El militar solicitó al juez de Mayor Riesgo “B” que le conceda el beneficio de medidas sustitutivas, pese a la prohibición legal, su defensa pide que se concedan por razones humanitarias debido a complicaciones de salud.
Por Alexander Valdéz
En el Juzgado de Mayor Riesgo “B” se llevó a cabo la audiencia en la que la defensa del militar en condición de retiro Gustavo Adolfo Oliva Blanco pidió que se le otorgue a su patrocinado la libertad condicional por razones humanitarias, una de las razones fue sus problemas de salud.
Además de mencionar los supuestos padecimientos de salud de Oliva Blanco, la abogada del acusado aduce que no existe peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad y tampoco que su defendido se pueda dar a la fuga.
Sin embargo, el representante de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) pidió al juzgador tomar en cuenta la gravedad de los delitos por los que está vinculado a proceso el sindicado, los cuales además tienen prohibición para conceder ese tipo de beneficios procesales. A la petición de denegar la libertad se sumó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y los representantes de las víctimas.
El juez decidió aplazar la audiencia y ordenó que en un plazo de cinco días, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realice una evaluación médica al sindicado, así poder confirmar o descartar lo argumentado por la defensa. A partir de ese informe el juez dictará la resolución.
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Víctimas esperan justicia
Oliva Blanco, de 81 años, fue detenido el 27 de mayo de 2021, junto a 10 militares y policías retirados, por ser los principales sospechosos de pertenecer a una estructura que realizó detenciones ilegales y desaparición forzada de 183 opositores políticos entre 1983 y 1985, durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores.
El teniente coronel Oliva Blanco, fue capitán de las Reservas Militares en 1975. También fue jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) entre 1982 y 1984 y subdirector de la Policía Nacional en 1990.
Según el informe, “La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional”, de la Fundación Myrna Mack, estas detenciones formaron parte de una nueva ofensiva contrainsurgente, encuadrada en el plan Firmeza 83, que se focalizó principalmente en la ciudad capital.
De 183 detenciones ilegales registradas, 139 se cometieron en la ciudad de Guatemala. La ofensiva tenía como objetivo desarticular las redes de militantes y colaboradores de la insurgencia, en especial las diferentes ramificaciones del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) que fue la organización insurgente más afectada con el 57 por ciento de los casos.
