agresiones.

Labrador también resaltó que durante los 23 meses del régimen de Excepción también ha aumentado la autocensura desde los periodistas hasta directores de los medios de comunicación. A través de un estudio sobre la libertad de expresión durante el régimen también reveló que el miedo surge a partir de la regresión y vulneración a los derechos humanos.

“Los periodistas hemos notado una presión constante a guardar silencio sobre los temas. El régimen de Excepción no solo sirve para encarcelar a los pandilleros, sino que se han modificado alrededor de 18 leyes y algunas de ellas que en su conjunto obligaban a la prensa a no informar sobre procesos de violencia o pandillas”, declaró el relator.

Entre las reformas que se modificaron se encuentra una al Código Procesal Penal que castigaba con cárcel de 15 a 20 años al medio de comunicación o periodista que emitiera un mensaje proveniente de pandillas y que causara zozobra o pánico en la población. Sin embargo, Labrador resaltó que la redacción de esta modificación era ambigua e intimidatoria lo que provocó el exilio de 10 periodistas en 2022. Mientras, en 2023 preventivamente salieron del país cinco periodistas. Algunos han regresado, otros prefieren no revelar su estatus y uno abandonó el ejercicio periodístico.

En noviembre del año 2023, estas restricciones denominadas Ley Mordaza se eliminó tras 19 meses de vigencias. Pero aún existen otras reformas de ley que pueden utilizarse en contra de los periodistas. “Con haber quitado esas reformas no ha mejorado el clima de libertad de prensa y por el contrario se mantiene en regresión”, señaló Labrador.

Ante el escenario de la reelección inconstitucional de Bukele, los periodistas salvadoreños denuncian que el acoso y la criminalización quizás no ocurra el día de las elecciones sino después del proceso.

Labrador coincidió con estas afirmaciones y agregó que uno de los escenarios es que Bukele se sienta “con una carta blanca para cerrar medios, organizaciones de la sociedad civil porque en esta gestión demostró que el respeto a las leyes no es importante” para él. Además, no descartó que utilice a las Fuerzas Armadas o la policía cuando las personas o gremios se manifiesten.

Los periodistas independientes lamentan que la narrativa que el presidente controla desde sus redes sociales hacia los periodistas polarice y divida más a la sociedad en cuanto a la labor de la prensa. “Es lamentable que la mayoría de la población se crea fácilmente el discurso del Gobierno: que somos enemigos del pueblo, que estamos afectando el proyecto de Bukele y que somos mentirosos”, concluyó Labrador.

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