La fiscal general acudió este lunes 29 de enero a la invitación que le hizo el presidente Bernardo Arévalo para participar en el Gabinete de Ministros. Sin embargo, se retiró 15 minutos después, utilizando argumentos, que según el presidente Arévalo, no aplicaban.
Por Regina Pérez
Como una visita frustrada calificó el mandatario Bernardo Arévalo la asistencia de la fiscal general, Consuelo Porras, a la reunión con el Gabinete de Ministros de donde se retiró pocos minutos después de su llegada.
El Ministerio Público (MP) informó alrededor de las 9 de la mañana que la fiscal general se dirigía a la Casa Presidencial, para la invitación que le había girado el presidente. Poco tiempo después, se publicaron fotografías de Porras cuando la reunión aún no había empezado.
En una de las fotografías enviadas por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) se observa al mandatario saludando a la jefa del MP de manera cordial. Sin embargo, no todo transcurrió con normalidad pues Porras se retiró de la reunión pocos minutos después de que haya comenzado.
#AdiósConsuelo 👋 Presidente dice que argumentos de la fiscal general evidencian falta de voluntad
El gobierno examinará en las próximas horas las acciones legales que proceden, afirmó el presidente Bernardo Arévalo luego de que la fiscal general Consuelo Porras se retirara de… pic.twitter.com/8LL5n6ctpM
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Los argumentos de la fiscal general fueron que ella fue invitada por el presidente a una Junta de Gabinete pero que se vio en la necesidad de retirarse debido a que la reunión se llevaría a cabo en el marco del Consejo de Ministros, “que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia”.
Según Porras, dejó constancia sobre ello ya que la ley es clara de que la participación de un ente autónomo como el MP solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial y no le permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del Organismo Ejecutivo.
No obstante, la versión del presidente Arévalo fue diferente. “El objeto de la invitación que se le hizo fue establecer una coordinación interinstitucional sobre aspectos de interés para el gobierno de la República…y reiteramos en ningún caso se trató de discutir o pedir información sobre casos específicos”, señaló.
“La señora fiscal general estaba perfectamente enterada del objeto de la invitación en virtud de la recepción de los oficios por el MP, el 19 y 24 de enero del presente año, dichos oficios tenían perfectamente explícitos cuál era el objetivo de la reunión”, señaló.
Sobre los argumentos esgrimidos por Porras el mandatario indicó que la Ley Orgánica del MP obliga a la fiscal general a asistir y participar en estas reuniones con voz y sin voto y explicó que fue lo que ocurrió en la reunión.
La señora fiscal general, utilizando argumentos que no aplican, comunicó su decisión de retirarse de la Junta de Ministros rehusándose a cumplir con la obligación legal establecida en el artículo 4to. de la Ley Orgánica del MP que señala: “El presidente de la Republica podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier Junta de Gabinete o de los Ministros de Estado, en este supuesto el fiscal general estará obligado a concurrir a la Junta con voz y sin voto”, leyó Arévalo.
Para el mandatario, los argumentos que Porras hizo públicos no son aplicables y evidencian falta de voluntad para cumplir con lo establecido en la ley, especialmente en el artículo 4to. de la Ley Orgánica de la Fiscalía.
La reunión duró entre 10 a 15 minutos ya que la jefa del MP planteó por qué no participaría y aunque se le hizo ver que no era aplicable, ella insistió e intentó sostener un debate, por lo que se le invitó a retirarse, indicó el mandatario, quien anunció que en las próximas horas el gobierno examinará las acciones legales que tomaran.
Esta es la segunda ocasión que el presidente Arévalo invita oficialmente a la fiscal general. En la primera ocasión declinó bajo el argumento de dirigir una institución autónoma sin subordinación a los tres poderes del Estado y reafirmando su intención de renunciar al cargo.
Ahora es Porras quien invita al Presidente
Pocas horas después de su frustrada visita, la fiscal general Porras publicó un oficio que envió al presidente invitándolo a una reunión el 7 de febrero en el edificio central del MP en Gerona, para coordinar esfuerzos institucionales a favor de las víctimas del delito.
En la carta, la jefa del MP abordó lo que ocurrió en la mañana en la Junta de Ministros reiterando que no pudo participar en la misma pues por mandato de ley no tenía la facultad de participar en el Consejo de Ministros.
Renuncia de Porras es parte del clamor popular
Una de las promesas que el mandatario Arévalo realizó antes de asumir como presidente fue que le pediría la renuncia a la fiscal general. Sin embargo, hasta ahora el proceso iniciado por el gobierno ha encontrado a una fiscal general que ha encontrado, en dos ocasiones, la justificación para no reunirse con el presidente.
“La solicitud de renuncia es pública y notoria, ella la conoce y está colocada sobre la mesa y ella es la que con sus actos define si la está aceptando o no”, manifestó Arévalo este lunes y aclaró que la reunión no tenía como fin solicitarle su renuncia.
#AdiosConsuelo 👋 “La reunión no fue para pedirle la renuncia”
“La reunión habrá sido de 10 a 15 minutos porque ella planteó su argumentación, se le hizo ver que la argumentación no era aplicable por lo que ella insistió e intentó sostener un debate pero en ese momento la… pic.twitter.com/SDRUsmS8zx
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Desde el 2 de octubre de 2023, cuando los pueblos indígenas y sus autoridades se levantaron para exigir la renuncia Consuelo Porras, se ha aferrado al puesto. La semana pasada un grupo de personas entregó 145 mil firmas a la Secretaría General de la Presidencia para exigir su dimisión como fiscal general por haber incumplido su mandato y por dedicarse a perseguir a jueces, periodistas, activistas y por atentar contra las elecciones generales.
Actualmente, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público impide la destitución de Porras por parte del presidente de la República, únicamente por causa justificada, que es la comisión de un delito doloso en el ejercicio de su función siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.
