Con el cambio de gobierno en Guatemala, a la vuelta de la esquina, existe la expectativa de que la llegada de un nuevo presidente regularice las condiciones de la migración y, a su vez, desaliente la salida de quienes huyen por la zozobra política alimentada por el rumbo autoritario que ha tomado el país bajo la dirección de Alejandro Giammattei.
Sin embargo, Estados Unidos y México se encuentran en año electoral, lo que significará un incremento en las deportaciones, pues reforzarán las medidas migratorias para probar su efectividad ante sus electores.
El 2023, quedó marcado por la muerte de varios migrantes en el camino hacia Estados Unidos, que perecieron en accidentes o a causa de la violencia fronteriza generada por el crimen organizado, principalmente. Al menos, 55 mil 302 personas guatemaltecas fueron deportadas por Estados Unidos el año pasado. Reportando un incremento del 36%, respecto a 2022.
Por Paolina Albani
La noche del 27 de marzo de 2023, una columna de humo empezó a emerger del centro de detención migratorio conocido como Estancia Provisional en la Ciudad Juárez, Chihuahua, México, que es utilizado para albergar a migrantes que serán deportados después de cruzar de forma irregular y que colinda con la frontera de la ciudad estadounidense El Paso, en Texas.
Pronto, varias personas salieron cuando el humo inundó las instalaciones del centro, pero un grupo de hombres migrantes se quedó atrás. La reja de acceso que les daría salida estaba sellada. Ninguno de los agentes de inmigración se las abrió.
Los migrantes dieron patadas a la reja para forzarla, sin conseguir abrirla. Cuando el fuego se esparció, los empleados y policías del centro huyeron. Los migrantes se quedaron solos, sin poder salir y, momentos después, murieron calcinados.
En ese hecho fallecieron, al menos, 40 migrantes y 29 más quedaron heridos.
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Cuando la noticia se esparció en los noticieros, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la mayoría de las víctimas era de origen centroamericano (28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, 12 venezolanos, 1 colombiano y 1 ecuatoriano).
También difundió una versión de los hechos en la que responsabilizó del fuego a los detenidos. Los migrantes habrían protestado al enterarse que serían deportados, e intentando llamar la atención de los empleados del centro, habrían quemado unas colchonetas.
Los migrantes llevaban en el albergue cerca de una semana, después de ser detenidos en el centro de la Ciudad de Juárez por no contar con papeles y por pedir dinero a los transeúntes.
La noticia causó conmoción en Guatemala. La cancillería se encargó de la repatriación de los cuerpos y un primer grupo fue velado dos semanas después, el 13 de abril.
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Varias organizaciones civiles denunciaron la negligencia de los empleados de la inmigración mexicana, por mantener a los migrantes hacinados y México se comprometió a investigar las causas del incendio que cobró las vidas.
Casi 40 días antes del incendio en Ciudad Juárez, el 16 de febrero de 2023, fallecieron 14 migrantes, 11 de ellos eran guatemaltecos procedentes de Totonicapán y uno de ellos era un menor de edad.
Sus cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta que se volcó en un río al norte de México que tiene, al menos, 3 metros de profundidad.
Estas dos tragedias marcaron a la administración de Alejandro Giammattei, pero los incidentes en la ruta migratoria han sido muchos más, pero con menos difusión.
Hasta ahora, las únicas acciones documentadas que el gobierno actual ha realizado a favor de los migrantes han sido a través de las “ayudas” que los consulados han otorgado para retornar a los guatemaltecos al país. Su efectividad de la administración de Giammattei ha sido mínima en prevenir la fuga de personas como resultado de no mejorar las condiciones de vida y de los altos niveles de corrupción.
Por eso, a dos días de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión en el nuevo gobierno de corte socialdemócrata, examinamos el comportamiento migratorio del país que ha ocasionado que, de 2022 a 2023, incrementaran las deportaciones de Estados Unidos hacia Guatemala, y exponemos las opiniones de expertos en la materia que han sugerido rutas de acción para abordar la migración irregular y las causas raíz de esta, siendo la zozobra política una de ellas.
El contexto migratorio en la región
Para intentar entender la realidad de la migración en Guatemala hay que tomar en cuenta que no solo es un país expulsor de migrantes, sino uno de tránsito, porque está en la ruta hacia México y Estados Unidos.
Guatemala, ha sido uno de los países que ha recibido la ola migratoria del sur, que ha arreciado desde 2022, cuando empezaron a llegar inmigrantes por puños al territorio. Cifras oficiales confirman que en 2023, se registró la llegada de 23 mil 711 extranjeros y la mayoría fueron venezolanos (16 mil 931), a quienes ha expulsado; le siguieron ecuatorianos (1 mil 644), haitianos (1 mil 558), colombianos (907) y, finalmente, hondureños (907).
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Además, el flujo migratorio del país, que se refiere a cuántas personas salen y entran del territorio, ha sido de 5 millones 183 mil 828 en el primer semestre de 2023 y de 18.6 millones desde el primer semestre de 2021 al primer semestre de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Atender a todos los migrantes guatemaltecos deportados que viajan en condiciones irregulares y los que llegan a Guatemala en esas mismas condiciones, como punto de parada hacia el norte, ha sido una tarea desatendida.
Las organizaciones de sociedad civil como la Asociación Pop Noj, que vela por la juventud migrante en el área Sur, Mam y la población Popti’ de Huehuetenango, han dicho claramente que “no hay programas públicos de acompañamiento a los retornados y la poca ayuda que hay es desde sociedad civil”.
Además, los migrantes se enfrentan a las restricciones de los gobiernos de México y Estados Unidos, que los colocan en situaciones de desamparo y vulnerabilidad. Al ser deportados, ya sea a su país de origen o a la frontera más cercana, deben decidir si regresan a sus comunidades y enfrentarse a la pobreza, desempleo e inseguridad de siempre, adicionalmente, a la deuda que han adquirido para pagar el coyote, o probar de nuevo, bajo los mismos riesgos, dijo Juan José Hurtado, director de Pop Noj.
Pese a la disyuntiva, la migración no se ha detenido porque la mayoría lo vuelve a intentar y las condiciones que la generan se mantienen.
El golpe de Estado y ola migratoria por la zozobra política
Por otro lado, el panorama político de Guatemala y la incertidumbre generada por los dos últimos gobiernos (el de Jimmy Morales y el de Alejandro Giammattei), quienes colaboraron en el descalabro y posterior cooptación del aparato de justicia, ha sido uno de los motivos para otra ola de migración.
En parte, efectuada por operadores judiciales como jueces, fiscales y magistrados, además de periodistas y activistas de derechos humanos, quienes huyeron del país cuando las instituciones de seguridad y justicia, como el Ministerio Público (MP) y la policía, empezaron a perseguirlos y criminalizarlos por oponerse a las acciones del gobierno.
Las acciones han estado centradas en clausurar las investigaciones y los casos que involucraban a políticos, empresarios, militares y organizaciones del crimen organizado y que, son conocidos como el “Pacto de Corruptos”.
A mediados de agosto de 2023, Edgar Gutiérrez, excanciller de Guatemala, calculaba que al menos 40 operadores políticos habían salido del país para resguardarse del esquema de venganzas del pacto (denuncias y casos espurios contra los operadores que los investigaron o enjuiciaron).
Sin embargo, el “Pacto de Corruptos” también ha formado parte de otros esfuerzos que han llevado al país a un estado de regresión autoritaria. Los escenarios más recientes han sido el bloqueo de candidaturas en las elecciones; el cuestionamiento de los resultados electorales, que dieron la victoria al binomio de Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera; y que también han pasado por varios intentos para impedir que se dé la transición de poderes el 14 de enero próximo.
Estas acciones han provocado la salida de migrantes y se estima que la cifra sobrepasa le medio centenar. Quienes se van del país por la situación política, no son necesariamente funcionarios o personas públicas, sino ciudadanos de a pie.
“En la mitad del año pasado, del 25 de junio a la fecha, muchos decían que no había tregua, por la zozobra que había”, dijo Hurtado. “La migración -sobre todo en los más jóvenes- también se da por elementos subjetivos como la falta esperanza. Cuando no ven futuro en el país y que no tienen posibilidades de nada, la opción que queda es irse”.
El rol de persecución que el Ministerio Público (MP) ha jugado en contra de las posibilidades de quedarse en el país, sobre todo para los capitalinos que han observado a la fiscal general, Consuelo Porras, y al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ensañarse contra los actores incómodos al régimen.
“Porras continuará en el MP, pero sin respaldo del Ejecutivo, que era quien daba las órdenes (pues ha sido un peón del golpe de Estado), podría darse un cambio. Esto es importante porque la gente migrante está a la expectativa de lo que pasará en Guatemala. En ese sentido, que haya esperanza podría, de alguna manera, hacer decrecer la migración”, expuso Hurtado.
Las expectativas y retos del Arevalismo
A pesar de este panorama, las fuentes consultadas han coincidido en que la llegada de Arévalo podría representar un avance no solo en la disminución en la zozobra política, sino en las estrategias y medidas que se tomen para abordar la migración irregular.
Sobre todo, se espera que mejoren las condiciones de vida en el país y que se atiendan las causas-raíz para evitar migraciones masivas, en palabras de Úrsula Roldán, directora del Instituto en Ciencias Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL) y previamente, coordinadora de migraciones del Instituto de Investigaciones de la misma universidad.
Roldán indicó que la medida inmediata que el gobierno entrante puede tomar sería lograr acuerdos entre los gobiernos de la región para que se aumenten las visas de trabajo, que permitirían a los migrantes viajar con derechos.
“Eso haría que no opten por las alternativas inseguras, porque migrar de forma irregular es largo y costoso. Con la protección de una visa de trabajo, llegarían en otras condiciones a México y a Estados Unidos”, explicó la experta de la URL. “El tema del empleo en juventud es básico en estos países. La diferencia salarial. Eso responde a políticas sostenidas de los países”.
Hurtado abonó a la propuesta diciendo que en su experiencia, “las visas de trabajo son limitadas y se le dan a los capitalinos, pero no a quienes están en otros territorios”. Que además están limitados por “la violencia, la corrupción, el acceso inadecuado a los servicios básicos y la nutrición, y la discriminación también juegan un papel en el estímulo de la migración”.
Sin embargo, Roldán ha asegurado que un verdadero incentivo para disminuir el flujo migratorio hacia el norte sería crear políticas públicas de desarrollo, salud y activación económica que permitan generar mejores condiciones de vida en los territorios. Medidas que disminuirían la atención que el Estado debe dar a los retornados, pues se podrían insertar a la vida en sus comunidades sin demasiados tropiezos.
Una idea que tuvo Oswaldo Samayoa, abogado en derechos humanos y recientemente elegido para ser el jefe de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), una dependencia creada de forma temporal, por el gobierno de Alejandro Giammattei, que redujo a tres oficinas públicas que fueron creadas tras la Firma de los Acuerdos de Paz: la Secretaría de Paz, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA).
Samayoa, quien no estará a cargo del tema migrante, pero que conoce los planes del nuevo gobierno, anunció que habrá cambios en el tema migratorio, que se buscará un enfoque más humanitario hacia el trato a los migrantes y acciones que estén apegadas a promover los derechos y ayudas que necesiten para reincorporarse.
Un cambio que Roldán cree necesario para empezar a tratar las causas de la migración.
Una voz interna al gobierno entrante que pidió no ser citado, sí fue un poco más específico y contó que Arévalo se enfocará en la niñez y en los migrantes retornados.
Hurtado, quien también forma parte del Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala, conformado por organizaciones como El Refugio de la Niñez, Fundación Myrna Mack, la Pastoral de Movilidad Humana, entre otros, admitió que ha habido apertura de parte del nuevo gobierno para abordar la problemática desde la incidencia política con un enfoque de derechos humanos.
El rol de EE.UU.
Si bien, Estados Unidos ha jugado un rol muy activo de acompañamiento a la vida política guatemalteca, al vigilar de cerca las elecciones de 2023 y presionar para que se cumpla la transición de mandos como una nuestra de la conservación de la democracia y el Estado de derecho; sus funcionarios también han realizado múltiples visitas al territorio para ultimar un plan que desincentive las migraciones masivas a su país.
Pese a esto, aún existen dudas de cómo la influencia de esta potencia podría incidir en las medidas migratorias nacionales.
Pues mientras han respaldado la lucha anticorrupción para convertir a Guatemala en un país garantista, con menores niveles de expulsión, todo apunta que están interesados en volverlo uno de contención.
Sumado a esto, México y Estados Unidos tendrán sus elecciones en junio y noviembre de este año y del resultado de las elecciones, dependerá el enfoque que se adopte regionalmente y que, hasta ahora, ha sido el de la seguridad de sus fronteras.
“Texas tiene una iniciativa para detener migrantes y deportarlos de manera inmediata. En este momento, esa negociación para mejorar las condiciones de los migrantes puede verse perjudicada. Por su lado, a los demócratas les interesa demostrar efectividad en sus programas y podrían ofrecer certezas en la regularización”, contó Roldán.
El 2023, fue un año especialmente duro para los migrantes luego de que la política migratoria de Estados Unidos se endureciera con la aplicación de El Título 8, una normativa en la que el norte ha reforzado sanciones más graves contra quienes cruzan hacia ese país, de forma irregular. Es decir, sin ser solicitantes de asilo o protección del gobierno estadounidense.
Por eso, las negociaciones que puedan surgir con los países de la región son las que han generado preocupación en el grupo articulador al que pertenece Hurtado, pues “ninguna cooperación es desinteresada” y “no se debe perder de vista que lo importante es tratar de entender cuáles son esos intereses”.
“A Estados Unidos le conviene un gobierno con estabilidad política, contra la corrupción”, admitió, “pero también uno que responda mejor a sus demandas en cuanto a la migración. Sabemos que la tendencia ha sido la de proteger las fronteras frenando la migración, y los gobiernos de México y de Guatemala se han plegado a esos planes.
El abordaje como problema de seguridad lejos de garantizar derecho, ha aumentado los riesgos. En lugar de militarizar y proteger las fronteras, debería de invertirse en los problemas raíz de la migración, pero también crear condiciones para una migración regular y segura”, propuso Hurtado.
Por su parte, Samayoa reconoció que no se pueden hacer cambios drásticos en el Estado, pero sí fue optimista respecto a lo que el gobierno de Arévalo podría cambiar, dando esperanza de que se apliquen enfoques más humanitarios.
“Los Estados en paz, respetuosos de derechos, conscientes de la justicia social, son Estados que no generan migración o donde la migración será menor. Estados Unidos tiene la oportunidad que darse cuenta que países gobernables, no corruptos, que dan atención, les beneficia a ellos”, dijo Samayoa.
Las fuentes consultadas refirieron que los grandes cambios estructurales como el modelo económico que genera exclusión y perdida de derechos, forma parte de una discusión más amplia que no creen que el gobierno logre abordar o aterrizar en el corto plazo.
En 2024, algo es seguro. Las migraciones no se detendrán. La confianza en el nuevo gobierno, que ha prometido poner a funcionar a las instituciones y promover los derechos humanos, no será suficiente para mejorar las condiciones de vida de los potenciales migrantes, si antes no se aplican medidas de alivio como los pactos regionales y las visas de trabajo que regularizarían la migración, tomando en cuenta que Estados Unidos depende mucho de trabajadores migrantes, y que eliminarían el factor de violencia a la ecuación.
