Guatemala suele ser un lugar de refriegas furtivas y silencios tácticos. Pero la segunda vuelta del 20 de agosto entre Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y expresión cruda de la política de “el fin justifica los medios”, y el socialdemócrata Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, es una batalla abierta y decisiva que señalará dramáticamente el sendero de 18 millones de personas.
Desde 1985, las elecciones han sido ceremonias rutinarias en las que los guatemaltecos se esfuerzan inútilmente por apostarle al “menos peor” de los candidatos; meses después se instala el ánimo del “voto arrepentido”. Esta vez, sin embargo, adquieren un sentido vital, que no deja de sorprender en la habitual anomia de la sociedad y sus instituciones, ante el dominio aplastante de las élites depredadoras. Hay un telón de fondo que explica el momento de inflexión.
Hace quince años empezó una lenta rebelión de fiscales y jueces, cuyo disparador fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), albergada por la ONU. Juntos desmantelaron más de 70 estructuras de corrupción y crimen, llevando a los tribunales a más de un millar de altos funcionarios públicos, incluyendo seis expresidentes, jefes del parlamento y magistrados de las cortes, además de un centenar de empresarios prominentes. En 2015, durante cuatro meses consecutivos, la población se volcó masivamente a las calles para refrendar su respaldo a esa batida anticorrupción sin precedentes.
La venganza no tardaría en llegar. Una alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresariales, conocida como el Pacto de Corruptos, disuadió al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través del senador Marco Rubio y Bill Brawder (promotor de la Ley Magnitsky), de socavar la Cicig. A cambio, ofrecieron Guatemala como depósito de migrantes. Acto seguido, recapturaron el sistema de justicia y fueron a la caza de fiscales y jueces independientes. Hasta hoy, seis fiscales están en prisión y 39 en el exilio, junto a decenas de periodistas y activistas civiles. Mientras, las cárceles han quedado abiertas para más de un centenar de cabecillas de las redes criminales, y la fiscalía hizo perdedizas las investigaciones de años de los peritos.
La mesa quedó servida para el festín del Pacto de Corruptos, cuyas cabezas son el presidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez (33), el verdadero poder tras el trono. Una invitada que no faltó en esa mesa es Sandra Torres. La emergencia del covid ofreció la escena para pasar presupuestos públicos extraordinarios que fueron directo a las caletas de diputados y altos funcionarios, en tanto los servicios de salud y educación cayeron en franca ruina y la población sobrevivió a duras penas. Martínez amasó desde 2020 una de las mayores fortunas individuales, que estimo superior a los 4 millardos de euros.
A diferencia de Nicaragua y El Salvador, en Guatemala no se forjó un caudillo popular. El Pacto adquirió naturaleza de dictadura corporativa que debía autorregular su propia sucesión tratando de mantener las formas. Mediante triquiñuelas eliminaron a los candidatos antisistema más populares, hasta que en las elecciones del 25 de junio la ciudadanía les ganó la partida. Mi lectura forense de las redes sociales es que la gente buscó al Movimiento Semilla y a Arévalo, no como el “menos peor” sino como alternativa al régimen de corrupción.
El voto antisistema alteró la relación de fuerzas políticas y el Pacto se ha ido desgranando: ciertos empresarios, políticos y magistrados se han distanciado. A la comunidad internacional se le abrió la puerta para demandar por fin a Giammattei el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana. La OEA decidió que su Misión de Observación Electoral permanecerá hasta la transmisión de mando el 14 de enero, reforzada con expertos en gobernabilidad.
La ruta de recuperación democrática sigue sembrada de riesgos, pero dos hechos son incontestables: el Pacto está reducido a su núcleo duro (Martínez, la fiscal Consuelo Porras y oligarcas en la sombra), y la mayoría le votará a Arévalo el 20 de agosto. Según lo expresado en dos encuestas creíbles esta semana, la ventaja de Arévalo sobre Torres es de entre 22 y 30 puntos. Aunque Torres, aupada por el Pacto, no se dará por vencida. Con financiamiento oficial reclutaron decenas de alcaldes para la compra de votos, y súbitamente la líder de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) adoptó un discurso profamilia y antiderechos para subir a su tarima a influyentes pastores evangélicos, a la vez que ofrecía bonos a los militares retirados. Aún así, no le alcanzará para ganar.
