¿Qué pasará con el presupuesto de la nación para el próximo año?, fue uno de los temas que abordó el diputado del partido Movimiento Semilla con Prensa Comunitaria. Además, se refirió al futuro como bancada y cómo percibe las fuerzas políticas en la actual y la próxima legislatura.
Por Isela Espinoza
El Congreso de la República realizó, en los últimos días, sesiones maratónicas con más de nueve horas de duración en las que, por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), han elegido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones.
La elección de los magistrados de la CSJ debió realizarse, en octubre de 2019, pero después de un caso de investigación presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que evidenciaba negociaciones ilegales en la elección de magistraturas, el proceso empezó un largo camino de acciones legales presentadas por los implicados.
Esto permitió que los magistrados que debían ser relevados ese año, se mantuvieran en el puesto hasta este noviembre de 2023, mientras en el Congreso el punto de la elección nunca prosperó en más de 200 ocasiones.
Después de esa postergada elección, está pendiente de discutirse el tema del presupuesto de la nación para el próximo año en el que el Bernardo Arévalo y Karin Herrera iniciarán su periodo presidencial (2024-2028).
El diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez, conversó con Prensa Comunitaria sobre cómo se ha desarrollado la discusión del presupuesto en la Comisión de Finanzas, los detalles de la aprobación del dictamen de presupuesto, que dijo, tiene candados y ilegalidades. Y al final habló sobre su aprobación en el pleno del Congreso en los próximos días y de los posibles escenarios para el próximo gobierno.
¿Cómo está la situación del presupuesto de la nación en hemiciclo?
Hubo un intento de avanzar con el presupuesto en primera lectura hace un par de sesiones. Sin embargo, por la resolución de la Corte de Constitucionalidad para que el Congreso eligiera magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, como prioridad se evitó continuar con esa primera lectura y se improvisó el tema de elección de magistrados. Así que por el momento el presupuesto ni siquiera ha pasado el primer debate.
Pero ¿para esta semana está planificado por lo menos reunirse para iniciar la discusión?
Sí. Correcto. De hecho, se discutió en la instancia de jefes de bloque que primero concluiríamos esta semana con la elección de magistrados de Salas de Apelaciones, que es lo que estaba pendiente de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y luego íbamos a pasar a aprobar el presupuesto. En la sesión de esta madrugada (miércoles 22 de noviembre) lo último que se aprobó fue el presupuesto del Congreso específicamente, que era un acuerdo legislativo y ya no se conoció el presupuesto de ingresos y egresos del Estado.
¿Mañana (este jueves 23 de noviembre) podría empezarse la primera lectura?
Sí. Mañana es un día importante porque dentro de la agenda del Congreso está el primer debate del presupuesto y hay rumores que se quiere aprobar de emergencia nacional, lo cual sería problemático porque los diputados y diputadas están conscientes de que este presupuesto, que es el dictamen que salió de la Comisión de Finanzas, podría complicar muchísimo la ejecución del próximo gobierno. También hay rumores, que han estado ofreciendo dinero para la aprobación. Eso afectaría la capacidad del Ejecutivo para llevar obras a los diferentes distritos y dar resultados al pueblo de Guatemala.
Habla de una aprobación de urgencia nacional, pero para eso se necesitarían 107votos. ¿Cree que la alianza oficial tiene esos votos?
En realidad no hemos visto ahora votaciones de urgencia nacional que pasen de 107 votos y, yo creo que este tema del presupuesto ha generado algún debate entre los diputados de varios partidos políticos, que lo que están viendo es que sí es un presupuesto complicado de ejecutar, que tiene varios candados, que incluso tiene asignado, por ejemplo, que una empresa debería ejecutar tal obra y en tal lugar. Lo cual puede ser ilegal. Entonces, no creo que los diputados quieran asumir el costo de hacer esto y, más bien, estoy confiado en que están pensando en cómo tener condiciones óptimas de gobernabilidad para el inicio del próximo gobierno.
#AlertaCongreso 🚨 Samuel Pérez: “El mejor escenario es que el presupuesto quede vigente, sea el que está”
👉🏽El diputado explicó que uno de los mejores escenarios para el próximo gobierno es que el presupuesto que está vigente quede aprobado, y por otro lado, aseguró que de… pic.twitter.com/VfmKXeFmTK
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¿Qué es lo que más les preocupa del proyecto presupuestario?
En realidad amarra mucho las manos del ejecutivo. Le complicaría hacer readecuaciones presupuestarias. Hay algunos artículos que lo que hacen es que el Ejecutivo le pida permiso al Congreso. Por ejemplo, si quiere hacer una reasignación de recursos de un programa a otro o de un Ministerio a otro, para cumplir con las prioridades de política pública. Hay por ejemplo unas oenegés que se incluyen y ni siquiera están en el registro o que nunca han ejecutado política pública. Por lo tanto, no podemos simplemente confiar en su capacidad de ejecución. Eso complicaría esos temas, entre otros problemas de montos, que van en donde no deberían ser priorizados como algunos temas relacionados con Consejos de Desarrollo, entre otras cosas.
En este gobierno se habló que se destinaron Q8 millones para el voto para los alcaldes. ¿En este caso también se está dejando dinero para favorecerlos el próximo año?
Sí. Aunque en realidad yo veo que sí hay un compromiso fuerte de parte del gobierno actual con los alcaldes que van para afuera, pero no necesariamente con los alcaldes que van a ingresar el 15 de enero. Sin embargo, sí dejan un rubro, que es el del Concejo de Desarrollo donde los alcaldes pueden ejecutar algunas obras, que pueden ser como una especie de recompensa de parte de la Comisión de Finanzas actual hacia los nuevos alcaldes.
¿Qué estaría proponiendo la bancada de Semilla si el presupuesto no se aprueba antes del 30 de noviembre?
Idealmente cualquier presupuesto que se termine aprobando o que quede vigente para el próximo año, siempre y cuando no sea el que salió de la Comisión de Finanzas, es algo con el que el Ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera van a poder trabajar bien. Ya sea que se entre a discutir y logremos presentar enmiendas que eliminen todos estos candados, inconsistencias técnicas e ilegalidades, lo cual sería un poco complicado en términos políticos, porque habría que presentar una enmienda tras otra y tratar de aprobarlas o simplemente no aprobar el presupuesto que se está proponiendo por parte de la Comisión de Finanzas y que quede vigente el actual. Con ese se puede trabajar, aunque es menos dinero, pero creo que es ideal que sea así porque además tiene menos candados que le amarran las manos al presidente electo.
Entonces, este es uno de los escenarios que se podría estar presentando y sería mejor el presupuesto actual.
Sí. Con ese se puede trabajar mucho mejor y con el nuevo Congreso se pueden plantear reformas y readecuaciones. Se pueden priorizar los otros temas que no están incluidos en el presupuesto vigente, porque ahí van incluso algunos temas que ya no son prioritarios pero que se pueden readecuar mucho más fácil que si se aprobara el que aprobó la Comisión de Finanzas para el 2024.
¿Qué otro tipo de candados hay?
Por ejemplo, hay algunas cosas que prácticamente obligan a los ministros a tener que estar constantemente en el Congreso. Por ejemplo, les dan un plazo de 30 días para que rindan un informe, si ejecutaron o no algunas obras que amarraron de una vez en el presupuesto y que realmente no son prioridad para el próximo Ejecutivo, sino de los diputados salientes y que simplemente lo dejaron como un candado. Eso también es ilegal, porque hay tiempos establecidos para que los ministros puedan rendir cuentas sobre la ejecución del presupuesto bajo ciertos parámetros técnicos. Esto sale complemente del esquema de la legalidad, más bien amarra a los ministros a tener que estar subordinados al Congreso lo cual, además de ser ilegal, complejiza mucho la ejecución de políticas públicas.
#AlertaCongreso 🚨Samuel Pérez: "Un presupuesto así podría meter en problemas no al próximo Gobierno sino al país"
👉🏽El diputado explica que de aprobarse el presupuesto actual "es imposible" desarrollar la infraestructura del país como carreteras, construcción de institutos o… pic.twitter.com/K7AqI0uJyh
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¿Eso es con todos los ministros?
Con todos los ministros. Pero mi intuición es que van a priorizar el Ministerio de Comunicación e Infraestructura, que es lo que regular y tradicionalmente ven los diputados como un espacio donde más fácil pueden llevar obras para sus departamentos y municipios. O, por ejemplo, los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social. Hay otros que no les parece prioritarios como el de Economía, Trabajo y el mismo ministerio de Finanzas Públicas.
¿Hay reprogramación de préstamos?
Por ejemplo, hay reprogramación de préstamos y, si el Ejecutivo se encuentra con la posibilidad de hacer una negoción para que los préstamos salgan mucho más baratos de los que actualmente va a dejar el Gobierno saliente, (el gobierno de Arévalo) tendría que ir al Congreso a pedir permiso, negociar y casi que está extorsionado y subordinado a este, lo cual no suele pasar. Si el Ejecutivo actual encontrara, por ejemplo, una oportunidad para negociar un préstamo con una taza de interés más bajo no necesita ir al Congreso para pedir permiso. Esto también está fuera de la legalidad.
¿Prácticamente la ejecución desde finanzas está amarrada?
Desde finanzas y prácticamente todos los ministerios. Eso es lo que pareciera que quieren hacer los diputados de la Comisión de Finanzas que votaron por este dictamen, tener subordinados a los próximos ministros y ministras y tratar básicamente de tener el control de la obra y la política pública desde el Congreso y no desde el Ejecutivo que es en donde corresponde.
Los ministerios prioritarios como Salud, Educación y Seguridad, ¿cuánto presupuesto menos tienen?
Sé que seguridad, específicamente Gobernación, tenía Q 1 mil millones menos de lo que estábamos buscando priorizar, porque en realidad el tema de seguridad es profundo y estructural. Reducían dinero a Educación y Salud también de acuerdo a lo que nosotros nos hubiese gustado ver en el presupuesto, pero el problema no es tanto los montos, porque se pueden readecuar y se pueden dar resultados con montos incluso más bajos de los que nos gustarían. El problema es la incapacidad de ejecución y los candados que está dejando este presupuesto que salió de la comisión de finanzas.
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¿Cómo estarían dando respuesta a su plan de trabajo si no tienen todos estos recursos?
Hay algunos temas que van a iniciarse ahora, pero que no necesariamente necesitan una ejecución altísima. Por ejemplo, el metro subterráneo. Eso es algo que ya está planificado y se han estimado algunos costos, pero no se va a construir el primer año, sino que el primer año se tiene que hacer los estudios de inversión, la capacidad del suelo para el movimiento. Entonces, eso se podría reducir en cuanto al monto inicial y en el tercer o cuarto año cuando ya se inicie la construcción del primer tramo se puede hacer una readaptación del presupuesto. Pero sí se podría con montos menores.
En este momento, ¿cómo ven la correlación de las fuerzas en el Congreso?
Hay varios diputados y diputadas que no tienen intención en este momento de seguir con la dinámica de desgaste que hemos visto durante los últimos cuatro años. Creo que tuvieron una lectura adecuada sobre lo que el pueblo de Guatemala expresó en las urnas y, precisamente por eso, creo que ya no está tan fuerte la incidencia de actores tradicionales dentro del Congreso. Los diputados han tenido votos un poco más autónomos y eso es positivo para Guatemala e inesperado. Pero creo que es un buen mensaje.
Entonces, ¿cómo se lee la elección de la Corte Suprema de Justicia?
Eso es algo que veníamos pidiendo desde las bancadas de oposición desde hace cuatro años que estamos en el Congreso. Fue una orden de la Corte de Constitucionalidad. De no haber sido eso, me imagino que los diputados del oficialismo hubiesen seguido agendando como último punto la elección de los magistrados. La Corte de Constitucionalidad obligó a los diputados e incluso predefinió el método de elección, la forma de votación, el listado ya estaba definido. Así que ahí no había mucho más que hacer, pero sí daba un plazo y tenía que concluir el último día de noviembre con la capacidad de extenderlo hasta el 15 de diciembre.
¿Han platicado con las demás bancadas para ver si reciben algún apoyo o enmienda para presentar al proyecto de presupuesto?
Hemos platicado con algunos diputados y diputadas. Veo una sensación generalizada de desinterés por aprobar este presupuesto. Sin embargo, hay que terminar de ver qué pasa en estas últimas sesiones del Congreso, porque todavía queda mañana (este jueves 23 de noviembre) y quedan un par de sesiones la próxima semana. Pero creo que hay conciencia de que un presupuesto así podría meter en problemas, no al próximo gobierno, sino al país y en general al desarrollo y la capacidad de poder dar resultados para los mismos diputados distritales. Con este presupuesto, así como está, es imposible que se gestione la construcción de los nuevos institutos de educación, los centros de salud, las carreteras y caminos rurales, política social. Entonces, creo que hay una conciencia importante.
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¿A quién le conviene la aprobación del presupuesto enviado por la comisión de finanzas?
Básicamente a algunos diputados que ya no se reeligieron. Algunos de ellos están en la Comisión de Finanzas y votaron a favor de este dictamen. De ahí, probablemente a algunos actores que han estado financiando los votos de diputados, que vienen del Ejecutivo, con el objetivo de entorpecer al próximo gobierno.
Nos podría explicar qué fue lo que pasó con la discusión del presupuesto en la Comisión de Finanzas
Fue un tema muy complejo. En estos cuatro años he sido delegado de mi bancada ante la Comisión de Finanzas y regularmente los primeros dos años llegaba, planteaba mis puntos, aunque no tenía votos suficientes para hacerlos valer, pero siempre había una relación democrática dentro de lo que cabe. Sin embargo, en los últimos dos años y, especialmente este año, fue un descaro la forma en la que la comisión aprobó el dictamen, porque nunca lo leyeron.
El dictamen del presupuesto, donde metieron todos estos candados que entorpecen la ejecución del Ejecutivo del próximo gobierno, tiene más de 70 páginas, leyeron tres, y de una vez entraron a votar sin discutirlo. No nos pasaron copia. Nunca tuve acceso al dictamen por la vía oficial. Pedí la palabra para que nos dieran una semana más para por lo menor leer el dictamen, pero perdí esa votación, solo yo voté a favor de eso. Finalmente llamaron a votación para el dictamen, lo aprobaron y solo yo voté y de una vez lo mandaron para el pleno. Tuvimos la suerte, diría yo, que la Corte de Constitucionalidad obligó al Congreso a elegir diputados y eso ocupó buena parte de la agenda. Sino probablemente ya hubiesen aprobado el presupuesto o lo hubiesen intentado.
¿Les va a permitir hacer adecuaciones al presupuesto el nuevo Congreso?
Creo que el próximo Congreso, por lo menos en lo que hemos percibido, tiene interés de empezar a construir algún tipo de condiciones de gobernabilidad y eso nos permitirá actuar, por ejemplo, en una readecuación si fuera necesaria con el próximo Congreso. Con una discusión más amplia y técnica, donde podamos hablar sobre qué proyectos están en el plan de gobierno que puedan ir a diferentes distritos en donde podamos tener apoyo de los diputados y diputadas distritales, pero bajo otra lógica. Ya no bajo la lógica de la extorsión, ni del chantaje ni de las amenazas y por supuesto que no sea bajo términos de corrupción.
¿Qué escenarios tienen han contemplado sobre la cancelación de la personalidad jurídica del partido Semilla?
Según la Junta Directiva, tenemos bancada todavía. Hace algunos meses, el Registro de Ciudadanos mandó a decir por orden completamente ilegal del juez (Fredy) Orellana que no teníamos partido y que la bancada no existía en el Congreso. Sin embargo, en esta ocasión es distinto porque la Junta Directiva reconoció que todavía hay recursos pendientes de resolver y eso impide que la suspensión del partido cobre vigencia. Nosotros presentamos apelaciones, incluso hay una inconstitucionalidad que está pendiente de resolverse. Por lo menos la apelación evita que la suspensión entre en vigencia y sigamos teniendo partido y bancada.
Para la próxima legislatura, ¿ven un escenario en el que puedan mantense como bancada?
Es posible manejarlo porque no serán los mismos actores políticos que tienen objetivos de tumbarse al partido únicamente. Aunque esto es muy temprano para decirlo. Todavía tenemos que tener conversaciones con otros bloques legislativos, pero por el momento vemos un escenario que sería mucho más fácil manejarlo, que con la actual legislatura.
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