La Sala Primera aceptó una solicitud del Ministerio Público y nombró a la jueza Karen Chinchilla, de ese mismo juzgado, para encargarse de la investigación contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. La juzgadora deberá resolver si revoca las órdenes de detención y que los magistrados sean citados a primera declaración.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones aceptaron una recusación presentada por el Ministerio Público (MP) contra la jueza del Juzgado Duodécimo Pluripersonal Penal, Wendy Coloma, y la apartó del proceso penal que se busca iniciar contra los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalados por el caso del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
César Calderón, abogado defensor de los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, expresó que no les afecta el fallo judicial y que esperaban a que se nombrara a una jueza para poder continuar con la investigación y poder solventar la situación legal de sus patrocinados.
Calderón, presentó el miércoles 7 de febrero un memorial en el que se apersonó al proceso y pide que se anule las órdenes de detención autorizadas contra los togados, y expresó que están en disposición de solventar su situación legal si son citados a una audiencia de primera declaración.
La nueva jueza del caso será Karen Chinchilla, quien también es parte del juzgado de Coloma. Ella será la encargada de resolver la solicitud de la defensa de los magistrados y realizar la diligencia de imputación de hechos.
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Caso TREP: MP pide orden de captura contra cuatro magistrados del TSE
Coloma, quien fue apartada del proceso, es considerada una jueza transparente dentro del Organismo Judicial (OJ). Ha conocido casos como el del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien fue dejado en libertad por falta de indicios en su acusación.
#URGENTE 🚨 Jueza decreta falta de mérito a favor del exministro y ordena su libertad inmediata
La jueza Wendy Coloma rechazó la solicitud del MP de procesar por desobediencia e incumplimiento de deberes al exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 17, 2024
Los hechos investigados
Cuando se presentó el antejuicio, el MP los señaló de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplimiento de deberes porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
Además, son señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y los otros magistrados suplentes fueron los únicos que se libraron del antejuicio; la Corte de Constitucionalidad (CC) les otorgó un amparo que frenó la acción del MP.
La semana pasada, la Sala Segunda de Mayor Riesgo también aceptó una apelación presentada por el MP y ordenó el embargo de cuentas y detener el pago de más de Q40 millones por la compra del sistema informático utilizado para la transmisión de resultados electorales, caso por el que se pidió la detención contra los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral.
La medida cautelar de embargo iba dirigida a investigar el origen de los fondos y de encontrarse irregularidades, estos podrían pasar a favor del Estado luego de agotar el proceso. Hasta el momento se desconocen los detalles del planteamiento que hizo la fiscalía en ese proceso.
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Caso TREP: ordenan embargo de Q40 millones y cuentas de la empresa Datasys
Congreso conoció antejuicio
El 7 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio presentado por la Fiscalía de Delitos Administrativos contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por la adquisición del sistema informático.
El trámite de los antejuicios implicó que los expedientes se trasladaran al Congreso de la República y la decisión final de mantener o retirar la inmunidad a los magistrados quedó en manos de los diputados.
Fue hasta el 30 de noviembre, cuando la alianza oficial logró retirar la inmunidad a los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Con 108 votos a favor, los diputados aliados al gobierno de Alejandro Giammattei ratificaron el informe de la Comisión Pesquisidora y dieron con lugar el inicio de la investigación.
Esta acción del Ministerio Público fue calificada a nivel nacional e internacional como un esfuerzo más del gobierno de turno y de la Fiscalía por entorpecer el proceso electoral y evitar el cambio de mando.
