Créditos: Prensa Comunitaria
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En un amicus curiae firmado por el exembajador y en acompañamiento del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, analizan el papel que ha tenido el Ministerio Público en la vulneración al Estado de derecho en el país y sobre todo piden a los magistrados apegarse a la ley nacional e internacional para garantizar el respeto a derechos fundamentales como el voto ciudadano.

Por Shirlie Rodríguez

Con la finalidad de recomendar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que asuman su rol fundamental en la defensa de la democracia del país, Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala presentó este recurso que contiene recomendaciones, análisis e interpretaciones de lo sucedido actualmente en el aspecto político y del derecho.

En la red social X, McFarland escribió que realizó esta interpretación y opinión porque tiene amor a un país que no es su patria pero en el que tiene colegas y amistades, también porque ha presenciado el futuro oscuro que tiene Guatemala si sigue la ruta de países como Nicaragua y Venezuela.

Actualmente hay un amparo provisional que otorgó la CC a ciudadanos que señalaron que existe riesgo en la preservación del Estado democrático en el país por los constantes ataques del Ministerio Público (MP) en contra de los resultados electorales y de las figuras que son parte del partido Movimiento Semilla.

Los diez ciudadanos que plantearon este recurso están a la espera de la resolución de la CC y se han realizado otras diligencias como una vista pública el pasado 27 de noviembre.

El amicus curiae es una figura que se utiliza para que personas que no están involucradas en algún proceso legal, puedan presentar un análisis o punto de vista sobre el tema abordado y en este caso McFarland presentó varios puntos que los magistrados pueden considerar al resolver este amparo.

La persecución y criminalización que emprendió el MP desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta electoral, están vulnerando normas jurídicas internacionales, expresa el documento. Consideran que no se están cumpliendo las obligaciones del Estado guatemalteco de garantizar el derecho al voto, no imponer restricciones o ejercer injerencias indebidas al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

También enfatiza que el Estado debe garantizar la independencia de los organismos electorales, pero ahora con la persecución penal contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se están violando estos derechos.

El amicus curiae también argumenta la línea del tiempo en la que se inició con la criminalización al partido Movimiento Semilla y a sus integrantes, lo cual refleja que fue luego de los resultados electorales que llevaron a Bernardo Arévalo y Karin Herrera a la presidencia para el próximo año.

McFarland en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, agregó que el MP no es una entidad que está aplicando sus investigaciones de forma imparcial, lo cual llevó a poner en riesgo la democracia del país.

“…Enfocarse de manera sistemática en un partido político y sus miembros, sugieren una falta de imparcialidad y objetividad. Esta conducta es contraria a las directrices de las Naciones Unidad sobre la Función de los Fiscales y a las Normas de Responsabilidad profesional de los fiscales, que exigen una actuación imparcial y sin discriminación política”, dice el documento.

Uno de los que presentó el amparo para defensa de la democracia es el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, quien informó que están a la espera de la resolución de los magistrados, lo cual es fundamental para respetar los resultados electorales y garantizar la transición pacífica del poder.

En las conclusiones el diplomático considera que hay violaciones a las obligaciones internacionales de Guatemala que permitan garantizar un estado democrático y el derecho de la población en general al voto y a participar sin alguna represión o consecuencia penal.

Instan a que los magistrados para que ejerzan su rol en este contexto político del país y “reconocer la violación de los derechos políticos de los demandantes, del partido Semilla y sus integrantes, declarar la suspensión provisional de Semilla como contraria a las obligaciones internacionales y constitucionales de Guatemala y adoptar medidas para reestablecer los derechos de los miembros se Semilla, garantizando así el respeto de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”.

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