Por Miguel Ángel Sandoval
La victoria electoral de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, con todo lo que, desencadenado, más el levantamiento nacional iniciado el 2 de octubre por los pueblos indígenas, por primera vez en la historia reciente, crearon una situación política de pronósticos positivos. Por supuesto que hace falta derrotar al pacto de corruptos y amarrarles las manos luego del 14 de enero, para poder pensar que las expectativas se van a cumplir. Pero una pena a la vez.
La síntesis apretadísima de lo ocurrido se expone apenas en un párrafo. Pero su profundidad es de naturaleza insospechada. El país dio una vuelta importante en su día a día. Como decía el poema de Neruda, “nosotros los de entonces ya no somos los mismos”. Pero esto que señalo lo hago extensivo al país, y lo podemos decir con satisfacción, el país de antes de las elecciones ya no es el mismo.
Ahora viene la parte de la construcción de un país diferente. Sabemos que es un esfuerzo inmenso que hace falta invertir en esa construcción. Todo por el daño en lo económico, social, político (el sistema se vino abajo) que nos ha llevado a ver al estado guatemalteco, como algo más que a un estado fallido. Es algo más profundo lo que el pacto de corruptos ha hecho con nuestro país. Al grado que estuvieron a punto de robarnos la esperanza en un futuro mejor, pero fracasaron como lo podemos constatar en la movilización social que hay en la actualidad.
Convirtieron las instituciones democráticas en un chiste y simultáneamente en un botín. Siendo los casos más dramáticos, el del congreso devenido un antro de absoluta corrupción y chantaje, o el sistema judicial, que no merece ese calificativo. Hicieron de la economía algo irreconocible, que solo se mantiene a flote por la derrama de remesas. Y se incrementaron los indicadores sociales negativos. Ese es el legado del pacto de corruptos y el gobierno de la doble moral que felizmente termina su mandato en unos pocos días.
Uno de los más sonoros golpes a la construcción democrática cometido por este gobierno, que infelizmente paso desapercibido, fue la destrucción paciente, pero efectiva de lo poco que quedaba de la institucionalidad de la paz. De eso que se había construido contra viento y marea en los años que siguieron a la firma de los acuerdos de paz en 1996. No se trata de discutir ahora sobre la leche derramada. Pero destruyeron esa institucionalidad de forma brutal.
Aunque si hay algo que se debe poner en la mesa de trabajo para la sociedad guatemalteca y del nuevo gobierno. Especialmente ahora que se están alineando los astros como se dice en coloquial a los hechos que se articulan como se señala en el primer párrafo de esta nota. Me refiero a la agenda contenida en los Acuerdos firmados en diciembre de 1996. Si somos medianamente justos y equilibrados, resulta que esa agenda bien podría ser una de las herramientas principales del nuevo gobierno.
Una mirada a los mismos nos permite establecer que los temas torales de la actualidad, tienen en esos acuerdos un espacio y en la mayoría de los mismos, propuestas que harían de nuestro país algo diferente. Es el caso de la reforma política. O de la descentralización administrativa. O la reforma judicial y la reforma educativa. No son temas a descartar. Se trata de amplios consensos alcanzados para la formulación de cada uno de los capítulos de la agenda de la paz. Y no está de más recordar. Son el producto del esfuerzo de una o dos generaciones que hicieron de la vía de la insurrección la única forma de cambiar este país.
Ahora en víspera de un nuevo aniversario de la firma de la paz, habría que insistir que aun, (caso hipotético) si el nuevo gobierno no tuviera una agenda, la que nos lego la paz bien podría ser la propia. No habría ninguna limitación para ello. Quiero insistir en varios temas.
El primero es que la agenda de la paz tuvo para su formulación consensos de los más variados sectores sociales y políticos del país. Todos los partidos con representación parlamentaria apoyaron la iniciativa. Las iglesias en su pluralidad, igualmente apoyaron decididamente la agenda. Ni hablar de los sectores sindicales, y otro tipo de agrupaciones sociales. Aquí es importante dejar sentado que acaso el sector menos entusiasta fue el sector aglutinado en el CACIF, aunque i hubo siempre expresiones, al menos verbales, de apoyo decidido.
Por su parte la comunidad internacional fue prodiga en esfuerzos para apoyar el proceso de paz. La ONU, la OEA, países en lo individual, organismos de cooperación no gubernamental, en fin, todo lo que podía incorporarse al apoyo de la paz se movilizo. Pero a pesar de ello, la agenda sigue pendiente, engavetada, rasurada de contenidos, desnaturalizada y vista como algo viejo. Por supuesto que ello inició por parte de los embriones del pacto de corruptos. Pero desde la perspectiva de los sectores sociales y de analistas serios, sigue siendo una agenda pendiente.
Si quiero destacar varios aspectos que se pueden rescatar de la firma de la paz. Uno de ellos tuvo que ver con el hecho que la solución de diferencias políticas no se hizo más por la vía de la violencia. Y que incluso hechos fundantes como las manifestaciones de 2015 se pudieron desarrollar en paz por la existencia de una nueva visión sobre el rol de las fuerzas de seguridad. Es lo que vemos en la actualidad. Si la idea de un golpe de estado no ha prosperado, es porque el ejército y las policías no están interesadas en semejante despropósito.
El no cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la paz, explican en buena medida la deriva autoritaria actual o el rol nefasto del sistema judicial, así como el comportamiento del organismo legislativo, totalmente alejado de las recomendaciones y propuestas de la agenda de la paz.
Parece que en los días que corren, hay una coyuntura adecuada para el impulso de políticas públicas, que tengan en su base, los contenidos más progresistas tanto de la Constitución Política de la república, convertida por los miembros del pacto de corruptos, en letra muerta, así como para retomar las propuestas contenidas en los Acuerdos de Paz. Creo que el próximo gobierno está en la disposición de hacerlo y por supuesto, con la capacidad para ello.
Nota. Con estos propósitos en mente, me parece obvio apoyar el llamado a manifestar este 7 de diciembre por la democracia y la unidad nacional.
