El juez de mayor riesgo “B” otorgó medidas sustitutivas al militar en condición de retiro Gustavo Adolfo Oliva Blanco, quien obtuvo ese beneficio pese a la prohibición legal por la gravedad de los delitos.
Por Alexander Valdéz
En el Juzgado de Mayor Riesgo “B” se llevó a cabo la continuación de la audiencia en la que la defensa del militar en condición de retiro Gustavo Adolfo Oliva Blanco, pidió que se le otorgue la libertad condicional por razones humanitarias.
En la audiencia de este martes, el juzgador escuchó los resultados de dictámenes médicos practicados al acusado, quien alegó tener graves padecimientos de salud. Esa fue una de las razones por las que se accedió a otorgarle las medidas sustitutivas.
Además, el juzgador consideró que no existe peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad. De esa manera se dio la razón a lo argumentado por la defensa del procesado.
Las medidas se concedieron pese a que la Fiscalía de Derechos Humanos pidió al juzgador tomar en cuenta la gravedad de los delitos por los que está vinculado a proceso el sindicado, que tienen prohibición para conceder ese tipo de beneficios procesales. A la petición de denegar la libertad se sumó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y los representantes de las víctimas.
#DiarioMilitar 🚨 El militar Gustavo Adolfo Oliva Blanco saldrá de prisión
El juez de mayor riesgo “B” resolvió aceptar la solicitud de la defensa del militar Gustavo Adolfo Oliva Blanco, y por “razones humanitarias” le otorgó medidas sustitutivas.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 13, 2024
Caso sigue sin avanzar
El militar fue ligado a proceso por la desaparición de desaparición de cuatro personas y por delitos contra deberes de humanidad contra 12 personas, el 6 de mayo de de 2022.
Oliva Blanco, de 81 años, fue detenido el 27 de mayo de 2021, junto a 10 militares y policías retirados, por ser los principales sospechosos de pertenecer a una estructura que realizó detenciones ilegales y desaparición forzada de 183 opositores políticos entre 1983 y 1985, durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores.
El teniente coronel Oliva Blanco, fue capitán de las Reservas Militares en 1975. También fue jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) entre 1982 y 1984 y subdirector de la Policía Nacional en 1990.
Según el informe, “La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional”, de la Fundación Myrna Mack, estas detenciones formaron parte de una nueva ofensiva contrainsurgente, encuadrada en el plan Firmeza 83, que se focalizó principalmente en la ciudad capital.
De 183 detenciones ilegales registradas, 139 se cometieron en la ciudad de Guatemala. La ofensiva tenía como objetivo desarticular las redes de militantes y colaboradores de la insurgencia, en especial las diferentes ramificaciones del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) que fue la organización insurgente más afectada con el 57 por ciento de los casos.
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