El juez Moisés de León señala al Ministerio Público, a la Fundación contra el Terrorismo y al juez Lesther Castellanos de dañar “su honor y reputación”. Luego de presiones y hostigamiento De León ha pedido a la Sala que lo aparte del caso contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
Por Alexander Valdéz
La Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango rechazó, hace una semana, la solicitud de apartar al juez Moisés de León del caso contra Virginia Laparra. El Ministerio Público (MP), la Fundación contra el Terrorismo y el juez Lesther Castellanos, buscan apartarlo del caso luego que De León ordenara la libertad de la exfiscal anticorrupción.
Sin embargo, luego de la resolución de la Sala, De León envió una solicitud a los magistrados para que sea apartado del proceso y no continúe a cargo del juicio contra la exfiscal anticorrupción, por el segundo proceso que se conoce en este departamento.
El juzgador aclara que no es un “juez parcializado” como alega el MP y los querellantes, sin embargo, considera que la Fiscalía de Asuntos Internos y quienes lo recusaron le “han dañado su honor y reputación” por las afirmaciones vertidas en la recusación. “Al considerar las partes aludidas si tienen la convicción de que mi actuación será parcializada en el caso y que he externado opinión al resolver, según ellos a favor de la procesada (Virginia Laparra), dañando de tal cuenta mi honor y consecuentemente mi reputación…”, se lee en la solicitud.
“No me considero ser un juzgador parcializado, sin embargo el criterio que sostienen las partes que me recusaron es ese, es decir, que me consideran parcializado con la parte acusada y que no confían en mi persona en mi calidad de juzgador para el desarrollo del debate oral y público. Considerando de esta cuenta que se dan los presupuestos, puesto que al considerar las partes aludidas si tienen la convicción de que mi actuación será parcializada en el caso y que he externado opinión al resolver, según ellos, a favor de la procesada, dañando de tal cuenta mi honor y consecuentemente mi reputación. Es por lo anterior que la sala jurisdiccional a la que me dirijo debe reconsiderar su decisión y aceptar la presente excusa y designar a otro juzgador o juzgadora para que conozca del presente proceso penal, propiciándole así confianza, certeza jurídica y garantizando la tutela judicial efectiva a las partes dentro del proceso penal”, expresa el juez ante la Sala.
A raíz de esta excusa, el proceso nuevamente se detiene. La Sala deberá analizar lo pedido por el juez, podrá rechazar o mantenerlo a cargo del caso.
Revés para el MP y querellantes
En la recusación que fue denegada por la Sala, la Fiscalía de Asuntos Internos puso en duda de la imparcialidad del juez de León. “El honorable juzgador no tiene imparcialidad para poder juzgar y para poder conocer el presente debate oral y público ha existido una aplicación fuera de derecho de la normativa y el ordenamiento jurídico con relación al presente proceso y se ha podido determinar esa inclinación del honorable juzgador a la barra acusada dentro del presente caso y esto ha sido evidentemente porque se ha tenido en cierta forma subsanar errores cometidos por la defensa”, alegó.
Sin embargo, la Sala resolvió que el juez actuó apegado a derecho, y que ha tomado en cuenta los principios procesales, realizando un estudio minucioso de la investigación recabada por el MP. Además, hace ver que los juzgadores poseen independencia judicial y eso debe resaltar en sus resoluciones, no siendo esta también causa para poder solicitar recusación al juzgador.
“No habiendo pruebas suficientes ni circunstancias verídicas en donde se pueda establecer fehacientemente que el Juzgador tenga amistad íntima o algún tipo de relación de cualquier índole con la sindicada Lilian Virginia Laparra Rivas y en ningún momento se puede dudar de la imparcialidad y objetividad del Juzgador, tampoco se puede con claridad indicar en qué momento el juzgador emitió una opinión dentro del presente proceso penal y tampoco se ha probado ni existen circunstancias que demuestran el “evidente interés muy especial”, resolvió.
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Juez otorgó libertad a Laparra
En julio de 2023, el juez De León resolvió otorgar medidas sustitutivas a la exfiscal Virginia Laparra por un caso que se desarrolla en Quetzaltenango por supuesta revelación de información confidencial. Sin embargo, Laparra no pudo recuperar su libertad de manera inmediata, debido a que aún tenía pendiente la revisión de medidas del primer caso en su contra y por el cual ya fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por abuso de autoridad.
Luego de ese fallo, el MP y querellantes pidieron que fuera apartado del proceso y fue atacado en redes sociales. En enero de este año, Laparra salió de prisión en donde permaneció desde febrero de 2022. La Cámara Penal ordenó al Tribunal Octavo otorgarle la libertad, por considerar que ha guardado prisión preventiva que supera el 45% del total del tiempo que le fue impuesto.
Laparra, es abogada y exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango en donde trabajaba desde 2016. Ella ha tenido que enfrentar criminalización y cárcel, luego de que el Ministerio Público (MP) se volteara hacia sus mismos fiscales y otros operadores de justicia, incluyendo quienes investigaron casos de corrupción de alto impacto en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a los jueces que conocieron estos casos.
El primer caso en su contra se originó a partir de que presentó cuatro denuncias contra el exjuez Lesther Castellanos ante la Junta de Disciplina Judicial, en octubre de 2018, a quien señaló de filtrar información reservada al abogado Omar Barrios.
