Autoridades mexicanas, de Guatemala y Venezuela, mantienen silencio ante la tragedia.
Por Shirlie Rodriguez
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que incluye a varias organizaciones de sociedad civil a nivel internacional, presentaron una denuncia en contra del Instituto Nacional de Migración de México por el suceso en el que murieron 39 migrantes en Ciudad Juárez.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República de México por los delitos de homicidio, lesiones, detenciones ilegales y también abuso de autoridad de los trabajadores del Instituto de Migración que mantenían encerradas a las personas.
Según el reporte que dieron los integrantes de la fundación, desde una mañana previa al suceso recibieron información de que se estaban realizando redadas en la localidad y por lo tanto se apersonaron al lugar para verificar qué sucedía.
En ese momento identificaron que al menos cinco personas de nacionalidad venezolana fueron detenidas y trasladadas al centro de migrantes, donde estaban recluidas alrededor de 80 personas, cuando el espacio solo tiene capacidad para 60.
“Desde ahí ya existía riesgo por el hacinamiento”, aseveró Blanca Navarrete de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA). Añadió que tuvieron información sobre la presencia de vehículos de entidades de gobierno para realizar las redadas en contra de personas migrantes.
“¿Qué sabemos del incendio y de cómo se originó?, hay personas que aún no tienen certeza del paradero de sus familiares, principalmente las familias centroamericanas”, puntualizó.
Además de la denuncia penal, la Fundación para la Justicia también presentó una queja ante La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México para que se haga una investigación a la violación de los derechos de las personas que se encontraban en el lugar.
Gretchen Louise Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), resaltó que durante este hecho se evidenció que se violaron los derechos a la migración, la libre circulación y a la libertad. Además, pidió que se investiguen los procedimientos durante las redadas que realizan porque discriminan a las personas por ser migrantes.
En este proceso que sigue la fundación, entregan recomendaciones al Estado mexicano para atender este hecho y el crimen contra las 39 personas. Una de estas es que las altas autoridades del Instituto de Migración en México, sean separadas de sus cargos para fomentar una investigación imparcial y sin obstaculización.
También requieren que los procesos de entrega de las personas fallecidas se hagan con todos los protocolos internacionales y que garanticen a las familias que serán atendidas de forma rápida y confiable.
Hacen un llamado a que los países de origen o vecinos, envíen a personal forense para tener orden y confianza en la entrega de los cuerpos a las familias.
Ana Lorena Delgadillo, de la fundación, dijo que se espera que la restitución de los restos a las familias de los migrantes se haga de manera digna y que no sean presionadas.
Inés Martínez, de Uno de Siete Migrando, señaló que estos casos se repiten y denunció la contratación de militares en el INM. “Los hechos se deben investigar, no como un caso aislado, sino como la constante violación de los derechos humanos de las personas”, dijo.
Condiciones indignas para la atención a migrantes en tránsito
Las organizaciones también dieron a conocer que existen verificaciones que realizaron al Instituto de Migración en México, en donde evidenciaron las malas condiciones en las que trabajan las personas.
El personal no está especializado para la atención de personas migrantes y tienen carga laboral, también indicaron que están contratados para “todo servicio”, lo que incluye jornadas excesivas de trabajo.
Durante la mañana realizan trabajo de detención a migrantes y en las tardes tienen trabajo de atención a la niñez.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación dijo que es preocupante que se está militarizando la atención a migrantes y, por lo tanto, esto lleva a la vulneración de los derechos tanto de personas en tránsito, como migrantes que salen de México.
El padre Prisciliano Peraza, del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, pidió que la tragedia donde fallecieron 39 migrantes, entre ellos 20 guatemaltecos, no quede impune.
“Este hecho no se puede meter al basurero del crimen organizado. Es un crimen de Estado. Estaban en una cárcel y no en un centro como lo han dicho. Se tienen que encontrar a los responsables. Tanto el país de origen, el de tránsito y destino, son responsables”, subrayó el sacerdote.
Según los integrantes de esta fundación, los gobiernos involucrados en el caso no están dando las respuestas que las familias necesitan y mantienen el silencio cómplice. Además figuras como Marcelo Ebrard, no aparecen en las conferencias de prensa porque está resguardando su imagen como candidato al próximo proceso electoral.
