El despliegue de las fuerzas armadas preocupa a opositores y sociedad civil, acciones que califican como intimidación a los votos de oposición o de descontento.
Por Isela Espinoza
Ser joven, mujer y con un vestuario “diferente” al resto de personas que transitan por las calles de San Salvador, la capital de El Salvador, podría ser un indicio “sospechoso” y una causa para que los militares detengan a una persona.
El martes 30 de enero, durante un recorrido por el centro del país, se observó una escena que quizá para algunos salvadoreños es “normal”, para otros aceptable y para otro porcentaje revela cómo se encuentran los derechos humanos en el país centroamericano que este domingo 4 de febrero acude a las urnas para elegir a presidente y 60 diputados para la Asamblea Legislativa.
Cinco militares caminan detrás de una joven. Tres aceleran el paso y consiguen rodearla. Otro se acerca para cuestionarla. Mientras, el quinto resguarda el resto de la escena. La joven voltea y ante la intimidación, tira su mochila hacia el suelo y con fuerza lanza cada una de sus pertenencias hacia el militar que observa lo que lleva. La escena se registró ante la mirada de transeúntes que prefirieron guardar distancia o cambiar de banqueta.
“El Gobierno está utilizando la militarización como una estrategia de intimidación, de control social y control político. Estamos observando que la Fuerza Armada (FAES), junto a la Policía, ha sido la causante de miles de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción”, dijo David Morales, jefe de Justicia Transicional de la organización Cristosal a La Prensa Gráfica.
Cinco días antes de la elección presidencial y Legislativa, el Gobierno de Nayib Bukele aumentó el despliegue de militares por las calles populares de San Salvador. Sin embargo, en áreas como la Zona Rosa estas escenas no se observan.
Organizaciones de derechos humanos, periodistas y otras voces de la sociedad civil destacan que el despliegue de las fuerzas armadas recuerda la época del Conflicto Armado Interno (1979-1992) en El Salvador.
En tanto, los candidatos opositores también han denunciado en los últimos días la militarización y cómo Bukele a través de sus discursos busca borrar lo alcanzado en los Acuerdos de Paz firmados en 1992.
“Los Acuerdos de Paz no fueron una farsa. Vivimos una guerra y no debemos volver a eso. El Gobierno actual quiere olvidarse de los Acuerdos de Paz precisamente porque los está violando. Tiene militarizada a la sociedad salvadoreña, tiene militarizada la seguridad pública. Ha ocupado a la fuerza armada como un actor político para instalar su dictadura”, afirmó Luis Parada, candidato a la presidencia del partido Nuestro Tiempo (NT).
El discurso del miedo también se replica en los anuncios del Gobierno divulgados en los canales de televisión nacional o medios escritos como Diario El Salvador en donde resaltan mensajes en contra de la oposición, que, según la retórica, buscan liberar a los pandilleros y retroceder “los logros ganados en la guerra” contra estos “grupos criminales”.
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El Salvador: candidatos opositores denuncian ilegalidades en campaña electoral
Uno de los anuncios retrata a un joven que maneja su auto mientras escucha la destitución del presidente de la República por la Asamblea Legislativa luego que los diputados no lograran la mayoría en el hemiciclo. Le sigue otro hecho que señala la liberación de 40,000 pandilleros por parte del fiscal general “nombrado por la oposición sumiendo al país en el terror”. En cada anuncio, el joven cuestiona asombrado lo que escucha. Luego unos presuntos pandilleros dan golpes insistentes en la ventana de su auto para asaltarlo.
La escena sumerge al ciudadano en ansiedad, quien aturdido “despierta de la pesadilla” tras escuchar la voz de su madre quien le recuerda que es el día de las elecciones. “Este 4 de febrero, no te durmás, salí a votar”, finaliza el spot de un minuto. Aunque termina sin mencionar a ningún partido, el discurso es el mismo que maneja Bukele para llamar al voto para su reelección, calificada de inconstitucional, y para los candidatos a la Asamblea Legislativo por el partido oficialista Nuevas Ideas (N).
Para la candidata a la Asamblea Legislativa por San Salvador del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), Anabel Belloso, estos anuncios y los discursos del presidente forman parte de “utilizar el miedo como una estrategia”.
“Ellos utilizan muchos símbolos. Por ejemplo, las capturas de líderes sindicalistas o defensores de derechos humanos obedecen a mandar un mensaje y lastimosamente afecta la vida de estas personas porque no hay causas legales en esas capturas. Pero funcionan como una advertencia a la población”, opinó Belloso.
El Salvador cerró el año 2023 con una tasa de 3,4 homicidios por cada 100.000 habitantes (2,4 según el Gobierno, que excluye del conteo los homicidios provocados por las fuerzas de seguridad). En 2015, la tasa fue de 106, la más alta del mundo. Otros delitos relacionados con el actuar de las maras o pandillas, como la extorsión o la desaparición de personas, también presentan mínimos históricos tras 23 meses de haberse decretado el estado de excepción.
Tanto Belloso como Parada coinciden en que la sociedad salvadoreña no iba a las urnas bajo un estado de Excepción desde las dictaduras militares. Sin embargo, Belloso resaltó que la militarización ha sido parte del Gobierno de Bukele desde el inicio de su gestión.
“Lo vimos entrar a la Asamblea Legislativa con los militares. El tema de abuso de poder obviamente se expresa a través de ellos y esa es una de las estrategias que hoy tienen. Llenar las calles de todo el país con militares haciendo que esa institución cumpla y se apegue más a la agenda política del Gobierno que a los mandatos constitucionales”, lamentó la diputada que actualmente busca reelegirse para un tercer y último periodo.
Opiniones divididas
En las calles de San Salvador la mayoría de personas prefiere no opinar sobre el número de policías y soldados desplegados en las plazas o calles del país. Quienes deciden hablar aseguran que volverán a votar por Bukele debido a que ha logrado controlar los homicidios cometidos por las pandillas.
Un ciudadano cuestionado sobre la reelección del presidente comparó la gestión de los gobiernos de Arena y el FMLN y según su percepción, estuvieron más de 10 años en el poder y “no lograron resultados en seguridad”. “Toda la población está feliz”, expresó.
Otra persona se mostró a favor de la reelección de un partido, pero no del presidente. En tanto, existe un porcentaje de la población que prefiere no acudir a las urnas a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó que en estas elecciones los ciudadanos pueden emitir su voto con el Documento Único de Identidad (DUI) o pasaporte vencido.
La abogada y analista Ruth López señaló que la oposición ha perdido credibilidad ante la población debido a los casos de corrupción. En el caso del FMLN bajó su popularidad en 2012 y Arena en 2021. Mientras, los partidos políticos de reciente creación les ha costado posicionarse por la falta de recursos. El FMLN y Arena dominaron la política salvadoreña tras la guerra civil salvadoreña (1980-1992), hasta que Bukele en 2019 rompió ese bipartidismo al ganar la Presidencia.
En esta contienda participan 11 partidos políticos de los cuales solo seis inscribieron candidatos a la presidencia: ARENA, FMLN, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria (FS), Nuestro Tiempo (NT) y el oficialista Nuevas Ideas (N).
En las últimas encuestas realizadas del 3 al 8 de enero con mil 904 personas, Bukele, obtuvo un 70.9% de la intención de voto. Relegados con un 2.9% figuró el candidato de la exguerrilla del FMLN, el exdiputado Manuel Flores. La derechista Arena, con el empresario Joel Sánchez, figura con un 2.7%, y el candidato de Nuestro Tiempo Luis Parada, con 1.1%. Un 21.2% se abstuvo de opinar o anuló su voto.
El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría opositora sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.
Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser “leales” al Ejecutivo de Bukele, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años. El mandatario recibió el 30 de noviembre de 2023 una licencia del Congreso por seis meses para lanzarse a la campaña de reelección.
Organismos internacionales también han señalado las graves violaciones a los derechos humanos y el deterioro del Estado de Derecho en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido una serie de lineamientos que definen que para que las elecciones sean íntegras se requieren: garantían judiciales, mayor transparencia, una administración electoral independiente, seguridad y publicidad del conteo de votos, equidad de recursos para competir y claridad de las normas jurídicas electorales.
“El Gobierno de Bukele ha incumplido estos estándares mínimos para el ejercicio de los derechos políticos”, afirmó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El candidato presidencial de Nuestro Tiempo advirtió que el actual mandatario está “sembrando las semillas que con el tiempo resultarán en conflictos”. Al menos 5.4 millones de salvadoreños acudirán a las urnas este domingo y otras 741,094 votarán en el exterior para elegir a presidente y vicepresidente y 60 diputados para la Asamblea Legislativa.
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