La Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó una apelación presentada por el Ministerio Público y revocó el fallo que había rechazado la solicitud de la fiscalía. Ahora más de Q40 millones y diferentes cuentas bancarias de la empresa Datasys permanecerán inmovilizadas, mientras el Ministerio Público investiga.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y ordenó el embargo de cuentas y detener el pago de más de Q40 millones por la compra del sistema informático utilizado para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), caso por el que se pidió la captura contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La resolución obedece a una impugnación que planteó el MP contra la resolución del Juzgado de Extinción de Dominio, que en primera instancia negó la solicitud de inmovilizar las cuentas y frenar el pago por la suscripción del contrato con la empresa informática.
La medida cautelar de embargo va dirigida a investigar el origen de los fondos y de encontrarse irregularidades, estos podrían pasar a favor del Estado luego de agotar el proceso. Hasta el momento se desconocen los detalles del planteamiento que hizo la fiscalía en ese proceso.
El Tribunal Supremo Electoral desembolsó Q148 millones para la contratación de la empresa Datasys Guatemala, S.A., quien estuvo a cargo del TREP. En su momento, el TSE aseguró que la empresa tenía una asociación estratégica con Podernet, S.A. de C.V. y que contaba con experiencia de más de 20 años. Además de tener más de 15 acreditaciones en el desarrollo de procesos electorales.
La investigación ha sido muy cuestionada por el MP después de que se avalaron los resultados de la elección presidencial que ganó Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta de la República.
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MP pidió captura de magistrados
Por esas supuestas irregularidades, el pasado 11 de enero, el MP pidió las órdenes de captura contra la expresidenta del TSE, Irma Palencia y los magistrados: Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, todos en el exilio. La Fiscalía les señala de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
Según los investigadores, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplimiento de deberes porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema, a la empresa Datasys Guatemala.
Además, son señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones.
Las órdenes de captura obligarían la suspensión de sus cargos hasta que solventen su situación legal. Recientemente la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la elección de magistrados suplentes. Será el Congreso que nombre a los sustitutos y así integrar los plenos.
La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro y los otros magistrados suplentes fueron los únicos que se libraron del antejuicio, la CC les otorgó un amparo que frenó la acción del Ministerio Público.
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