El exministro de Comunicaciones figura como acusado en dos procesos de corrupción, en uno de estos es señalado de lavado de dinero y está dispuesto a declararse culpable para poder someterse a un procedimiento de aceptación de cargos, lo que le favorece porque obtendría una pena mínima.
Por Alexander Valdéz
A puerta cerrada, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz Toscano, desarrolló una audiencia en la que la defensa del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, pidió ser condenado por la vía de “aceptación de cargos” en el caso conocido como los Q122 millones. Y que se relaciona con el dinero localizado en Antigua Guatemala, en 2020, durante la gestión de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
A la audiencia no se permitió el acceso de los medios de comunicación, por una reserva solicitada por el fiscal Pedro Hernández, ahijado de la fiscal general Consuelo Porras, quien está asignado en esa investigación, que no ha tenido avances desde la destitución de Juan Francisco Sandoval.
Se conoció que la estrategia de la defensa es que Benito solo acepte su culpabilidad en una maleta que fue localizada con dinero, así poder modificar la acusación que inicialmente se presentó contra el exministro de Jimmy Morales, y que le favorecería para obtener una sanción penal menor.
#Corrupción ❌👆🏽
Luis Benito fue vinculado con los Q122 millones encontrados en una residencia de Antigua Guatemala en 2020, cuando la FECI era dirigida por Juan Francisco Sandoval.
El dinero, en diferentes tipos de moneda, fue localizado en 22 maletas; una de estas estaba… pic.twitter.com/B74uKrUkkh
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 9, 2024
Maletas con Q122 millones
El 16 de octubre de 2020, la FECI dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval realizó un operativo en un inmueble ubicado en el condominio Doña Beatriz, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en donde se encontraron Q122 millones 351 mil 456.60 en efectivo.
Ese día, la FECI dijo que habían recibido información de un inmueble en el que se almacenaban fuertes sumas de dinero en efectivo provenientes, posiblemente, de sobornos dirigidos hacia un funcionario de una administración gubernamental.
El dinero encontrado estaba guardado en 20 maletas que estaban en la residencia. Una de ellas tenía una identificación del exministro Benito, esa fue una de las razones por las que fue vinculado al proceso.
En este caso se tomó la declaración de un colaborador eficaz identificado como “Testigo A”, quien relató cómo, en 2019, el expresidente Alejandro Giammattei presuntamente negoció un aporte de US$2.6 millones con el exministro Benito a cambio de continuar operando una estructura de corrupción en obras públicas.
En un reportaje de El Faro y CNN, se expuso la declaración del “Testigo A”. La persona lo acusó de haber negociado la entrega de Q20 millones provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019. A cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.
La publicación expone que, en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, asistió en ciudad de Guatemala a una reunión en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni, que era secretario general del partido Vamos y después fue secretario privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de entrega del dinero.
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Curruchiche intentó retrasar el caso de los Q122 millones que vincula a Giammattei
Benito también figura como acusado en el caso conocido como Libramiento de Chimaltenango. El exministro del gobierno de Jimmy Morales avaló el supuesto contrato fraudulento que concedió el proyecto para la finalización de los trabajos de construcción de ese tramo carretero.
La investigación estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en un evento de licitación pública por más de Q500 millones, afirma la Fiscalía contra la Corrupción. Este expediente fue trasladado a otro juzgado en septiembre de 2022.
