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Guatemala sufre un nuevo retroceso en el Índice de Percepción de Corrupción y ha sido evaluado como uno de los países con mayor corrupción en el mundo e integra la lista de las cinco naciones más impunes de América. De cien puntos, obtuvo 23, la nota más baja registrada desde 1995, año en que se empezó a realizar la medición. Esto lo ha colocado en el lugar 154 de 180. La crisis se ha agudizado aún más por el impacto del gobierno de Alejandro Giammattei, dieron a conocer Acción Ciudadana y Transparencia Internacional.

Por Prensa Comunitaria

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2023 situó a Guatemala entre los cinco países peor calificados en América, después de Haití, Nicaragua, Venezuela y Honduras que acumularon de 17 a 13 puntos. El abuso de poder en el sector público que benefician a particulares y que no son combatidos por los sistemas de justicia son consecuencia de la falta de independencia judicial en esas naciones.

Son estos cinco países los que, según Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (AC), expulsan más migrantes como consecuencia de la corrupción.

“Nunca habíamos llegado a este punto tan bajo… el gobierno de Giammattei nos lleva a este punto. Bajamos 3 puntos durante su gobierno y nos coloca como uno de los cinco países más corruptos de América… en los últimos tres gobiernos, ha perdido casi 10 puntos”, enfatizó Marroquín.

Foto de Paolina Albani

Guatemala ya venía en declive desde 2014, cuando tenía 32 puntos, la caída ha sido aun más notoria tras la administración de Alejandro Giammattei.

En esto tiene que ver, en parte, el crecimiento exponencial de plazas fantasmas dentro del Estado, como pago a favores políticos, y el sueño profundo en el que se mantenido la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Pero también el rol que el gobierno saliente jugó para entorpecer las elecciones generales y la pasividad generalizada, con la que las cortes actuaron para permitir la exclusión de candidaturas. Por nombrar algunas de las acciones que robustecieron la imagen del país como uno altamente corrupto.

Con los 23 puntos obtenidos, Guatemala ha equiparado su situación con la de países con graves crisis humanitarias, conflictos bélicos, étnicos y religiosos como Azerbaiyán, Honduras e Iraq.

La baja nota tiene como consecuencia que Guatemala se sitúe en la posición 154 de 180 países evaluados por la organización Transparencia Internacional (TI).

Durante los cuatro años que estuvo Giammattei en el gobierno, el país experimentó retrocesos en la percepción de corrupción. En 2019, Guatemala obtuvo una calificación de 26 puntos y se situaba en el ranking 146. En 2020, se obtuvo una nota de 25 y retrocedió a la posición 149. En 2021, el puntaje fue de 25 puntos y se situó en la posición 150 del ranking. En 2022, la calificación fue de 24 y se mantuvo en la casilla 150. Finalmente en 2023, la puntuación fue de 23 y se ubicó en la posición 154 de 180 países evaluados.

Además, en los últimos 13 años ha retrocedido 63 puestos en el ranking de percepción de corrupción debido a que en 2010 se situaba en la posición 91 y en 2023 se ubica en la casilla 154.

Foto de Transparencia Internacional / Acción Ciudadana

“Se perdió la esencia de la democracia”

Esta percepción negativa también tiene una incidencia en el índice de democracia, la capacidad del Estado de combatir la corrupción y la preservación del Estado de derecho ha ido a la baja.

Marroquín explicó que la severidad de la calificación se debe a que “se perdió la esencia de una democracia que son los pesos y contrapesos. Organismos de poder independientes que se controlan entre sí, para que nadie abuse del poder. En Guatemala, eso se perdió. Se alinearon todos los poderes bajo un solo mando, el Ejecutivo, y eso dejó al país muy vulnerable a la corrupción y a la violencia. La gente percibe que si a los poderosos la justicia no los castiga, los de abajo podemos ser impunes”.

Foto de Paolina Albani

“El Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial se instrumentalizaron para perseguir a actores que combaten la corrupción, dejando al Estado sin capacidad institucional para contrarrestar la corrupción, además de otorgar a las élites y redes corruptas impunidad absoluta por sus acciones. El Ministerio Público se utilizó como instrumento para intentar anular resultados electorales que fueran adversos al Pacto de Corruptos en las elecciones que contaron con la observación de la Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, refiere la investigación.

Es por eso que ahora que ha asumido un gobierno de corte socialdemócrata, su principal reto será desarticular las redes de corrupción que han cooptado al Estado. Es decir, depurar el MP, empezando por la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, e impulsar liderazgos que quieran recuperar la independencia judicial. Esto, cuando menos, detendrá el descenso en el índice, dijo Marroquín.

Cómo funciona la medición

Dos terceras partes de los 180 países evaluados han puntuado por debajo de los 50 y la puntuación media global es de 43. Lo que significa que al menos, 120 naciones viven en Estados con pobre desempeño anticorrupción.

La puntuación de cada país en el IPC se obtiene de datos procedentes de tres fuentes tomadas de 13 estudios y evaluaciones realizadas por diversas instituciones entre las que destacan el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

La medición elaborada por Transparencia Internacional utiliza una escala de 0 a 100 donde el puntaje más bajo significa una elevada corrupción y la nota más alta refiere que existen bajos indicios de corrupción.

El IPC evalúa la situación de cada país en cuanto a sobornos, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público y la excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción.

También califica casos de nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, legislación que garantice la transparencia en las declaraciones de finanzas personales y posibles conflictos de interés en los cargos públicos, protección legal de denunciantes de casos de soborno y corrupción, captura del Estado por intereses privados y acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno.

*Con información de Paolina Albani

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