Diferentes instituciones del Estado dan como beneficio para los empleados públicos seguros médicos privados, los cuales son pagados a tiempo cada año a las aseguradoras que reciben estas adjudicaciones. Mientras la deuda con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se incrementa cada año sin que se defina una solución para pagarla. La SAT es la que más ha desembolsado por pago de seguros.
Por Carlos Estrada
La deuda del Estado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social alcanzó en 2022 Q62.9 millardos -unos USD $8.43 millardos- según el último informe anual de labores publicado por la institución en su página web.
Mientras tanto, en los cuatro años del Gobierno de Alejandro Giammattei, los pagos en seguros privados de salud en distintas instituciones del Estado, sumaron más de Q.632 millones -USD $80.81 millones- en 42 concursos publicados en el portal electrónico de Guatecompras.
Empresas aseguradoras como Seguros Universales, Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y Seguros G&T, fueron las que recibieron más contratos con el Estado.
La institución que más pagó en los cuatro años de Giammattei por seguros médicos para sus empleados fue la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según los datos públicos del portal electrónico de Guatecompras adquirió un seguro médico para sus empleados por Q144 millones 55 mil 371.2 en junio de 2022.
El seguro colectivo de vida y gastos médicos contratado para los directores, funcionarios y empleados de la SAT, fue adjudicado a Seguros Universales, que presentó la segunda oferta más alta de las tres propuestas.
Las otras dos ofertas que recibió la SAT fueron del estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) que ofertó Q108.1 millones, mientras que seguros El Roble ofertó Q168.9 millones.
El seguro según lo solicitó la SAT debería ser multianual, cubriendo del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2025.
El contrato entre la SAT y Seguros Universales establece que el número estimado de directores, funcionarios y empleados públicos de la institución es de 7 mil 909 personas, las cuales tendrán cobertura médica y de vida pagada por la superintendencia.
Los empleados de la SAT tienen una cobertura vitalicia máxima de Q1 millón y un seguro de vida por Q120 mil para los empleados rasos y de Q1 millón para los cinco directores que describió la institución.
Hace tres años, en octubre de 2021 la SAT adjudicó al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) un contrato para darle cobertura por un año a sus empleados que para entonces según el acuerdo alcanzaban los 5 mil 850 más otros mil que serían contratados bajo el renglón presupuestario 022, según lo que declaró la institución.
El contrato con el CHN con características similares a las firmadas con Seguros Universales en 2022, aunque con una cobertura de solo un año fue por Q51.8 millones.
Solo la SAT en dos contratos en el Gobierno de Giammattei adjudicó contratos de seguros médicos por más de Q195.8 millones.
Un seguro establecido en el pacto colectivo con las portuarias
La segunda institución del Estado que pagó más por un seguro médico para sus empleados fue la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que adjudicó en agosto del año pasado el seguro de gastos médicos con Seguros Universales por Q81 millones 182 mil 430.
En el caso de la EPQ, la obligación de la institución a pagar un seguro médico privado para sus empleados está establecida en el artículo 80 del pacto colectivo de condiciones de trabajo en el cual además se obliga a la compra de regalos para los trabajadores y sus hijos menores por parte de la portuaria.
La EPQ desembolsa cada mes por los empleados sin dependientes que suman 193 personas, Q3 mil 857.45 por persona (Q744 mil 487.85 mensuales), mientras que para los empleados con dependientes que suman 586 empleados, la institución paga cada mes por trabajador Q4 mil 501.90 (Q2 millones 638 mil 113.40 mensuales).
Dos años antes la EPQ había adjudicado también a Seguros Universales el mismo tipo de seguro aunque el precio adjudicado en esta ocasión fue de Q73.7 millones, un incremento en dos años de más de Q7.4 millones.
En el Caribe guatemalteco los empleados de la portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) al igual que los de la EPQ también dejaron establecido en el Pacto Colectivo la obligación de recibir un seguro médico adicional a la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
La Empornac adjudicó también dos contratos de seguros médicos para sus empleados uno en abril de 2021 por Q35.7 millones y otro en abril de 2023 por Q64.9 millones ambos con la empresa Seguros Universales.
Portuaria Santo Tomás adquiere seguro millonario para sus trabajadores
Entre Finanzas, la Superintendencia de Bancos y el Congreso
Las otras instituciones del Estado que pagan seguro médico privado a sus empleados son el Ministerio de Finanzas Públicas, que desembolsó Q21.5 millones por el seguro en 2023 y poco más de Q16 millones en 2021.
La Superintendencia de Bancos (SB) mientras tanto, adjudicó en 2021, 2022 y 2023 Q15.8 millones, Q15.9 millones y Q14.3 millones respectivamente, todas con Seguros G&T.
En tanto en el Congreso de la República en donde varios diputados renunciaron expresamente al seguro médico como el caso de la diputada Vicenta Jerónimo del desaparecido Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Juan Carlos Rivera de Victoria entre otros, la institución adjudicó en 2022 la adquisición de un seguro médico para directores y diputados por Q15.8 millones con el CHN.
Otras instituciones públicas como el INE, el Fondo de Tierras y el Instituto Guatemalteco de Turismo también adquirieron seguros médicos para sus trabajadores.
En la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se gastó Q721 mil 304 para asegurar a todos los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), el cual preside el rector de facto Walter Mazariegos, la empresa Seguros Universales obtuvo el contrato.
USAC gasta más de Q721 mil en un seguro para sus autoridades
Una propuesta que no avanza
Aunque en el Congreso se conoce la iniciativa de ley 5689 que modifica la Ley Orgánica del Presupuesto, presentada por el diputado Juan Carlos Rivera, la cual tuvo dictamen favorable en mayo de 2021 de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales presidida por la diputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) Vicenta Jerónimo. Esta no avanzó en los cuatro años del Gobierno de Giammattei en las salas legislativas de Salud y Asistencia Social y de Finanzas las cuales también la conocen.
La propuesta de Rivera señala que el Estado debe garantizar la transparencia y adecuado uso de los recursos del Estado, evitando que se dupliquen los gastos, por esta razón la propuesta busca modificar el artículo 12 de la ley orgánica del presupuesto decreto 101-97 con la finalidad de evitar que se utilicen fondos públicos para el pago de seguros privados.
El dictamen aprobado por la sala de trabajo de Legislación y Puntos Constitucionales establece que: “Los Organismos del Estado y sus dependencias, las entidades descentralizadas y autónomas incluyendo municipalidades, tienen prohibido presupuestar, contratar y/o pagar con recursos del Estado incluyendo con fondos privativos que obtengan por cualquier forma o concepto, seguros para cubrir gastos o atención médica privada de sus funcionarios y empleados públicos”.
La propuesta aprobada por la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, establece además sanciones iguales a lo pagado en la adquisición de seguros para los funcionarios públicos que autoricen esos pagos, sin prejuicio de las responsabilidades civiles o penales que procedan al incumplir la ley.
Se olvidan del pago al IGSS
La Constitución Política de la República establece en su artículo 100 que la Seguridad Social del país deberá ser financiada a través de una triple contribución: “El Organismo Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del Instituto” señala la Constitución.
La cuota patronal del IGSS es de 10.67 por ciento del salario que se paga al trabajador, y el 4.83 por ciento de su salario lo aportan los empleados, lo cual les da cobertura ilimitada por enfermedades, además de pensión por vejez y medicamentos entre otros beneficios.
Según el IGSS, el Organismo Ejecutivo no ha cumplido con sus obligaciones. La institución señala que durante años solo se ha pagado parcialmente los aportes que como patrono debe dar, al igual que su obligación como Estado.
El IGSS reporta que el Estado tiene a más de 220 mil trabajadores por los cuales debería de aportar el 10.67 por ciento del salario.
Solo en 2022, el IGSS le requirió al Estado el pago de Q6.08 millardos incluyendo Q2.9 millardos de aporte que como Estado debía dar, sin embargo, para el 31 de diciembre de 2022 el Ministerio de Finanzas solo había trasladado Q1 millardo del requerimiento total, dejando un saldo pendiente de Q5.08 millardos.
Con estos saldos que cada año deja el Estado, el monto de la deuda se incrementa cada año sin que hasta el momento haya una propuesta para empezar a ponerse al día.
Según datos preliminares de 2022 reportados por Prensa Libre, el sector privado debía al IGSS hasta marzo de 2022 Q1 mil 658.14 millones, mientras el número de patronos morosos según el IGSS ascendía a 17 mil 855.
Los seguros privados que pagó el Estado durante el Gobierno de Giammattei
Estas son las adjudicaciones hechas por distintas instituciones del Estado para la adquisición de seguros médicos para los trabajadores según el portal electrónico de Guatecompras.
