Créditos: Simeón Palax Chiroy, alcalde indígena de Sololá. Foto de Prensa Comunitaria
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Este jueves 11 de enero, previo a la toma de posesión de las nuevas autoridades del gobierno y del Legislativo, las autoridades indígenas de Sololá y Chimaltenango sentaron un precedente contra los diputados de sus departamentos, al denunciar a uno de ellos de cohecho activo, y al declarar a cinco más, persona non gratas.

Por Paolina Albani

La Alcaldía Indígena de Sololá denunció al diputado oficialista Allan Rodríguez de pagar sobornos a otros diputados para hacerse del control de la Presidencia del Congreso, este próximo 14 de enero, día en que tomará posesión el nuevo gobierno y se elegirá a la Junta Directiva del organismo.

Este jueves 11 de enero, las autoridades indígenas llegaron a la Torre de Tribunales para presentar una denuncia contra el parlamentario por conspiración, cohecho activo, asociación ilícita, a quien señalan de haber pagado entre Q250 mil y Q500 mil a los diputados que accedieran a darle su voto.

Rodríguez es uno de los tres diputados que representa a su departamento.

Autoridades indígenas de Sololá llegan a Torre de Tribunales. Foto de Prensa Comunitaria

“Eso no lo vamos a permitir, es el diputado que representa el departamento de Sololá”, dijo evidentemente molesto, el alcalde Simeón Palax Chiroy, quien hizo un llamado para que los nuevos parlamentarios no accedan a los sobornos de Rodríguez, de cara a la designación que se realizará el 14 de enero.

“Sabemos que él esta buscando sus intereses personales, por él y por otros, el pueblo ha luchado por 102 días sin lograr una solución”, añadió.

Alberto Cuc, vicealcalde indígena de Sololá, cuestionó el origen del dinero con el que paga los sobornos. “Ya estamos cansados de tanta corrupción”, afirmó. “Está claro que quiere ocupar la Presidencia otra vez, con el fin de aprovecharse del país”.

Alberto Cuc, vicealcalde indígena de Sololá habla con la prensa. Foto de Prensa Comunitaria

Rodríguez es uno de los nombres que resuenan en los pasillos del Congreso para la Presidencia. Otros de sus contendientes son: Sandra Jovel, de Valor ; Carlos López de la UNE; Andrea Villagrán o Samuel Pérez, del Movimiento Semilla.

El diputado denunciado por las autoridades ancestrales de Sololá llegó al Congreso en 2020, de mano del partido oficial Vamos. Fue presidente del Legislativo de 2020 a 2022. Durante su gestión, promovió seis estados de calamidad y cuatro estado de sitio, algunos de ellos por la pandemia de la COVID-19.

También fue uno de los impulsores de iniciativas regresivas y negacionistas de derechos como la: “Iniciativa que dispone aprobar Ley para garantizar la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los Trastornos de la Identidad de Género” y otras menos relevantes en el contexto político nacional como la “Ley de la Secretaria de Asuntos Espaciales (SEAE)”.

Antes de dejar el cargo en 2022, presupuestó a empleados de su confianza en la nómina del Congreso y les aumentó los salarios.

En las votaciones generales de 2023, logró reelegirse para su segundo período como diputado, y logró también enrolar a su hermano, Luis Rodríguez, como uno de los 92 nuevos parlamentarios que conformará la décima legislatura.

Además, el 30 de noviembre, último día par aprobar el Presupuesto General de 2024, se le vio negociando la aprobación con otros diputados de corte conservador.

Declaran persona non gratas a diputados de Chimaltenango 

Más tarde, este mismo día, las autoridades ancestrales de Tecpán, San José Poaquil, Comalapa y Patzún en Chimaltenango, declararon personas non gratas a Alejandro Giammattei y a su gabinete, a menos de una semana que acabe su gobierno.

Los pueblos refirieron que Giammattei no sirvió a la población y que encabezó acciones corruptas y dirigió el golpe de Estado. Por ello, exigieron que se investigue y se lleve ante la justicia a su “gobierno de facto”.

Autoridades indígenas Kaqchikel se pronunciaron en el parque de Chimaltenango. Foto: captura de pantalla

También declararon personas non gratas a los diputados aliados del oficialismo, alcaldes y operadores corruptos, en especial a los de Chimaltenango, por no impulsar leyes en defensa de los derechos colectivos, por ser parte del Pacto de Corruptos y apoyar el golpe.

Los parlamentarios declarados señalados son: 1. José Alejandro De León Maldonado (Podemos), 2. Madeleine Samantha Figueroa Rodas (UNE), 3. Petrona Mejía Chutá De Lara (UNE), 4. Maynor Maynor Gabriel Mejía Popol (Vamos) y 5. Wilmer Rolando Mendoza (Vamos).

También fueron declaradas personas non gratas la fiscal general del Ministerio Público (TSE), Consuelo Porras; y a la fiscal Cinthia Monterroso; y el juez séptimo Fredy Orellana, los cuales solicitaron, aprobaron y realizaron allanamientos en la sede del partido Semilla, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para invalidar la validez del partido y los resultados electorales.

Las autoridades de Chimaltenango demandaron al gobierno entrante un buen desempeño técnico y político, y que honre el apoyo de los pueblos que le han dado la oportunidad de asumir, sentando bases para transformar la economía del país, y avanzar en la construcción de un nuevo Estado plurinacional.

Los declaramos non gratas “porque se han burlado de toda nuestra nación… El nuevo gobierno, que sepa que acá hay un pueblo que lo va a respaldar, pero también a fiscalizar”, dijo Cristóbal Cojtí, alcalde indígena de Tecpán.

También exigieron la designación de servidores sin antecedentes de corrupción o de violación de los derechos humanos, o que pertenezcan a grupos que han cooptado el poder político y económico.

“Que sean personas honestas con capacidad de diálogo”, refirieron al dar lectura al comunicado.

Autoridades de Iximulew insisten con la renuncia de la fiscal general

Este día, las Autoridades Ancestrales de Iximulew, quienes por 13 días ocuparon la 7 avenida y 9 calle de la zona 1, en el contexto del Paro Nacional Indefinido, dieron una conferencia de prensa en la que continuaron exigiendo la renuncia de la fiscal general. Pero también han exigido al Congreso que cumpla con la transición de mandos que las cortes ordenaron.

En este último punto, hicieron un llamado a la ciudadanía para que este alerta de los acontecimientos políticos ya que existe “el riesgo inminente de impedir la toma de posesión”.

Los pueblos se movilizarán el domingo 14 de enero, el día de la toma de posesión, desde el Parque Morazán en la zona 2 de la capital, hacia la Plaza de la Constitución, en la zona 1, como un gesto de apoyo a las nuevas autoridades.

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